Mabel González

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) convocó para mañana a un paro nacional en apoyo de los trabajadores del Registro Civil, quienes se encuentran paralizados desde hace 29 días.

El llamado, realizado por el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, fue posteriormente ratificado en una asamblea, donde el 80% de los asistentes apoyó que se realice la movilización sólo durante el miércoles, mientras que el 20% votó porque fuera de carácter indefinido.

La paralización, a la que fueron convocados todos los servicios públicos del país, comenzará al mediodía con una marcha desde la oficina del Registro Civil en Santiago Centro. Durante la mañana del jueves, los funcionarios definirán la continuidad del paro.

"No podemos permitir que otros funcionarios públicos hagan el trabajo de los funcionarios del Registro Civil", señaló De la Puente, al referirse al plan de contingencia lanzado por el Gobierno ante la huelga.

"La suerte del Registro Civil es la suerte de todos los funcionarios públicos, porque el Registro Civil somos todas las asociaciones", agregó el dirigente, quien hizo un llamado a "luchar con mucha fuerza y convicción".

Este paro, explicó el titular de la ANEF, ha sido definido en "solidaridad a nuestros colegas del Registro Civil" y considera un cese de funciones de más de 120 mil trabajadores públicos a lo largo del país, de un total de 500 mil.

"Aquí se han hecho amenazas con sumarios, se están contratando a funcionarios que reemplacen sus funciones. El Gobierno está actuando como rompehuelga. Ha pasado mucho tiempo y es necesario que esto se solucione y se resuelva de una vez por todas, sin condiciones para los funcionarios", instó De la Puente.

El dirigente criticó la realización de sumarios que fue confirmada por el nuevo director nacional del servicio, Luis Acevedo, ya que aseguró que esta medida "busca apagar el fuego con bencina".

"El Gobierno tiene una actitud impredecible. Ha solucionado los temas de la Junji, del Sernam, Sename, Sernapesca, y muchos servicios públicos a través del diálogo. Sin embargo no quiere dialogar, es una situación que nos causa extrañeza de que precisamente no se quiera dialogar con un servicio histórico, es extraño", expresó.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, volvió ayer a manifestar que no existe voluntad de diálogo por parte de Acevedo.

"El director nacional dijo que quería dialogar con los funcionarios. Para dialogar se necesitan dos y él, claramente, no tiene ninguna voluntad de diálogo", enfatizó.

"Este martes cumplimos la quinta semana de movilización y estamos como el primer día: sin nada", agregó Díaz.

120.000 El paro de mañana considera el cese de funciones de más de 120.000 trabajadores públicos del país, según la ANEF.

29 días de movilización cumplen hoy los trabajadores del Registro Civil, quienes demandan mejoras salariales.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, justificó ayer la decisión del Ejecutivo de reemplazar a los funcionarios del Registro Civil que están en huelga con otros trabajadores del sistema público.

La medida "es parte del plan de contingencia que hemos implementado para que los ciudadanos puedan ver mitigado en algo los efectos de un paro ilegal", sostuvo el vocero de La Moneda.

Díaz agregó que la determinación fue adoptada "porque, sin perjuicio de nuestro permanente llamado a los funcionarios a que depongan el paro y nos sentemos a conversar, tenemos que tomar medidas".

"Porque ante la negativa a esta invitación que ha hecho el Gobierno, lo que tenemos que hacer es tratar que las consecuencias negativas de una paralización tan larga y prolongada como ésta no sigan repercutiendo en la calidad de vida de los chilenos", dijo.

El ministro rechazó las críticas sobre un eventual "discurso doble" que habría mantenido el Ejecutivo entre este conflicto y el contenido de la agenda laboral, en la que ha impulsado la prohibición del reemplazo en huelga de los trabajadores del sector privado.

El secretario de Estado respondió que "están mezclando peras con manzanas, porque en el servicio público no hay huelgas".

"Está expresamente prohibida la paralización de los servicios públicos entre otras cosas porque los funcionarios públicos gozan de inamovilidad en sus puestos de trabajo. En consecuencia, nada tiene que ver el régimen que regula el código del trabajo con el que se establece para la administración pública", aseveró.

Desde la oposición hicieron un llamado al Ejecutivo a realizar un "mea culpa" por el paro. "Hay una responsabilidad del Gobierno y que tiene que ver con haber dado señales, por lo que dicen los mismos funcionarios con el ministro anterior, (José Antonio) Gómez, de que hay promesas incumplidas", reprochó el vocero de Chile Vamos, Felipe Kast (Evópoli).

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, reiteró ayer el principio de presunción de inocencia que el partido ha ocupado con sus militantes, señalando que en el caso del senador Jaime Orpis "tenemos confianza" en él y que "hay que dejarle tiempo a que se defienda".

El pasado viernes, la Fiscalía Nacional solicitó el desafuero del senador Orpis (UDI), quien es investigado en el caso Corpesca por su presunta participación en delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.

El líder gremialista indicó que "las formalizaciones o las peticiones de desafuero no constituyen condenas, sino que son inicios de procesos judiciales o de procesos de investigación. Por lo tanto, del punto de vista constitucional las personas que están en esa situación se presumen inocentes y nosotros no vamos a tomar ninguna medida distinta de la política que hemos seguido hasta ahora".

Larraín enfatizó que "tenemos mucha confianza en Jaime Orpis, todo el mundo lo conoce, y hay que dejarle tiempo a que se defienda".

El timonel UDI reconoció que "para nosotros es muy doloroso (la situación de Orpis), porque le tenemos gran aprecio y cariño por la labor social que ha hecho en la rehabilitación de drogadictos. Y es duro y doloroso verlo involucrado en estas investigaciones, pero esperemos que ellas terminen para poder tener una opinión más definitiva".

Larraín se declaró sorprendido por la declaración del abogado defensor de Orpis, Carlos Cortés, quien acusó que la petición de desafuero se haya hecho antes de que el legislador pudiera terminar de ser interrogado.

"Pero esos son temas judiciales y esperamos que se defiendan en sedes judiciales o en el ámbito del Ministerio Público", agregó Larraín.

Ayer, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió declarar admisible la solicitud de desafuero contra Orpis.

El tribunal pidió a las partes responder con un informe su opinión respecto de la competencia de la corte sobre el desafuero.

Mientras, según publicó La Segunda, en los próximos días el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentará la querella en contra del senador investigado.