Computadores y archivos que contienen información sobre denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas tras el 18 de octubre, fueron robados de la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

El hecho, que es indagado por la PDI, ocurrió antenoche en Santiago, cuando personas cuya identidad aún se desconoce sustrajeron cinco aparatos donde hay información relativa a diversos casos que la entidad ha recibido en estos casi dos meses. "Hemos constatado que, en realidad, esto no es un delito común, no es un robo común y corriente, sino que simplemente lo que sustrajeron fue información sensible en materia de derechos humanos", dijo el presidente de la institución, Carlos Margotta, quien precisó que otros artículos de valor no fueron tocados.

Margotta recalcó que los computadores robados contienen "información respecto de testimonios de víctimas de violación de derechos humanos ocurridas en los últimos días, a partir del 18 de octubre". Son casos donde la comisión ha tomado "el patrocinio de muchas de las víctimas, a objeto de interponer las acciones penales correspondientes".

Margotta repudió el suceso y estimó que no es más que un acto de "amedrentamiento, de hostigamiento respecto de la labor que realiza nuestra institución desde hace 41 años, que es la defensa de los derechos humanos en nuestro país".

El presidente del organismo indicó que "afortunadamente" tienen respaldo de la información que fue robada.

Fundada en 1978

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, fundada en 1978, es como un organismo no gubernamental. Según explica en su web, trabaja "en forma pluralista, libre y autónoma por la vigencia efectiva, el respeto, la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales de los cuales Chile es miembro".

Con motivo del informe de la ONU sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre, la comisión demandó al Gobierno "el cese inmediato de la represión", implementar ya las recomendaciones que se hacen y que abandone "la política de criminalización de la protesta social a través de leyes represivas".