Hay numerosos casos de familias que se han visto expuestas a verdaderos dramas económicos, por el sólo hecho que un familiar se ha enfermado o presenta alguna condición que dificulta el desarrollo armónico de su grupo familiar.
Siempre hemos planteado que la salud y la educación debiera ser un derecho y no sólo con acceso a todos, sino que también accesible en sus costos, de tal manera que no deje en la ruina a muchas familias.
Conocimos ayer el caso del pequeño Oscar, de diez meses de edad que nació con problemas de salud y que el esfuerzo de sus padres está dando frutos de mejoría, pero deben soportar la dura carga de tener una deuda de 40 millones en diversos tratamientos e intervenciones, además de un costo mensual de 200 mil pesos para tratar su enfermedad.
Según la Constitución, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Pero en ninguna parte habla de cómo un ciudadano puede financiar o acceder económicamente a los recursos, cuando se requiere salvar una vida. Y si estos son inalcanzables, para una buena parte de la población, coarta toda opción de poder aspirar a una mejor calidad de vida o simplemente poder extenderla.
Frente a esta realidad, que es más común de lo que se cree, es necesario replantear la necesidad de revisar las condiciones de la salud en Chile, tanto pública como privada.
La salud no puede ser para unos pocos, sino que debe llegar a todos sin excepción, en forma oportuna y conforme a la realidad de cada familia, lo que necesariamente debiera ser subsidiada.
En muchos casos los tramos de salud o los planes particulares de cada familia, parecen no ser suficientes para poder asumir situaciones catastróficas, y además el Plan Auge, aún no es suficiente.
Creemos que es posible mejorar la salud en nuestro país, pero es necesario revisar con mayor objetividad el sistema y realizar mejoras que terminen con las discriminaciones y la falta de acceso por su alto costo.