Un nuevo episodio del conflicto por el traslado de cargas mineras pudo verse ayer por las calles de Calama.

Ya van varios días en que los miembros de la Asociación de Transportistas Norte Grande se han manifestado con la clara intención de llegar a un acuerdo con Codelco para que les autorice participar en las licitaciones de cargas mineras y denunciar a la Asociación Gremial de Empresarios del Transporte El Loa (Agretrans), por presuntas desvinculaciones y malas prácticas. Ante esto, la directiva Agretrans en un comunicado oficial quiso entregar su versión del conflicto.

Versión

"Nuestra Asociación, no ha desvinculado ni exonerado a ninguna empresa, al contrario hoy se conversa con todas aquellas entidades de transporte que se interesen en seguir colaborando con nosotros. Nuestra asociación no tiene ningún vínculo de ninguna naturaleza con la Asociación Norte Grande. Además los voceros sindicados en algunas publicaciones, tampoco tienen vínculo con nuestra asociación"...

Agregan que existe una gran cantidad de empresas "que no son de ésta zona (Taltal, Iquique, Antofagasta, Vallenar, Etc), y que nunca han trabajado o que hace mucho tiempo dejaron de trabajar con nuestra asociación", reza el este comunicado de Agretrans.

Respecto a los cobros que efectúa la asociación por trabajos realizados, indicaron que estos son establecidos contractualmente y necesarios, para lograr el buen funcionamiento de su entidad.

"Respecto a la solicitud de retiro de los tracto-camiones y semirremolques de nuestro Sitio (Puerto Seco), se debió exclusivamente a un ordenamiento de este patio, para darle cabida a todos nuestros socios, los cuales son los dueños de toda la infraestructura de nuestra asociación".

Añade que en los últimos meses ha existido una "disminución considerable de la carga a transportar a nivel regional, por los hechos ya conocidos en la industria del cobre, lo que repercute directamente en nuestra flota de apoyo", finaliza el comunicado.

Para entender este conflicto, Norte Grande denuncia que Agretrans los desvinculó sin causas aparentes en medio de un contrato con Codelco en que ellos colaboraban, dijeron que sus maquinarias fueron sacadas desde las bodegas y que la asociación genera un cobro excesivo del combustible.

Además de sumar sus máquinas, trabajadores y condición de local para adjudicarse licitaciones en Codelco.

Por eso estos transportistas salieron a las calles a protestar e insisten con su demandas.

José Luis Ramírez M.

A mediados del año pasado cartas certificadas de la fiscalía comenzaron a alertar a jóvenes de la región que estaban denunciados por haber infringido la Ley de Reclutamiento Militar.

Algunos de ellos se comunicaron con el Ministerio Público o bien con el cantón local y así confirmaron esta situación. Efectivamente sus antecedentes habían sido enviados a las fiscalías para que se activaran los procesos de sanción establecidos en la norma, que pueden conducir a penas de presidio menor en su grado mínimo y multa de entre uno y diez sueldos vitales (artículo 72 del DL 2.036 de 1978).

En rigor son muchos los jóvenes que enfrentan acciones de este tipo.

Según cifras actualizadas de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en las fiscalías de Chile han sido interpuestas 56.231 denuncias por infracciones a la Ley de Reclutamiento.

En este listado aparecen los jóvenes que se inscribieron como voluntarios, pero luego no se presentaron a los cuarteles, como también aquellos que no respondieron a los llamados obligatorios realizados por las Fuerzas Armadas, quedando en categoría de "remisos".

A nivel regional los denunciados por esta infracción suman 1.363, lo que representa el 2,4% de los casos reportados en todo el país.

Fiscalías

La gran cantidad de causas contra jóvenes que están en calidad de infractores ha sido tema de debate en el Ministerio Público, llegando incluso al seno de su Consejo de Fiscales.

Allí en varias ocasiones se intentó uniformar criterios respecto a qué tratamiento dar a estas causas, que se siguen acumulando tras cada proceso de reclutamiento.

Y finalmente se arribó a una solución.

Hace unos meses se activaron los procesos tendientes a la aplicación para estos casos del llamado "principio de oportunidad", que permite a los fiscales no iniciar una investigación, o dejar sin efecto una ya iniciada, cuando el hecho denunciado "no compromete gravemente el interés público".

El acuerdo de los persecutores, que además tiene el visto bueno de la DGMN, se tradujo en la elaboración de escritos similares para todas las fiscalías, los cuales serán presentados paulatinamente a los juzgados de garantía para concretar el desistimiento.

En el caso local, a principios de este mes concluyó la interconexión de los sistemas informáticos del Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que permitirá ya a contar de los próximos días "cargar" los antecedentes de los primeros casos.

Decisión

El fiscal regional, Alberto Ayala, confirmó que existe una "decisión institucional" de no accionar penalmente contra los jóvenes denunciados por Ley de Reclutamiento.

"Eso está acordado a nivel nacional. Se ha estimado que no hubo ningún daño al interés público, ya que en todos estos periodos los cupos se llenaron y (además) tenemos la convicción que la gente no quiso cometer un delito", planteó.

Ayala explicó que la decisión es inédita para este tipo de infracciones, que antes incluso dieron origen a leyes de amnistía (la última de 2007).

"No tiene ningún sentido abrir 56 mil investigaciones por un hecho que, si bien hay que destacar la importancia de hacer el servicio militar por razones de seguridad y formación, no comprometía gravemente el interés público", argumentó el fiscal regional.

Aunque los jueces de garantía podrían rechazar la salida y obligar a los fiscales a insistir, en el Ministerio Público estiman lo resuelto será aprobado en tribunales.