Pablo Orellana G.

De acuerdo a datos entregados por la fundación Tierra de Esperanza, ONG que trabaja con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) en Calama, actualmente son 500 los menores y adolescentes que han sido víctimas de abusos y vulneración de derechos, y que están recibiendo atención y apoyo profesional.

Según la información de Tierra Esperanza, al mes de abril pasado, "el 67,6 por ciento de éstos corresponden a menores y adolescentes chilenos, y un 32 por ciento a extranjeros. Con 139 de nacionalidad boliviana, 15 venezolanos, y 7 colombianos. El resto corresponde a otras nacionalidades".

Rafael Mella, director ejecutivo de la fundación Tierra de Esperanza, comentó respecto del trabajo que se desarrolla en Calama, "trabajamos en cuatro líneas de intervención en Educación, Justicia Juvenil, Tratamiento de Adicciones, y una de Protección en ocho programas y 300 profesionales trabajando a nivel regional".

Actualmente son beneficiarios de los programas menores que van desde los recién nacidos y hasta los 18 años, y que dependiendo del caso reciben atención focalizada para cada caso por vulneración que es atendido en la fundación y el SPE en Calama.

El director de la fundación hizo énfasis "en la importancia que hoy deben tener menores y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, incluyendo violencia física, sexual y psicológica, para que puedan tener tratamientos oportunos, y que no generen daños aún peores en su formación. Es también preventivo y de acompañamiento. Es también sensibilizar a toda la comunidad".

Seminario

Ayer, y en el marco del seminario 'Desafío de legislación chilena para la protección de la niñez y la adolescencia', efectuado por Tierra de Esperanza en Calama, profesionales de la Defensoría de la Niñez, participaron y también abordaron la implementación local respecto de los cambios de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, desafíos y los riesgos que presenta la infancia a nivel local.

Pamela Meléndez, directora de Unidad de Estudios y Publicaciones y Estadísticas de la Defensoría de la Niñez, comentó al respecto que "como unidad de la Defensoría tenemos un rol de monitoreo a la implementación de estos cambios. Y hemos observado los reglamentos que deben operar la implementación de servicios. Y hemos identificando los desafíos. Uno de ellos es la Justicia Restaurativa, y que es un cambio de paradigma que trae la nueva Ley de Reinserción Social Juvenil que no sólo atiende con sanciones punitivas, sino con otras medidas por ejemplo, la reconstrucción del tejido social de niños y adolescentes víctimas, y también en la implementación de la mediación penal, y donde falta especialización de los funcionarios para poder generar una mediación efectiva y una vía real de mediación y sanción".

Alertas

Sobre la vulneración de derechos que presentan menores y adolescentes extranjeros en la zona, la directora de la Unidad de Protección y Representación Judicial de la Defensoría de la Niñez, Giannina Mondino, comentó que "esta zona tiene la complejidad de la alta migración, y hemos visto el fenómeno de migración de niñez y adolescencia no acompañada, o separada de su familia. Los niños que viajan solos o separados de sus familiares están expuestos a otros factores de riesgo, asociados a la trata de personas, la explotación sexual, y ahí el rol del estado también es clave para generar protección, y sin discriminación por nacionalidad".

Por otra parte la profesional comentó que "hay también cifras negras que hay que pesquisar porque mucha de la migración irregular por el norte y en especial Calama al tener una condición fronteriza, es precisamente el ingreso irregular no detectado que implica además la entrada de menores y adolescentes".

Crimen organizado

Otra alerta que analizó Mondino, "es que observamos mayor participación de menores en cierto tipo de delitos, y que son utilizados por el crimen organizado y asociaciones delictivas. Y que ven en ellos factores de protección que no existen. En el que no tienen un piso social de protección, en que en la etapa de desarrollo que se encuentran buscan lograr identidad en contextos muy complejos. Y hoy también están vinculados además, principalmente, a delitos por drogas y robos".

"Para nosotros estos es un tema relevante, y nos preocupa mucho que se utilicen a niños y adolescentes en la comisión de delitos por parte del crimen organizado. Y que se decida tomar medidas efectistas y no efectivas. Por ejemplo bajar a 12 años la responsabilidad penal de menores. Y creemos que ese no es el camino. El camino es proteger a nuestra infancia y brindar atención especializada en casos en que hay la comisión de un delito. Hoy existen las herramientas para ese trabajo", comentó al respecto Rafael Mella.

El profesional de la fundación dijo además que "dadas las condiciones y la situación migratoria hay también aumento de casos que requieren atención especializada y ese es también un desafío para la zona en general".

Otro de los desafíos para Calama es poder contar con infraestructura y personal del SPE, "para poder desarrollar trabajo no sólo en lo punitivo y lo relativo al trabajo con víctimas de abusos. Hoy también los menores son vulnerados en el medio ambiente, al no ser escuchados y a otros derechos que también los asisten. Y esa es una mirada que acá también se debe trabajar, y que es parte otros aspectos que inciden negativamente en niños y adolescentes", dijo Pamela Meléndez.

Los profesionales coincidieron también en que la comuna debe avanzar "en contar además con profesionales de la Salud, y que no son por ejemplo responsabilidad del SPE. El Estado ha estado ausente en su conjunto para brindar apoyo a las necesidades y requerimientos, también en avances en las listas de espera, y también en la agilización de planes y programas de ayuda que deban ser licitados tanto por el servicio y otros que vayan generando avances", dijo Pamela Meléndez.