Deporte

En los años 90 en Argentina el gobierno de Menem dijo una frase muy simbólica "estamos mal, pero vamos bien", y es que cuando vemos que las promesas políticas no alcanzan a dar respuestas -durante años- a las demandas sociales, los más afectados pueden inclusive ser los más pequeños.

Recientemente han pasado algunos hechos llamativos en la palestra política relacionadas directa o indirectamente con la salud de la población. La primera de ella son los datos entregados por el gobierno nacional sobre la encuesta de actividad física (ENAFD), que presenta un dato muy desolador, 8 de cada 10 estudiantes (el 78,4%) no cumple con lo mínimo recomendado por la OMS en base a las evidencias científicas, estos estudios se integran con las mediciones de Notas Globales de Actividad Física Infantil, donde Chile se encuentra un promedio de 3,3 en escala 1-7, evidenciando bajos niveles de cumplimiento; por lo tanto, podemos concluir que tenemos una muy alta proyección de adultos que padezcan enfermedades crónicas no transmisible o, con problemas de salud mental.

Por otro lado, hay un proyecto de Ley (que se introdujo el 2017) que propone que todos los establecimientos educacionales del país garanticen al menos 60 minutos diarios de actividad física, que pueden incluir clases de Educación Física, pausas activas, recreos dirigidos, talleres deportivos u otras actividades organizadas. Ayer finalmente fue votado, pero quedó detenido en la cámara de diputados, puesto que la propuesta vuelve a ser objetada dado a razones fundamentadas en su implementación, específicamente en lo relacionado con la infraestructura y los recursos disponibles en los establecimientos educacionales.

Se realiza la encuesta ENAFD y, cada vez los resultados encienden las alarmas, por lo que tenemos que repensar la escuela, una que esté en movimiento, que incorpore el juego en los aprendizajes de otras asignaturas, que una forma de aprender sea el contacto con la naturaleza, hoy tenemos la oportunidad de que los directivos y los docentes se involucren y hagan un trabajo colaborativo con los profesores de Educación Física, quienes por cierto no pueden ser los únicos interpelados.

Todo apunta a la necesidad de implementar políticas públicas efectivas, por ejemplo medir con la misma relevancia que lenguaje y matemática u otras áreas de la ciencia, el área del deporte y la actividad física, o que se incluya un criterio para la acreditación de las universidades relacionado con la práctica deportiva; así ir generando con la rapidez que se demanda que nuestros niños, niñas y jóvenes estén más activos, que el día de mañana se refleje en una cultura poblacional con hábitos de vida más saludable.

Aída Fernández

Pacientes oncológicos

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres en nuestro país, con cerca de 5.640 nuevos casos diagnosticados al año. Se ha convertido en la principal causa de muerte oncológica femenina: solo en 2023 fallecieron 2.263 mujeres por esta enfermedad, la cifra más alta desde que se tienen registros.

Frente a esta dramática realidad, el Ministerio de Salud no ha estado a la altura. A la ausencia del Registro Nacional del Cáncer -pese a la existencia de una ley específica- se suma ahora una decisión aún más alarmante: el retroceso en el acceso a tratamientos esenciales ya aprobados. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que las autoridades actúen con seriedad?

Los derechos de las pacientes están siendo gravemente vulnerados. En agosto de 2024, la resolución DAC-1099 incorporó terapias efectivas en primera y segunda línea para el tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, en diciembre, el propio Ministerio emitió la resolución DAC-1507, que eliminó dichas alternativas, dejando a más de mil mujeres sin acceso a tratamientos ya aprobados y validados, pese a que se había comprometido su entrega a través del sistema público.

Esta decisión pone en riesgo de forma evidente, indiscutible e irremediable los derechos constitucionales de las y los pacientes oncológicos. Exigimos que se respeten los acuerdos previamente adquiridos y que se tomen medidas urgentes para garantizar tratamientos dignos y oportunos.

Víctor Flores Presidente Fundación La Voz De Los Pacientes Chile

Error de estimación SIS

La reforma previsional trae consigo un cambio relevante, en particular en la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia o SIS, el cual dejará de ser gestionado y licitado por las AFPs, a ser administrado por el Estado, a partir del nuevo seguro social que administrará un 4% de la cotización a cargo del empleador, correspondiente a un 1% para el compensar a mujeres, un 1,5% del préstamo con rentabilidad garantizada, y un 1,5% para financiar el SIS.

En lo contingente, al momento de la discusión de la reforma previsional, la tasa del SIS era de un 1,38% del sueldo bruto del trabajador, pero la nueva tasa vigente es de un 1,78%, casi un 30% superior. En otras palabras, cada vez que el costo del SIS sea superior al 1,5% del sueldo bruto del trabajador, él mayor costo será financiado quitando recursos a otras prestaciones.

La presión por sacar adelante la reforma previsional, y el deseo del Gobierno del Presidente Boric por controlar los recursos previsionales, eliminó un aspecto técnico que estaba resuelto, para ahora ser un nuevo problema futuro.

Eduardo Jerez Sanhueza