Luis Varela, director del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la U. de Antofagasta, explica que la diputada Pérez aún cuenta con la carta de acudir a la Corte Suprema dentro del plazo respectivo. ¿Qué podría ocurrir? El también profesor de Derecho Penal afirma que, "pese que la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió por la unanimidad de su pleno el desafuero de la señora Pérez, luego dicha sentencia no estará firme hasta que sea confirmada por la Corte Suprema".

En todo caso, Gustavo Balmaceda, abogado penalista y académico de la U. Finis Terrae, afirma que es posible, pero improbable, "que la Corte Suprema emita un fallo distinto al de la Corte de Apelaciones, incluso cuando este haya sido unánime. La Corte Suprema realiza un análisis independiente de los antecedentes y puede llegar a conclusiones diferentes si considera que se han infringido normas sustantivas o procesales en el fallo previo. Sin embargo, la unanimidad del fallo original otorga un peso significativo al análisis inicial, lo que dificulta que se revierta".

Por su parte, Francisco Narváez, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago, precisa que el escenario que surge tras la aprobación al desafuero de la parlamentaria es favorable, ya que fue unánime. "Además, la Corte señaló expresamente que existen antecedentes e indicios de participación de Catalina Pérez durante el proceso de elaboración de los contratos, y de las transferencias hacia Democracia Vida y a las fundaciones, ya sea previo a la celebración de los contratos, durante la celebración y después para proceder al ocultamiento del traspaso de esos fondos".

Luis Varela sentencia que, si la Suprema confirma el desafuero, la diputada Pérez quedará suspendida de su ejercicio en el Congreso. "En el plano procesal, el Ministerio Público podrá someterla a investigación y solicitar medidas cautelares personales o reales contra su persona y patrimonio, como con cualquier ciudadano sometido a proceso penal", detalla.

Coincide Balmaceda, y añade que "el desafuero no implica culpabilidad, sino que permite que la parlamentaria sea tratada como cualquier ciudadano ante la justicia penal". Ahora, si la Suprema rechaza el desafuero, "el proceso penal quedaría paralizado mientras mantenga su fuero parlamentario".

El académico de la U. Finis Terrae menciona también que, si efectivamente se llega a una sentencia condenatoria, "las consecuencias dependerán de la naturaleza del delito y de la pena impuesta. Entre las posibles repercusiones están: Pérdida del cargo público, si se impone una pena aflictiva (privativa de libertad superior a 3 años y 1 día) o si el delito conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos; cumplimiento efectivo de penas, en caso de condena privativa de libertad, esta deberá cumplirse según lo dispuesto por el tribunal. En términos políticos, una condena podría también derivar en sanciones adicionales como pérdida de derechos políticos o impacto en su reputación pública".

Con todo, el académico de la Usach sentencia que "el escenario más desfavorable para Catalina Pérez sería que la Corte Suprema confirme el desafuero. La Fiscalía presente la formalización de la investigación por el delito. Que el delito base, a mi entender, sería fraude al fisco, probablemente con asociación ilícita por parte de los demás involucrados. Y una vez lograda esa formalización, Catalina Pérez pueda quedar con alguna medida cautelar personal del proceso penal, ya sea el arraigo o la más gravosa de todas, que es la prisión preventiva".

Tras la lectura de los fundamentos de la sentencia de la Corte de Apelaciones con los que acogió la solicitud de desafuero en contra de la diputada Catalina Pérez, lo esperable ocurrió. Su defensa anunció que acudirán a la Corte Suprema para revertir el complejo panorama judicial de la parlamentaria, acusada por la Fiscalía y el CDE en la arista "Democracia Viva", en el "Caso Convenios".

Ayer, por escrito, los abogados Gonzalo Medina y Sebastián del Pozzo reiteraron que "el fallo no contiene argumentos sólidos que justifiquen su decisión". La defensa subrayó que la propia investigación del Ministerio Público "dan cuenta de la nula participación de la diputada en la adjudicación de los convenios. Los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamenta su solicitud, y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurrida en septiembre y octubre de 2022".

A lo anterior, añadieron que "el informe pericial contable de todas sus cuentas bancarias revela que la diputada Catalina Pérez no recibió un solo peso de estos convenios, y todos los testigos que han declarado en la investigación coinciden en que la diputada no tuvo ninguna participación en su asignación".

Bajo esa visión, la defensa subrayó que "en ningún caso el fallo referido afirma la responsabilidad de nuestra representada en los hechos, y tampoco su participación, la que refiere en términos únicamente potenciales y eventuales". Por lo mismo, detallaron que "no compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema".

"De su análisis, resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación. Estamos convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero y confiamos en que la Corte Suprema acogerá nuestros argumentos", concluyeron.

Conformes

Desde el Ministerio Público, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones deja conforme al Ministerio Público, al reconocer que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud.

"El tribunal, sobre la base de dejar muy en claro que no se puede pronunciar sobre el fondo del asunto, es decir, resolver sobre la culpabilidad o no de la persona que está siendo desaforada, entendió, como lo ha entendido respecto de otras situaciones de la misma causa (…) que existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza", sostuvo el fiscal.

Ahora, el Ministerio Público esperará la eventual apelación de la defensa, algo que debería ocurrir en los próximos cinco días.