Mil 169 millones de pesos invierte actualmente el Ministerio de Obras Públicas, en la provincia El Loa. La cantidad corresponde a algunas realizaciones en desarrollo y a otras que se ejecutarán durante el año. La inversión se distribuye en obras de Sendos, Vialidad, Arquitectura, Dirección de Riego y Aeropuertos.
El Segundo Juzgado del Crimen de Calama condenó a diez años y un día de presidio al supuesto cabecilla de la fuga de la cárcel. La abultada sentencia se debe a que el individuo tiene la calidad de reincidente en el delito de narcotráfico, dado que anteriormente cumplió otra condena por el mismo delito.
La elaboración de una droga mucho más peligrosa que la marihuana, detectó en Antofagasta la Brigada de Narcóticos y Drogas Peligrosas e Investigaciones a raíz de la detención de dos jóvenes. Esto ocurre por primera vez en Chile y ha causado preocupación entre las autoridades policiales quienes investigan su procedencia.
Como comunidad en ciertos momentos debemos ser críticos de la gestión de nuestras autoridades. Y eso no significa ser irrespetuosos o tener algún interés oculto o creado para hacerlo. No se trata de eso, sino de opinar con ojos de ciudadanos lo que se está haciendo por mejorar la calidad de vida de la comuna.
En este sentido, la nula presentación de proyectos de desarrollo al Consejo Regional (Core) por la actual administración municipal, lo menos que merece es un reproche generalizado.
No es posible que en un año no se haya podido conformar un equipo capaz de formular proyectos de adelanto y presentarlos al organismo regional.
Calama tiene un sinfín de necesidades, ya lo demostró la encuesta en que los propios calameños evaluaron con una pésima nota a la ciudad, y no es posible que se deje escapar la posibilidad de solicitar fondos para solucionar alguno de ellos.
Quizás no son fondos multimillonarios, pero son de resolución y entrega rápida y pueden ser utilizados para resolver situaciones cotidianas como pavimentaciones de calles y aceras, mejoramiento de parques, construcción de sedes vecinales, desarrollo de áreas verdes y muchas otras que hoy están al debe.
Lo lamentable es que lo ocurrido en la actualidad repite lo hecho durante la anterior gestión municipal. Durante ocho años se desperdició la posibilidad de apoyar el crecimiento de Calama recurriendo a esos fondos.
"Ya no estamos para cosas chicas, necesitamos apostar por proyectos de mayor envergadura que sirvan para cambiarle el rostro a la ciudad". Decía el anterior alcalde Esteban Velásquez.
Tal vez con justa razón, pero fue muy poco lo que se hizo por iniciativa municipal y Calama perdió un valioso tiempo para impulsar obras necesarias en paralelo a gestiones con objetivos mayores.
Ahora ya no se puede seguir perdiendo el tiempo y es una obligación del municipio de ir de las ideas a los hechos. Generar buenos proyectos y luchar su financiamiento, porque Calama lo necesita.
En el último tiempo, la reinserción social de las personas condenadas por delitos cometidos en infracción a la ley penal ha sido motivo de interés creciente de los sistemas de justicia y de quienes elaboran las políticas criminales, tanto en Chile como en el mundo.
Hoy en día, las políticas de reinserción social son consideradas esenciales para el logro de los objetivos de seguridad pública, ya que se constituyen como mecanismos de prevención del delito, colaboran con la disminución de la victimización y de la reincidencia delictiva.
Es por esto que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó a fines del 2017, una instancia inédita que consistió en la primera Política Pública de Reinserción Social, constituyéndose como un elemento clave para la seguridad pública y se configura como un hito en esta materia, ya que es fruto de un trabajo mancomunado entre distintos actores, públicos y privados que, bajo una visión de largo plazo encabezada por este Ministerio participan del diseño y planificación de la misma, a través del Comité Asesor para la Reinserción Social, iniciativas constituidas a nivel nacional y regional.
En este sentido, esta política se convierte en un avance fundamental del Gobierno de la Presidenta Bachelet para construir una hoja de ruta que guie las acciones que el Estado debe desarrollar para lograr la reinserción social de todas aquellas personas que han sido condenadas.
Es importante señalar que dicha política pública fue entregada, por parte de las máximas autoridades de Justicia, a la Presidenta Michelle Bachelet, al presidente electo Sebastián Piñera, al Papa Francisco en su reciente visita a Chile y a todos los ministros de Justicia de Iberoamérica en un encuentro internacional realizado en enero de este año.
Creemos firmemente que la Reinserción Social de las personas infractoras de la ley penal no le corresponde solo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Gendarmería de Chile, ni tampoco debe ser mirada como una política de Gobierno, sino que por el contrario, se debe proyectar como una política de Estado, fortaleciendo aquellos programas y acciones que la evidencia nacional y comparada ha demostrado son eficaces para reintegrar a las personas condenadas a la sociedad, contribuyendo de esta forma al respeto de los Derechos Humanos, tanto de la población penal en cuanto al derecho a reinsertarse en la sociedad.
Marcelo Encina Muñoz,
Seremi de Justicia y Derechos Humanos