La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, reconoció que la presencia de Javiera Blanco como consejera terminó siendo "un elemento perturbador" para su funcionamiento.

Manaud expresó en radio Cooperativa que no fueron las sucesivas inhabilitaciones de la ex ministra de Michelle Bachelet la causa de las dificultades que presentó Blanco en los últimos meses, ya que esto puede considerarse incluso habitual en el funcionamiento del CDE. "Lo que sí podría estimarse que era complejo era su condición de involucrada o imputada -según un par de fiscales- en investigaciones de carácter penal, en materias en que, precisamente, el CDE tenía que intervenir. Como dijo un ex presidente del consejo, el señor (Juan Ignacio) Piña, era un elemento perturbador", señaló Manaud.

La abogada explicó que "no es sencillo tener que tratar en forma extremadamente reservada investigaciones penales e, incluso, tampoco se le pueden encomendar abogados del servicio, porque no puede un abogado opinar o investigar a un superior jerárquico. Eso es bastante complejo".

La renuncia

Respecto de si consideró que la ex titular de Justicia demoró su dimisión al CDE, Manaud argumentó que "ella (Blanco) tiene todo el derecho a ser respetada en cuanto a su presunción de inocencia y ella puede haber estimado que en el tiempo en que estuvo vinculada al CDE pudo haber demostrado esa inocencia. Lamentablemente, las circunstancias no se le dieron de esa forma".

Distancia con cambios

La presidenta del CDE dijo no estar de acuerdo con la propuesta de cambios anunciada por el Gobierno para el funcionamiento del Consejo, donde destaca la dedicación exclusiva de los consejeros y el fin de las designaciones hasta los 75 años, para fijar plazos determinados. "No coincido mucho con el Presidente. A través del Ministerio de Justicia han tenido la deferencia de consultarnos la opinión y estábamos enterados de este proyecto de ley", dijo Manaud. Eso sí, valoró aspectos como establecer un sistema de concurso más abierto para los consejeros.

"Lo que no comparto es que un periodo o la transitoriedad en el cargo vaya unida a la exclusividad, porque ambos factores juntos van a hacer prácticamente imposible obtener destacados litigantes o docentes que se interesen en pertenecer al CDE", advirtió.

El Gobierno presentó ayer el programa "Compromiso País", el cual identifica a 16 grupos de alta vulnerabilidad a partir de un "mapa" que considera carencias materiales, la oferta de programas sociales y el trabajo con organizaciones de la sociedad civil.

Para solucionar las carencias y necesidades de los distintos grupos vulnerables, el Gobierno convocó a diversos actores de la sociedad, como representantes del mundo académico, de organizaciones civiles y del sector empresarial, para conformar mesas de trabajo que serán presididas por un ministro. Estas mesas deberán diseñar propuestas de políticas públicas que impacten a la población en situación de pobreza multidimensional.

Los segmentos

Dentro de los 16 grupos vulnerables identificados, se encuentran personas que viven en viviendas que no tienen servicios básicos, agua potable, servicios sanitarios, entre otros. También casi medio millón de mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y no tienen ingresos propios; 43 mil familias que viven en campamentos y 480 mil personas que viven en situación de hacinamiento alto o crítico; más de 6 mil niños y adolescentes que viven en residencias bajo la protección del SENAME; 161 mil adultos y personas mayores con discapacidades, con dependencia, que viven solos o están institucionalizados; más de 70 mil niños y adolescentes entre 5 a 18 años que no asisten a ningún establecimiento educacional; casi 700 mil personas con consumo problemático de alcohol y/o drogas; 12 mil personas en situación de calle; más de 11 mil personas en listas de espera con garantías de oportunidad y seguridad vencidas en programa AUGE o GES; más de 2,3 millones de personas que ha presenciado continuamente en el último mes tráfico de drogas o balaceras; 425 mil mayores a 18 años que están sin empleo y buscando trabajo por más de tres meses o no cuentan con un contrato laboral, pertenecientes al 40% más pobre; las 234 mil familias en que uno o más de sus integrantes presenta dependencia moderada o severa, pertenecientes al 40% más vulnerable; casi cinco millones de chilenos mayores de 18 años que no se encuentran estudiando y que no han completado los 12 años de escolaridad; los más de 900 mil chilenos que pertenecen a los pueblos indígenas y además al 40% más pobre; las 100 mil personas que están privadas de libertad o en el sistema penitenciario, sin acceso a programas de rehabilitación, de educación o de capacitación; y las casi 1.500 localidades en Chile sin conexión a internet.

"Elaboramos el 'Mapa de las Vulnerabilidad', complementario al Mapa de la Pobreza, que busca identificar a todos esos chilenos y chilenas que, por distintas razones, requieren ser vistos y apoyados en forma muy especial para que puedan ser parte de este gran proyecto de un Chile desarrollado y sin pobreza", dijo el Presidente Piñera.

Según el Ejecutivo, la identificación de estos grupos vulnerables permitirá definir políticas específicas y poder llegar con ayuda especial, adaptada a sus problemas y necesidades, con una colaboración entre el sector público y privado.

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, reclutó a un grupo selecto de empresarios para que colaboren con la iniciativa, según La Segunda. Entre ellos destacan Lázaro Calderón, uno de los propietarios de Ripley; Paola Luksic, presidenta de la Fundación Luksic, y Roberto Angelini, cabeza del Grupo Angelini.

"Esta es una tarea de todo el país (...) para que en el plazo más breve vayamos sacando la mayor cantidad de personas de esa condición".

Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social"

millones de chilenos son pobres desde un punto de vista multidimensional, 3,6