De todos los centros penitenciarios, el único que no experimenta un colapso preocupante es el de Antofagasta. Pero no significa que no esté al límite de su capacidad. Lo está. Al 31 de diciembre del 2024, en el recinto hay 1.389 internos, pero su límite es de 1.367. Es decir, hay un 101,6% de ocupación.

En efecto, el resto de los inmuebles está por sobre el 200% de ocupación. El caso más crítico es el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Taltal. Si su capacidad óptima es para 32 reclusos, actualmente se encuentra con un 371,9%, al contar con 119 personas en su interior. Con esto se posiciona como la cárcel más colapsada a nivel país, seguida del centro penitenciario de Copiapó (327,7%) y el CDP de Tocopilla (288,8%).

El CDP de Calama también está más allá del límite. A fines del año pasado, el lugar estaba con un 248% de uso, con 734 reclusos, pero con capacidad máxima para 296 (ver gráfico).

En general, la Región de Antofagasta está con un 154% de uso. Y si bien no es la zona que está en peor situación (Atacama es la región más crítica, con 239,7%), sí está por sobre el promedio nacional, que alcanza el 139,1%..

No obstante, la región sí ha experimentado un alza considerable como zona. En enero del 2023 había una ocupación del 114,8%, con 2.307 personas. En casi dos años, la población penal subió un 34%.

Cárceles añosas y poca inversión

Marcelo Meneses, presidente de la Anfup Provincial Antofagasta, relata que como gremio se han visto "sumamente perjudicado con la sobrepoblación", dado a que en los recintos penitenciarios "se está viviendo un hacinamiento", y que los mismos inmuebles "no cumplen las medidas de seguridad, son muy añosas, se ha invertido poca plata".

Otro punto que recalca Meneses es la falta de funcionarios, "sobre todo en la zona norte. Es una zona de sacrificio. Casi todos son de otras regiones. Los envían a Antofagasta cuando los muchachos salen recién de la escuela, con 17, 18, 19 años. Si bien es cierto Gendarmería se reserva los derechos de poder mandar a cualquier funcionario donde ellos estimen conveniente, nosotros como propuesta hemos planteado generar una escuela, como está la de formación de carabineros acá en Antofagasta, para que todos los postulantes de la zona norte se queden acá, se vayan repartiendo y no estén tan lejos de su hogar, y no estén trayendo niños del sur. Eso afecta psicológicamente la salud mental de los muchachos".

Contexto que, en todo caso, afecta también a funcionarios más antiguos. Sobre esto, el representante gremial advierte que los trabajadores de más años "se ven sobrepasados. El nivel de funcionarios acá en cuanto a dotación es súper bajo", en comparación al nivel de población penal.

Faltan políticas

Para el diputado José Miguel Castro (RN), "los números son sumamente claros. La situación de las cárceles se ha agudizado en este Gobierno". Esto, asegura, "porque no han tenido claridad en políticas para poder solucionar el tema, como la creación de cárceles. No se ha visto ni siquiera una piedra para la generación de nuevas cárceles, que obviamente es un problema a nivel nacional, pero con mayor agudización a nivel regional".

"Por otro lado, no se ha tomado en cuenta algo que es fundamental, que es la expulsión de personas que podrían perfectamente salir de estas cárceles", añade el parlamentario. Fundamenta que, "simplemente es 'echar hacia adentro' y lo que están produciendo es que las mafias se estén organizando dentro de estas cárceles, y hoy en día las cárceles son prácticamente tierra de nadie, donde hemos visto que, en otras partes del país, los reos se ejecuten unos a otros".

Su par, Yovana Ahumada (PSC), asegura que, "de acuerdo con la información que tengo, es que se va a levantar una ampliación en la cárcel de Antofagasta. También se va a trabajar en la cárcel de mujeres, se viene la nueva cárcel de Calama". No obstante, argumenta que "no solo es infraestructura (lo que falta), sino que además deben estar las condiciones de Gendarmería acorde a las necesidades y a la sobrepoblación penitenciaria que hoy tenemos, además de la nueva realidad que se está viendo".

En esa línea, la diputada Ahumada reitera que "obviamente no es la misma situación, y es por eso que deben estar las condiciones para que Gendarmería pueda realizar su trabajo, que estén las condiciones de seguridad y el número de gendarmes acorde a la realidad de la población penitenciaria".

El diputado Jaime Araya (ind. - PPD) recalca la urgencia de ampliar las plazas carcelarias de la región, "acelerando la habilitación de los penales existentes, pero también poniendo como urgencia la construcción de la cárcel de Calama". En ese sentido, el parlamentario afirma que "nos encaminamos a una crisis estructural del sistema de persecución penal, pues el aumento de imputados privados de libertad es directamente proporcional al número y gravedad de delitos que se comenten en la región. Y nadie podría pensar que la solución va por el lado de rebajar los estándares de persecución penal para resolver el problema de la sobrepoblación. Esto debe ser una prioridad para el Gobierno".

Más violentos

Por su parte, el senador Pedro Araya (PPD) Araya fundamenta que, más allá del hacinamiento, la preocupación "tiene que ver con otra cosa, que es el tipo de la población penal. Porque actualmente ese mayor hacinamiento se ve reflejado con delincuentes que son mucho más violentos. No son el típico delincuente de hace 10, 15 años atrás que estaba preso por un robo. La gran mayoría de los que hoy día están presos por delitos violentos". En ese sentido, el senador Araya acota que "no se trata solo de que hay un hacinamiento penitenciario, sino tiene que ver también con el tipo de delincuente que está cumpliendo penas privativas de libertad o condenas de cárcel. Y eso demanda la necesidad de un plan urgente de cárceles para Chile. Con todo lo complejo que significa, porque que nadie quiere una cárcel en su comuna o en su barrio. Pero es necesario". Y a esto, añade que Gendarmería "ha ido quedando al debe en esta materia".