Un grupo de 49 diputados de Chile Vamos presentó ayer una solicitud para crear una comisión investigadora que indague los hechos de violencia que afectan a varias zonas de la Región de La Araucanía.

En la solicitud estamparon también sus firmas los parlamentarios de Amplitud, Pedro Browne y Joaquín Godoy, la independiente Karla Rubilar y los diputados oficialistas Jorge Sabag (DC), Mario Venegas (DC) y Fernando Meza (PR).

El diputado Germán Becker (RN) comentó que a pesar de que el tema ha sido abordado en varias sesiones especiales y proyectos de resolución, "la verdad es que no hemos llegado a nada".

En el planteamiento, los diputados acusan una "omisión gubernamental" en las labores de persecución y sanción del delito en la zona. También solicitan medidas gubernamentales para ayudar al emprendimiento y la actividad económica en esa región, medidas gubernamentales de reparación a las víctimas e investigar la "negativa a priori por parte del Gobierno" en el uso de la ley antiterrorista.

El texto agrega puntualiza que "resultan alarmantes los niveles de violencia e impunidad que tienen lugar en la zona".

Análisis conjunto

"Creemos que ha llegado el momento de sentarse, de conversar, tanto los diputados de la región como los que estén interesados en el tema, para ver en qué hemos fracasado y por qué sigue la violencia in crescendo en nuestra región".

La instancia se abocará a "reunir información relativa a actos de Gobierno y a la omisión de acciones gubernamentales en relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de la Araucanía. y que ha traspasado a las regiones aledañas".

Becker adelantó que a la instancia serán citadas las policías, la Agencia Nacional de Inteligencia y fiscales.

Según Becker, se pueden presentar proyectos de ley para avanzar en otorgar más atribuciones a los fiscales y lograr que las policías tengan todo el respaldo del Gobierno, además de crear proyectos donde se analicen programas del Estado, acerca de cómo ha funcionado el Fondo de Tierras, que contempla normas que han sido aliciente para que se produzca violencia.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer, por 22 votos a favor y tres en contra, el desafuero del diputado Gustavo Hasbún (UDI), tras la querella por injurias y calumnias con publicidad que presentó en su contra el padre de Rodrigo Avilés, el joven que quedó grave el 21 de mayo pasado luego de recibir un chorro del carro lanzaaguas de Carabineros.

El parlamentario tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para revertir el fallo.

La familia de Avilés presentó la acción judicial luego de que el diputado por La Florida afirmara que "pareciera que los delincuentes, los terroristas, los subversivos, tienen más derecho que las policías", después que la Presidenta Michelle Bachelet se reuniera con Félix Avilés, el padre del joven, en La Moneda. "Esto demuestra que el Gobierno de Michelle Bachelet no solo ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes, defiende más a los violentistas", añadió el parlamentario.

El fallo sostiene que los dichos del parlamentario "configuran los delitos de calumnia e injurias graves con publicidad" y que "es razonable sostener que se ha deshonrado, desacreditado o menospreciado" a Rodrigo Avilés. El tribunal sostuvo que "no se trata únicamente de una crítica política".

Una vez conocida la resolución, el parlamentario gremialista anunció que apelará a la Corte Suprema y criticó al Poder Judicial.

"Los jueces están más preocupados de criticar o coartar la libertad de expresión que de detener a los delincuentes o a quienes andan saqueando o encapuchados por la vida generando desórdenes", comentó el diputado de la UDI.

Sobre los dichos que generaron esta definición de la Corte de Apelaciones, comentó que "emití un juicio político, un juicio de valor".

Mauricio Mondaca

La oposición acusó la existencia de aspectos supuestamente inconstitucionales en el proyecto de reforma laboral, despachado la madrugada de ayer por la Comisión de Trabajo del Senado, por lo que el sector analiza la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, al igual que lo hizo en la glosa de gratuidad.

Los senadores Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI) apuntaron a que los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Adriana Muñoz y Carolina Goic (DC) "rechazaron y alteraron las indicaciones del Ejecutivo, las que son de iniciativa exclusiva".

Puntos cuestionados

Para los parlamentarios de Chile Vamos, la eliminación de la posibilidad de negociar de todos los actores, la extensión del beneficio que obliga a los trabajadores a afiliarse a un sindicato y la aprobación de normas relativas a información serían lo puntos inconstitucionales del proyecto.

Respecto del primer punto, los senadores argumentan que la Constitución respalda que la negociación colectiva sea un derecho de los trabajadores y no de los sindicatos. Sobre la extensión del beneficio, aseguraron que choca contra el principio de libertad de afiliación. Acerca de las normativas de información (por ejemplo de remuneraciones), sostienen que la Constitución garantiza varios aspectos que tienen que ver con la intimidad de las personas.

"Aquí cualquier huelga, aunque sea producida por un sindicato minoritario, va a significar la paralización completa de todas las empresas", afirmó Allamand.

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que "esperamos que la Sala pueda revertir estos aspectos (reemplazo en huelga y situación de las pymes), pero sobretodo le pedimos al Gobierno que se ordene".

Antes de la aprobación por parte de la Comisión de Trabajo del Senado, los senadores Letelier, Muñoz y Goic rechazaron las indicaciones del Gobierno y se allanaron a arribar a un acuerdo tras la redacción "clara y limpia" del concepto de huelga.

Luego de esa definición, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, sostuvo que "creemos que no era necesaria esa modificación y que la indicación era suficiente" y agregó que "probablemente las vamos a reponer en Sala", agregó.

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, dijo a radio Cooperativa que el proyecto de reforma laboral enfrentará una "batalla muy difícil" si pasa al Tribunal Constitucional.

"Hay un sector que no está disponible a legislar estas materias, nada lo va a dejar satisfecho excepto que estas materias se rechacen", sostuvo.

8 horas duró la discusión y votación de la propuesta en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

1 al 15 de enero es la fecha probable de votación de la reforma laboral en la Sala del Senado.