Aseguran que la dotación de la Inspección del Trabajo es insuficiente para la provincia
LABORAL. El organismo cuenta con 18 funcionarios para un universo que supera los 80 mil trabajadores repartidos en Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe.
Alrededor de 300 atenciones diarias realizan los 18 funcionarios de la Inspección Provincial del Trabajo, que la semana pasada debió destinar, además, a 12 personas a las votaciones de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, aun cuando tiene a dos de sus trabajadores con licencia médica. Lo que habla de lo estrecha que es la dotación del organismo dependiente del ministerio del Trabajo.
El presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Mardones, dijo que "la falta de dotación es una problemática que afecta particularmente a la provincia, donde la planta de 23 funcionarios se redujo a 18 personas, que no solo tienen que atender a la enorme cantidad de trabajadores de la minería, porque también tenemos otros sectores, como el retail".
"Esto no solo afecta a los usuarios, también a los funcionarios que se ven sobrecargados, porque además de los trabajadores deben mediar con las empresas. Los trabajadores están cansados, agobiados, y no se sienten respaldados (…) llamo al seremi y al director regional del Trabajo a tomar en cuenta esta situación, porque hay un discurso a nivel nacional, en el papel, de mejorar la Dirección del Trabajo, pero en la realidad no es así", agregó el dirigente de la Central.
Enormes distancias
La situación es particularmente compleja en la provincia, porque las grandes distancias también son un factor. Por ejemplo, los funcionarios deben trasladarse a Minera El Abra, o a la división Radomiro Tomic de Codelco, o al salar de Atacama (donde operan SQM y Albemarle), que involucra seis horas de viaje para un fiscalizador, cuando menos.
En este escenario hay un sobresfuerzo y una demora en algunas tramitaciones que se extienden, incluso, por meses, explican conocedores del servicio, que realiza atención de trabajadores, dirigentes sindicales, además de derecho fundamental (proceso que requiere investigación y tomar declaraciones) y fiscalizaciones.
Inspección que, según fuentes al interior del servicio, operaría bajo condiciones óptimas con 25 funcionarios, considerando que la fuerza de trabajo -solo de Calama- supera los 76 mil personas, a las que se suman las de San Pedro y Ollagüe.
El tema de las dotaciones, que recientemente generó un paro nacional, está siendo revisado por el Gobierno y el 12 de junio habría una respuesta sobre el nuevo proyecto, de lo contrario se retomarían las movilizaciones del gremio.