En el Senado avanza el proyecto para sancionar el robo sistemático de cobre y otros minerales, que aprobó el primer trámite un proyecto de ley que modifica el Código Penal, estableciendo sanciones más severas para quienes sustraigan, transporten o comercialicen minerales y subproductos. El parlaentario Esteban Velásquez , autor de la iniciativa, señaló que "un acto de justicia con el norte productivo de Chile, como representante de una región donde efectivamente se ha exacerbado este tipo de delitos".

El proyecto introduce un nuevo en el Título Noveno del Código Penal, creando el delito específico de sustracción de minerales, el que será sancionado con penas aumentadas en un grado respecto de los delitos de robo y hurto comunes, además de multas que van de 100 a 200 unidades tributarias mensuales (UTM). También se establece el comiso obligatorio de vehículos, armas, herramientas o instrumentos utilizados en el delito.

Asimismo, se considera delito la tenencia injustificada de minerales en las formas mencionadas, con agravantes si el objetivo en la fundición o refundición. El uso de guías, certificados o formularios falsos para facilitar la comercialización será penado con presidio menor en su grado medio a máximo.

El proyecto también incorpora la sustracción de minerales al catálogo de delitos que pueden ser sancionados con mayor severidad por afectar redes de servicios públicos, incluyendo ahora expresamente las telecomunicaciones, transporte ferroviario y tecnologías de la información.

Condenan la actividad de kitesurf realizada por turistas en el salar de Aguas Calientes de la Reserva Nacional Los Flamencos en la comuna de San Pedro de Atacama, que se observa a través de un video subido a las redes sociales.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf), informó que se están estudiando los antecedentes para adoptar las medidas administrativas y judiciales frente a esta actividad incompatible en esta zona, la cual además está restringida al uso público.

Uno de los aspectos que destacó la directora de CONAF Región de Antofagasta, Anita María Huichaman, es que la Reserva Nacional Los Flamencos, se compone de siete sectores y se cuenta con un modelo de co-gestión con comunidades indígenas del territorio, donde trabaja participativamente en favor de la conservación de la biodiversidad y la visitación regulada. Señalando, que desde el año 2018, el Salar de Aguas Calientes I, al igual que el Salar de Tara, se encuentran cerrados para visitas turísticas, debido a que es un ecosistema altamente frágil, por la diversidad de fauna y su relación con la identidad del pueblo Lickanantay.

Es por ello, que esta medida de cierre, se ha mantenido hasta la fecha, evidenciándose un favorable aumento de diversas especies de fauna y poblaciones flamencos. Actualmente, Conaf junto a la comunidad de Toconao, llevan a cabo un programa de seguimiento arrojado interesantes resultados acerca de la restauración ecológica del sector por lo quel cumple una vital función como corredor biólogico y zona de amortiguamiento, lo cual puede verse gravemente afectado por la realización de esta actividad deportiva, incompatible.

En este mismo sentido, destacó la importancia de la denuncia realizada por redes sociales por parte de la comunidad atacameña de Toconao, lo que potencia el trabajo en conjunto que se viene realizando, especialmente para la conservación ecológica de este lugar. "Como Conaf Antofagasta somos enfáticos en condenar este tipo de actividades que se encuentran legal y expresamente prohibidas dentro de las áreas protegidas del Estado y hacemos un llamado a la ciudadanía al respeto de estos frágiles ecosistemas", recalcó Anita Huichaman.

Willy Briceño Romero

Durante la presente semana se procedió a retirar a los denominados "toldos azules" instalados en el paseo de calle Ramírez de Calama, tras una serie de reuniones que congregaron a los comerciantes con las autoridades comunales municipales en la búsqueda de consenso para despejar este espacio público en la ciudad.

Al respecto, se refirió el concejal Inti Alavia Moya, quien precisó que este cambio de ubicación de los comerciantes con permiso municipal desde el Paseo Ramírez a la Plaza 23 de Marzo contempla un período de marcha blanca de seis meses, donde evaluarán como se comporta la iniciativa que apunta a dejar libre el espacio que era ocupado por ellos.

"Para esto el municipio adquirió el compromiso de desarrollar un proyecto que considera la instalación de stands, los cuales tendrán una dimensión de tres por tres metros, y que deberían de estar disponibles para dentro de dos meses más", precisó al respecto, unificando criterios de cada uno de los locales, que permitan ordenar el comercio en este perímetro de la ciudad.

Seguridad ciudadana

Dentro de esta iniciativa, el edil, planteó que "también consideramos desarrollar un trabajo en el tema de seguridad ciudadana, con la colaboración de Carabineros y la Delegación Presidencial de la Provincia El Loa", ya que existe preocupación por parte de los comerciantes reubicados por la delincuencia que se registra en la plaza en horas de la tarde y noche.

El período de evaluación de marcha blanca, también considera el aspecto económico de los afectados con el cambio, donde aseguró que tampoco pretenden que esto vaya en desmedro de sus ingresos mensuales familiares.

Si bien, reconoció que con esta medida no se termina con el comercio irregular en el centro de la ciudad, donde reiteró que tienen que trabajar con los inspectores municipales y los representantes de todas las entidades e instituciones de la comuna en la búsqueda de soluciones definitivas para despejar las calles del casco histórico de Calama.

Mantienen ubicación

De igual manera, detalló que la reubicación afectó a los comerciantes denominados "toldos azules", que expendían sus productos en el Paseo Ramírez, entre Vivar y Abaroa, que no eran muchos, ya que aquellos que están instalados en la misma arteria, entre Vivar y Balmaceda continuarán sin ninguna modificación por el momento.

La razón, obedece, explicó que "son mujeres en su gran mayoría, que cuentan con una reglamentación diferente propuesta por tratarse de mini-pymes con permisos precarios", con autorización para funcionar en este espacio público de la capital de la provincia El Loa.

Cabe señalar que, también fueron retiradas las terrazas que eran ampliaciones de locales de alimentos al paso en calle Ramírez, que se instalaron con motivo de la pandemia por el coronavirus y continuaron funcionando mucho tiempo después de concluir la emergencia sanitaria decretada en el país.