Dentro del informe revelado por la Contraloría General de la República que afirmó que entre 2023 y 2024 se emitieron más de 30 mil licencias médicas en el sector público, también quedaron en evidencia casos de funcionarios públicos regionales.

Aunque la región de Antofagasta no figuró entre las zonas con mayor número de casos, el diputado Jaime Araya precisó que se identificaron 492 funcionarios públicos locales que habrían incurrido en esta irregularidad.

El parlamentario calificó como "sinvergüenzas" a los involucrados, y anunció acciones legales contra los funcionarios públicos de Antofagasta mencionados en el informe de la Contraloría."Es un verdadero escándalo lo que han hecho estos funcionarios públicos, que con licencia médica se fueron de vacaciones al extranjero, con los recursos de todos los chilenos. Este abuso tiene que parar", afirmó el legislador.

Araya explicó que solicitará el detalle desagregado de los casos para presentar una querella por fraude, además de oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que interponga las acciones legales correspondientes. "Se deben recuperar esos fondos", sostuvo.

También cuestionó las diferencias en el procedimiento de pago de licencias médicas entre el sector público y otros trabajadores que deben pasar por el Compin. "No es justo que, mientras todo el mundo trabaja, haya gente que abuse", expresó.

"Voy a hacer la denuncia al Ministerio Público, porque aquí hay responsabilidades penales. Esto es fraude de subvenciones", indicó el diputado, quien además pedirá a la Contraloría que instruya los sumarios administrativos para que los responsables "se vayan de la administración pública".

"Voy a hacer la denuncia al Ministerio Público, porque aquí hay responsabilidades penales. Esto es fraude de subvenciones".

Jaime Araya, Diputado (Ind-PPD)

Un escándalo se desató ayer luego de que la Contraloría General de la República (CGR) publicara un informe en el que establece que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional incumplieron el periodo de reposo indicado en su licencia médica por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

De acuerdo con el organismo, para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales el 69% corresponde a permisos entregados por Fonasa y el 31% por las distintas isapres. Y según los datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35.585 licencias entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

Otros datos del análisis de la CGR revelan que, tanto en 2023 como en 2024, las salidas o entradas al país se concentraron entre septiembre y diciembre y que 125 funcionarios o servidores públicos registran entre 16 y 30 entradas o salidas del país mientras cursaban licencia médica.

Del total, 13 servicios concentran el 25% de los permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280; Fundación Integra con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719.

Por otro lado, las regiones que registran mayores entradas o salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Región Metropolitana con 26.032 registros (43,7%), Arica y Parinacota 10.043 (16,9%) y Magallanes 5.980 (10,0%).

Incluso se expuso un caso en el que un funcionario de la salud emitió para sí mismo una licencia médica y salió del país durante el periodo que se autoasignó.

"Fraude social"

El informe generó reacciones de condena en los candidatos a La Moneda. Evelyn Matthei acusó que se trata de "fraude y abuso" y apuntó que "se deben instruir sumarios y sacar a quienes abusan, incluidos los médicos que hay detrás de estas licencias falsas". Carolina Tohá afirmó que se trata de un "fraude social (...) En nuestro gobierno vamos a combatir las licencias falsas, especialmente en el Estado".

José Antonio Kast afirmó que "los abusos al sistema se han convertido en una estafa al Estado"; Gonzalo Winter opinó que "Chile necesita servidores públicos a la altura de su gente"; Johannes Kaiser apuntó que "existe una crisis moral profundísima en nuestro Estado"; y Jeannette Jara argumentó que "estas conductas abusivas dañan la fe pública".

También hubo reacción de los parlamentarios: el diputado Miguel Mellado (RN) anunció una denuncia en la Fiscalía "por fraude al Fisco", mientras que la diputada Natalia Romero (bancada UDI) afirmó que "es una verdadera estafa al Estado que lamentablemente queda impune. Es impresentable que en todo este tiempo nadie haya detectado el modus operandi de miles de funcionarios que simplemente se aprovecharon del sistema".

Desde el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) aseguró que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado: "Es una vergüenza que se esté degradando la licencia médica al punto de que cualquiera tira licencia médica como Pedro por su casa y no le importa engañar al Fisco y que la plata se pierda".