Redacción

El vicepresidente del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, afirmó ayer que, pese a la toma de dos locales de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en la Región de Atacama, la medición se realizará de acuerdo a lo previsto, con protocolos en caso de tener que suspender el examen o desalojar algún recinto.

"En todos esos casos, los protocolos (con que se toma la PSU) consideran o postergar el inicio de las pruebas, viendo la magnitud de la perturbación que haya; o recurriendo a un cambio de local hacia otro predeterminado, a efecto de considerar la equivalencia de condiciones en que se rinde la prueba", explicó Valle.

Los liceos de Música y José Antonio Carvajal de Copiapó, ambos locales de rendición de la PSU, ayer amanecieron tomados como parte del boicot anunciado por estudiantes. Ayer era una jornada clave para el proceso, pues se realizó el reconocimiento de salas para un examen que ya ha sido postergado en dos oportunidades. Ante la posibilidad de una nueva ocupación de los locales, Valle afirmó que a los responsables de la prueba en Copiapó "se les han informado los locales alternativos, que estarán con el debido resguardo".

Al cierre de esta edición, Valle agregó que "el reconocimiento de salas se está llevando a cabo con toda normalidad. (...) Respecto a lo que pueda acontecer en las próximas horas, hemos dispuesto desde siempre de unos protocolos para todos aquellos casos en que alguno de los locales se pueda ver expuesto a una dificultad en su infraestructura, el suministro de energía eléctrica, de agua, o que las condiciones ambientales o el entorno impidan la tranquilidad que se necesita para rendir estas pruebas".

El Presidente Sebastián Piñera dijo al mismo tiempo en Twitter que "casi 300 mil estudiantes empezarán a rendir la PSU (...) una minoría amenaza con boicotearla con violencia. El Gobierno protegerá el legítimo derecho de la mayoría".

La movilización de los secundarios se debe a que consideran que la PSU "es segregadora" y en el caso particular de la medición 2019, porque no todos habrían tenido la posibilidad de prepararse bien, pues muchos se unieron a las protestas por la crisis social. El rector respondió que desde abril el CRUCh trabaja para "introducir cambios sustantivos, identificar los usos y propósitos" del sistema.

"El país requiere de tener un sistema de admisión que de cuenta de las asimetrías que las políticas públicas todavía no han logrado superar", dijo Valle.

Un grupo de personas ingresó ayer a la fuerza a las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) en Independencia, Región Metropolitana, a causa de la demora en la entrega de cuerpos -algunos desde el 1 de enero, denunciaron -, debido a una paralización de los funcionarios del organismo.

Los familiares que entraron al edificio "recibieron la respuesta de que no les iban a entregar el cuerpo de su fallecido. Por lo tanto, ellos se ofuscaron, ingresaron y realizaron un daños al interior del recinto", detalló la teniente coronel Paola Muñoz, de la prefectura norte de Carabineros.

El momento de mayor tensión se vivió cuando miembros de la Garra Blanca, quienes reclamaban los restos de uno de sus integrantes atropellado el 1 de enero, entraron a la dependencia de salud.

"Se rompieron vidrios, computadores, pintaron las murallas. Ese tipo de daños", explicó la uniformada y agregó que "el SML se encuentra en paro. Por lo tanto, son menos las personas que están trabajando para este tipo de examen. Por consiguiente, se atrasa todo un proceso".

Esta situación ha llevado a que "las familias estén sentidas, enojadas, porque han esperado mucho tiempo. Entonces, ellos lo que más esperan es que se agilice luego este proceso, porque ellos también necesitan darle una despedida digna a cada uno de sus familiares", agregó Muñoz.

Margarita López (75) ayer cumplió tres días esperando el cuerpo de su hija atropellada, por lo que afirmó a Radio Bío-Bío que la situación "es muy angustiante. (...) En Chile ni para morir hay dignidad".

La dirección nacional del organismo, en tanto, lamentó los disturbios e indicó que "los atrasos que se han presentado en la realización de autopsias se han debido al paro y las movilizaciones de funcionarios del servicio. Esto ha retrasado la realización de pericias y los tiempos de entrega de los fallecidos a sus familias".

La mesa directiva del SML "respeta el derecho de los trabajadores a movilizarse por sus demandas y, en consecuencia, ha mantenido una constante política de diálogo, de puertas abiertas y de entendimiento mutuo, pero lamenta profundamente las consecuencias que esta movilización ha traído a los familiares de los fallecidos", afirmó.

El organismo adelantó que sostendrá una reunión con el nuevo subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, para coordinar la entrega de cuerpos, así como la modernización del servicio y la situación laboral de sus trabajadores.

El presidente del Colegio de Profesores y uno de los voceros de la Mesa de Unidad Social, Mario Aguilar, afirmó ayer que el conglomerado de agrupaciones ciudadanas suspendió su diálogo con el Gobierno debido que, a su juicio, no se ha modificado el sistema durante casi tres meses de movilizaciones y, dentro de ello, La Moneda ha "respaldado" el actuar del intendente metropolitano, Felipe Guevara, y de Carabineros.

"Ratificamos que desahuciamos la interlocución con el Gobierno", dijo Aguilar. "Cuando el ministro (del Interior, Gonzalo) Blumel está respaldando que se sigan violando los derechos humanos, nosotros decimos entonces que no hay nada que seguir conservando. No hay voluntad real (desde el Ejecutivo)", agregó el vocero de Unidad Social. La entidad agregó que a 38 días de haberse reunido con el ministro Blumel en La Moneda, no han tenido respuestas a sus demandas.

Aguilar sostuvo que las reformas anunciadas por el Gobierno tampoco son "estructurales": "En materia de agenda social no hay nada que toque el modelo, se hacen anuncios en Salud que mantienen el eje en la atención privada, (…) lo mismo en materia de pensiones: no se aprecia voluntad de la ministra (del Trabajo, María José) Zaldívar por un cambio en esta materia".

"Acá hemos tenido que lidiar con una autoridad que insiste, desde el día uno hasta el día 80, que el problema es de orden público. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que lo que se expresa en la movilización es un síntoma, pero lo que lo gatilla es una profunda sensación y malestar de abuso frente a la desigualdad", explicó la líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

"Vamos a elaborar y anunciar en los próximos días un plan para el verano y, por supuesto, prepararnos para marzo", finalizó Aguilar.

Piñera responde

Ante las críticas al Ejecutivo por respaldar el actuar de Guevara, el Presidente Piñera afirmó que "cuando la oposición acusa constitucionalmente al intendente por cumplir con su deber de resguardar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, están debilitando ese orden público y esa seguridad ciudadana, y también están debilitando el estado de derecho y la paz social".