De forma unánime, los jueces de la Corte Suprema confirmaron el desafuero en contra de la diputada regional Catalina Pérez (ex FA), agotando de esta forma todas las instancias de apelación que tenía la parlamentaria para evitar ser formalizada en el "Caso Convenios", y en paralelo pavimentando la posibilidad al Ministerio Público de presentar cargos en contra de la otrora mujer fuerte del Frente Amplio en Antofagasta.

La audiencia empezó ayer a las 14:30 horas. Luego de que expusieran los intervinientes y un receso, cerca de las 17:20 horas la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, anunció lo definido por los integrantes del máximo tribunal: "Atendido el mérito de los antecedentes, y teniendo en consideración que las alegaciones vertidas, tanto en el recurso de apelación como en estrado, no desvirtúan lo que viene decidido, se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 20 de febrero de 2025, que dispuso a hacer lugar a la formación de causa en contra de la diputada señora Catalina Pérez Salinas".

La vocera, además, manifestó que la decisión fue adoptada por la "unanimidad de los integrantes del Tribunal Pleno".

En febrero, la Corte de Apelaciones acogió, también de forma unánime, la solicitud del Ministerio Público de desaforar a la parlamentaria, vinculada al "Caso Convenios", específicamente la causa matriz "Democracia Viva", en donde prácticamente la totalidad de los involucrados e imputados a la fecha pertenecían a su círculo estrecho.

Tras otro revés en tribunales, la defensa de la diputada Pérez manifestó, por escrito, que ahora su representada "ha sido desaforada" y que la decisión se hará efectiva "una vez que la Corte Suprema notifique a la Honorable Cámara de Diputados".

No obstante, la defensa, integrada por Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, reiteró que "este fallo no implica culpabilidad. Su consecuencia es que la diputada se ausentará de la Cámara y, en materia penal, como siempre lo ha hecho, seguirá colaborando en la investigación que lleva adelante la Fiscalía".

"Ratificamos nuestra convicción de que la diputada es inocente y que jamás ha cometido el delito de fraude al Fisco", afirmaron los abogados.

Audiencia de Formalización

Tras la audiencia, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó que, con este paso, "el Ministerio Público cumple el requisito de procesabilidad para avanzar en la formalización de la parlamentaria por los hechos investigados. Para ello, próximamente se solicitará la respectiva audiencia al Juzgado de Garantía de Antofagasta, ocasión en que la Fiscalía comunicará a doña Catalina Pérez los cargos por los cuales está siendo investigada, y solicitará medidas cautelares personales que correspondan".

Además, resaltó que "la sentencia fue comunicada de inmediato por los magistrados que integran el máximo tribunal y que, además, hubo unanimidad en el fallo confirmatorio. Lo que permite deducir que los elementos que la Fiscalía ha logrado reunir durante esta investigación, satisfacen plenamente los requisitos de la etapa en que nos encontramos y, por tanto, existe mérito para continuar con el proceso".

Los alegatos

El primero en tomar la palabra en la Suprema fue Medina, defensa de la diputada Pérez. partió afirmando que se ha presentado a la parlamentaria, "como si fuera algo así como - digámoslo en términos coloquiales- la jefa de la banda que se habría organizado para generar este sistema de comisión de delitos de fraude al fisco".

Y, en esa línea, el defensor de la congresista aseguró que dicha teoría de la parte persecutora no contaría con "antecedentes concretos" y que se basaría "en una gran especulación de antecedentes sacados de contextos" y de "mensajes sacados de contexto".

Medina también resaltó que la investigación de la causa Democracia Viva cuenta actualmente con 33 tomos de antecedentes, y afirmó que "no hay ninguna diligencia pendiente de mi representada".

Posteriormente fue turno del fiscal Cristián Aguilar. El persecutor reiteró los vínculos que tienen los acusados en esta causa con la parlamentaria: "No resulta baladí referirse a los vínculos que existen entre los imputados. Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo, militante del Partido Revolución Democrática, fue asesor y jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, entre el año 2020 y 2021. Daniel Andrade, pareja a la sazón de la comisión de los hechos en materia de esta solicitud de desafuero, de la honorable diputada Catalina Pérez. Y Paz Fuica, concejal a la sazón de la Municipalidad Antofagasta, encargada territorial de la diputada Catalina Pérez entre los años 2019 y 2021".

Del mismo modo, Aguilar citó los informes de la PDI sobre el celular de Pérez, en donde los análisis a las conversaciones por WhatsApp concluyen que "Daniel Andrade tenía una dependencia absoluta respecto de Catalina Pérez. Es decir, le consultaba todo, le consultaba dónde trabajar, cómo trabajar, dónde postulaba para trabajar. Le revisaba los correos electrónicos que tenía que enviar".

Bajo ese contexto, el persecutor apuntó a que esta evidencia indicaría que la diputada "estaba al tanto de todas las operaciones, gestiones, y actividades que Daniel Andrade efectuaba".

Además, el fiscal abordó los mensajes de texto que apuntarían al rol activo que tuvo Pérez, sobre todo cuando se destapó el caso, en donde la diputada habría tenido un rol activo para armar la respuesta para justificar los convenios, como también de las directrices para que se ambientara el domicilio que figuraba como matriz de la fundación para que pareciera una oficina.