En 2025, la región de Antofagasta recibirá más de $134 mil millones para inversión, un monto significativo al que se suman los ingresos derivados del litio. Sin embargo, el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria de 2024, con un 51,3% de los $92 mil millones disponibles utilizados hasta noviembre, plantea serias dudas sobre la capacidad de la región para gestionar sus recursos. Esta cifra está por debajo del promedio nacional del 59,9% y marca un retroceso en comparación con el 74,9% alcanzado en el mismo periodo de 2023. Distintas voces atribuyen el bajo rendimiento a factores estructurales y administrativos. El consejero regional Víctor Guzmán destaca problemas con la aprobación de proyectos, como el caso del avión de Carabineros, que enfrentó trabas en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Guzmán también señala que grandes proyectos, como hospitales y el Corredor Bioceánico, están avanzando, pero su ejecución plena se espera para 2025.

Sin embargo, el hecho de que la región esté por debajo del promedio nacional refleja fallas en los procesos de ejecución, lo que impacta directamente en la implementación de proyectos clave para el desarrollo regional.

La región de Antofagasta tiene la oportunidad de revertir esta tendencia en 2025. Los recursos están disponibles, y proyectos fundamentales como los hospitales de Taltal, Mejillones y San Pedro de Atacama, además del oncológico de Calama, podrían materializarse si se superan los problemas administrativos. La clave estará en mejorar la coordinación entre los distintos actores y simplificar los procesos burocráticos. El desafío es claro: transformar la riqueza disponible en proyectos concretos que beneficien a las comunidades locales y promuevan el progreso de la región.

Una persona joven se matricula en primer año en una institución de educación superior, pero días después se arrepiente de su decisión y se inscribe para ser estudiante de otra casa de estudios. Pese a firmar los documentos de matrícula y pagar ciertos montos de dinero, lo asiste un derecho: el derecho a retracto.

La Ley del Consumidor (LPC) establece que quienes ingresan a primer año de una carrera de pregrado, ya sea en una universidad, centro de formación técnica (CFT) o instituto profesional (IP), que se hayan matriculado en otra institución y que quieran cambiarse, puedan hacerlo luego de conocer los resultados de las postulaciones a las instituciones que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior.

Este derecho nació para resguardar a los estudiantes que se matriculan para asegurar un cupo, sin contar con toda la información de las postulaciones. La idea es que, una vez conocidos los resultados, puedan evaluar en conciencia y elegir la mejor alternativa. Es un derecho relevante porque las y los estudiantes se juegan su futuro laboral y es una decisión de largo plazo.

Por lo tanto, no es aceptable que en la educación superior se indique, por ejemplo, que el dinero se devuelva en tres meses más. Eso deben tenerlo muy claro no sólo quienes estudiarán, sino que también sus familias para que ejerzan este derecho.

A partir del pasado martes 21 y hasta el próximo jueves 30 de enero, las y los estudiantes que ingresan a primer año de la educación superior, tendrán plazo para poder ejercer el derecho a retracto, el cual les permite desistir de algún contrato firmado previamente con otra institución educacional.

Este derecho corre tanto para quienes se matricularon antes de conocer los resultados de las postulaciones, como para quienes lo hicieron durante el primer proceso y prefieren la institución en la que quedaron asignados durante la segunda etapa.

Por ello, es muy importante que las y los estudiantes que ingresan a su primer año de universidad, sepan cómo ejercer este derecho. El primer paso es presentar el comprobante de la segunda matrícula ante la institución con la que originalmente se contrató.

Se debe acompañar idealmente con una carta, en la que se manifiesta que se quiere ejercer el derecho a retracto donde quede bien clara la fecha. El formato de esta carta puede ser descargada en www.sernac.cl/retracto o www.sesuperior/retracto.

Luego, solicitar a la institución que timbre o firme una copia de la carta de manera que quede constancia de la fecha en la que se hizo efectivo el derecho, por si hay problemas posteriores. Si luego de transcurridos 10 días corridos de este trámite, no se ha recibido la devolución del dinero o la confirmación de la disolución del contrato, es una infracción.

Las instituciones de educación superior están obligadas a respetar este derecho, lo que significa que deben devolver lo pagado y los documentos, en un plazo de 10 días desde que se ejerció el retracto. No corresponde que, por ejemplo, se les diga a los jóvenes que "la plata se devuelve en marzo".

Si alguna institución no respeta este derecho, los estudiantes pueden presentar el reclamo ante SERNAC en www.sernac.cl o llamando al teléfono 800 700 100; o bien directamente en la plataforma de reclamos y denuncias de la SES disponible en www.sesuperior.cl.