Karen Elena Cereceda Ramos

El robo de cables de cobre, un delito que impacta gravemente a la Región de Antofagasta, pone en evidencia la fragilidad de las infraestructuras eléctricas frente a la actividad del crimen organizado. De acuerdo a datos de CGE, empresa a cargo de la electricidad en esta región, son 37 mil metros de cables que ya han sido robados en esta zona.

Este fenómeno no solo afecta el suministro eléctrico, sino que también genera un daño profundo en la calidad de vida de las comunidades más aisladas de la región, como Sierra Gorda, Chiu-Chiu, Lasana o Baquedano, dejando en el aire preguntas sobre la eficacia de las políticas públicas. y la responsabilidad de las empresas privadas en la prevención de este tipo de delitos.

Parlamentarios

En medio de este escenario, distintas voces de la región han enfatizado la necesidad de acciones inmediatas y coordinadas, entre ellas los parlamentarios, senadores y diputados.

El senador independiente, Pedro Araya reconoció los esfuerzos de la Fiscalía y de las policías, pero insistió en que se requieren medidas preventivas más robustas. "Es necesaria una mejor vigilancia y algún tipo de inversión para proteger, por ejemplo, los tendidos eléctricos emplazados en zonas desérticas con bajo tránsito de personas. Sabemos que existen bandas que roban estos tendidos de cable de cobre, lo que perjudica gravemente a nuestros vecinos de localidades como Chiu Chiu y Sierra Gorda", comentó.

Araya planteó que las empresas distribuidoras deben asumir un rol más activo en la seguridad de las líneas eléctricas, sugiriendo la implementación de tecnologías como televigilancia. "Es una tarea que no solo debe recaer en el Estado, sino también en los privados. Hay que buscar con creatividad una mejor protección", afirmó el parlamentario.

Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro hizo una comparación entre este delito y el robo de madera en el sur del país, destacando la necesidad de una legislación específica.

"El robo de cobre es tan grave como el robo de madera. Ya hemos legislado al respecto y, del mismo modo, es justo que hagamos lo mismo con este otro tipo de delito, que además implica dejar sin luz a la población. Por este motivo, presentamos hace tiempo un proyecto de ley que debería estar avanzando, y esperamos que el Gobierno le otorgue la urgencia necesaria", señaló.

Crimen organizado

La diputada por la región del Partido Social Cristiano (PSC), Yovana Ahumada fue enfática al vincular estos robos con redes de crimen organizado. Según explicó, no se trata de un delito aislado, sino de un sistema estructurado con un claro modus operandi. "Esto no es un simple robo. Estamos hablando de kilómetros de cable que son sustraídos de manera sistemática y terminan en un mercado negro. Aquí hay crimen organizado y un tráfico de materiales que no se está abordando de manera suficiente", advirtió.

Ahumada también destacó el impacto directo que estas actividades tienen en la vida cotidiana de los habitantes, especialmente de aquellas localidades que por segunda vez sufren cortes eléctricos debido a este tipo de delitos. "El daño no es material solo; también hay una afectación emocional y social en nuestras comunidades, y esto no puede seguir normalizándose", agregó.

Legislación más dura

La senadora RN, Paulina Núñez coincidió en la necesidad de soportar las penas asociadas a este delito. "Robar 5 mil metros de cable de cobre eléctrico no es algo casual; es un crimen organizado que requiere planificación y recursos. Es fundamental contar con una legislación robusta que sea más dura frente a este tipo de delitos", sostuvo.

Núñez también alertó sobre el posible uso de los recursos obtenidos por este tipo de robos para financiar otras actividades ilícitas en el norte del país, un escenario que considera preocupante y que requiere atención inmediata.

El diputado independiente, Sebastián Videla, dijo que "es importante tipificar con un delito mayor el robo de cobre, algo que sucede en el norte hace bastante tiempo. Hemos sido parte de varias iniciativas legislativas. Hay una que está en el Senado y fue aprobada. Ahora comienza con indicaciones. Por lo tanto, más allá de ese proyecto que es importante, es muy relevante que la Fiscalía investigue estas bandas como lo ha hecho en el último tiempo".

En tanto, criticó la disminución de recursos asignados a la Fiscalía y al Ministerio Público, advirtiendo que esto dificulta la investigación de estas bandas. "El Gobierno ha descontado 7 mil millones de pesos a la Fiscalía. Espero que esta decisión sea revertida, porque es esencial fortalecer a las instituciones encargadas de combatir estos delitos", expresó.

Propuestas

En la misma línea, la diputada Catalina Pérez resaltó la importancia de avanzar en iniciativas legislativas que ayuden a combatir este fenómeno. "Hace algunos meses presentó un proyecto de ley para reforzar la obligación de las empresas de retirar los cables en desuso, que se transforman en un verdadero botón para los delincuentes. Es fundamental que estas propuestas se tramiten con urgencia para garantizar el bienestar de nuestras comunidades", indicó.

Pérez destacó que los robos no solo generan cortes eléctricas, sino también accidentes graves en las ciudades, por lo que es imperativo que las legislativas sean medidas acompañadas por acciones concretas de las autoridades locales y las empresas distribuidoras.

El diputado Jaime Araya calificó como "muy grave" la situación que afecta a localidades como Sierra Gorda y Baquedano. "Esto debe ser enfrentado con un plan de fiscalización robusto que incluya el uso de televigilancia y drones, especialmente en las zonas más alejadas donde no es posible contar con presencia policial permanente. Las bandas organizadas que operan en estos lugares deben ser desarticuladas para evitar que continúen causando daño a la comunidad", manifestó.

En esta misma línea, el senador de la FRVS, Esteban Velásquez sugirió emplear inteligencia policial e investigaciones especializadas para combatir este delito y perseguir tanto a los responsables directos como a quienes compran el material sustraído. "Es muy probable que este cobre esté siendo exportado ilegalmente. Las empresas distribuidoras también deben invertir en mejores tecnologías para evitar estos robos que afectan directamente a las familias de nuestra región", señaló.

"Es una tarea que no solo debe recaer en el Estado, sino también en los privados. Hay que buscar con creatividad una mejor protección".

Pedro Araya, Senador independiente

"Presentamos hace tiempo un proyecto de ley que debería estar avanzando, y esperamos que el Gobierno le otorgue la urgencia necesaria".

José Miguel Castro, Diputado RN

"Aquí hay crimen organizado y un tráfico de materiales que no se está abordando de manera suficiente".

Yovana Ahumada, Diputada PSC

"Robar 5 mil metros de cable de cobre eléctrico no es algo casual; es un crimen organizado que requiere planificación y recursos".

Paulina Núñez, Senadora RN

"Es esencial fortalecer a las instituciones encargadas de combatir estos delitos".

Sebastián Videla, Diputado independiente

"Es fundamental que estas propuestas se tramiten con urgencia para garantizar el bienestar de nuestras comunidades".

Catalina Pérez, Diputada

"Esto debe ser enfrentado con un plan de fiscalización robusto que incluya el uso de televigilancia y drones".

Jaime Araya, Diputado independiente

"Es muy probable que este cobre esté siendo exportado ilegalmente".

Esteban Velásquez, Senador FRVS