Karen Elena Cereceda Ramos
El 4 de marzo de 2019 entró en vigencia el Decreto N°50 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), que establece la nueva normativa de Accesibilidad Arquitectónica que es exigible a edificaciones públicas, con atención a público, con destino a equipamiento y ocupación, así como edificaciones de uso colectivo.
En este sentido, se entregó un plazo de tres años, previo a la entrada en vigencia, para que en dichos edificios se pudiesen adoptar las medidas establecidas en la ley, algo que en Calama no se cumple.
Así por lo menos lo asevera el catastro que realizaron en el Consejo Comunal de la Discapacidad de Calama. Su presidente y actual concejal de la comuna, José Astudillo comenta que en la ciudad sólo un edificio privado, pero de uso público se ajusta a las normas establecidas en la ley, se trata de las dependencias de una compañía de telecomunicaciones que está emplazada en calle Sotomayor.
Si bien en Calama existen edificios que han adoptado algunas medidas como construcción de rampas de acceso, ascensores u otras, la verdad es que aún estamos en deuda con las personas discapacitadas que, en la ciudad, corresponderían al menos al 16% de la población, según los datos proporcionados por el director de Corcaldem, Carlos Castillo.
A ello hay que sumarle que las rampas de acceso no cuentan con la estructura e inclinación adecuada que establece la ley. "No es llegar y hacerlas, porque la gente cuando construye una rampa cree que es solo para sillas de ruedas, es para gente adulta mayor y menores en silla de ruedas y también para la gente que es ciega, por lo que deben tener las medidas como corresponde y no hacerlas por hacerlas", manifestó al respecto el concejal Astudillo.
Otra falencia que tiene la ciudad afecta directamente a las personas ciegas, puesto que no hay algún semáforo con un dispositivo sonoro que los oriente cada vez que quieran cruzar una calle, exponiéndose a accidentes o caídas.
A ello hay que sumarle que, en el transporte público mayor no existen microbuses que estén habilitados para el correcto traslado de las personas discapacitadas.
Qué dice la ley
La igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad tiene su sustento legal en la Ley N° 20 mil 422, que entró en vigencia en febrero de 2010.
Uno de sus principios y que tiene que ver con la autovalencia, es "el garantizar la accesibilidad y diseño universal, en relación con el entorno y sus componentes".
En este sentido, obliga a que los edificios deben ser "accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad". Aquí se incluyen a todos los recintos de uso público y aquéllos que, sin importar su carga de ocupación, presten un servicio a la comunidad.
También se incluyen las edificaciones colectivas como departamentos, oficinas, transporte público de pasajeros, bienes nacionales de uso público, parques, plazas, paseos peatonales, entre otros.
En el caso de incumplimiento de esta ley se aplicará una multa que irá desde las 10 y hasta las 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que al valor actual se traduce en un pago que fluctúa entre los $496 mil y los $4 millones 960 mil.
Críticas
El concejal de la comuna y presidente del consejo comunal de la Discapacidad, José Astudillo al hacer una evaluación del tema de las barreras arquitectónicas en la ciudad dijo que, "en Calama estamos de mal en peor".
Comenta que el año pasado se hizo una firma de compromiso en el que participaron representantes del municipio de Calama, del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas que hay en la ciudad, pero agrega que, "si uno hace una evaluación desde la firma de intenciones hasta ahora, nada se ha hecho ni siquiera un fiscalización".
En tanto, Carlos Castillo director de la agrupación Corcaldem, que trabaja mayoritariamente con personas que sufren algún tipo de discapacidad cognitiva o intelectual, manifiesta que, pese a que entró en vigencia la normativa de accesibilidad, "aún estamos muy atrasados".
Detalla que con esta ley, "creo que algo debería haber avanzado en esta materia, pero uno todavía ve que hay establecimientos educacionales que no tienen rampa, que no tiene ascensor, uno ve que las calles no están todas adecuadas y si le sumamos el deterioro de calles, aceras y todo lo que tiene que ver con el entorno urbano de la ciudad y que se hace inaccesible, no se ha cumplido" dijo Castillo quien además manifestó que no tenía sentido hacer leyes, si luego no existen los mecanismos necesarios para exigir el cumplimiento.
El director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), David Martínez explica que no sólo en Calama, sino que a nivel nacional, son miles los edificios que deben ajustarse a la actual normativa y que ello ha sido complicado.
"Se han hecho intentos en muchos de los edificios de poder generar respuesta a esta necesidad, pero son respuestas que, de alguna u otra manera, tratan de responder solamente a la normativa como ley, sin tomar en consideración ciertas normativas para que efectivamente estas cumplan de buena manera", explicó el director de Senadis.
El alcalde de Calama, Daniel Agusto dijo que está consciente del actual estado de la ciudad en materia de accesibilidad universal y recordó que, en agosto de este año la comuna será sede de un encuentro nacional de personas con discapacidad, "y eso nos pone un desafío en comenzar a acelerar el tranco en hacer accesible muchos espacios".
Continúa precisando que hacer de Calama una ciudad más accesible es tarea no sólo del municipio sino que también de la empresa privada y que en ese sentido, les ha oficiado a varios de ellos para que tengan presente la readecuación de sus edificios.
Dijo también que, incluso antes de que la ley entrara en vigencia, las obras que está construyendo el municipio, como plazas y parques cuentan con las estipulaciones de accesibilidad que se exigen.
Testimonio
Alex, de 50 años, es un vendedor de dulces que habitualmente transita por el sector centro de Calama, su bastón demuestra que es una persona que sufre de una severa discapacidad visual. En 2004 y producto de una enfermedad, perdió el 100% de la visión de su ojo derecho y el 94% de su ojo izquierdo.
Llegó en julio de 2019 a Calama, en busca de mejores oportunidades laborales, pero se encontró con una ciudad que no cuenta con medidas de accesibilidad para los discapacitados especialmente para los no videntes como él.
"Se me complica mucho el traslado en colectivo, en la micro, por la sencilla razón de que discriminan mucho", comenta este vendedor, quien además agrega que lo más difícil es poder cruzar la calle pues no existen semáforos sonoros.
"Aquí en Calama no hay ninguna prioridad para nosotros para las personas no vidente, son muy pocos los lugares en donde nos dan la prioridad", finalizó Alex.
Fiscalización
El concejal José Astudillo y el director de Corcaldem, Carlos Castillo coinciden que uno de los factores que incide en el incumplimiento de la ley es la falta de fiscalización.
En este aspecto, la ley manifiesta que la fiscalización corresponde a las direcciones de obras municipales y agrega nuevos instrumentos.
Uno de ellos es que los municipios pueden celebrar convenios con instituciones para que colaboren en el ejercicio de esa facultad y también estipula que, cualquiera persona, puede denunciar los incumplimientos ante el juzgado de policía local correspondiente.
Sin embargo y según explica el director regional de Senadis, David Martínez, "el tema es complicado porque si bien indica que son las direcciones de obras los que deben fiscalizar, lo que pasa es que estas fiscalizaciones finalmente son de carácter pasivo, porque no se hace o no se está haciendo hasta que alguna persona realmente lo denuncie", manifestó.
Aclaró que ellos como organismo no son los encargados de hacer cumplir esta fiscalización, pero que no obstante ya están trabajando en la elaboración de un catastro.
"Una de las prioridades de 2020 es empezar a conversar con los municipios para hacer un catastro, un levantamiento de cuáles serían los edificios principales de uso de la ciudadanía que no están cumpliendo el Decreto N° 50 y hacer todas las gestiones posibles y el apoyo permanente de Senadis para ver cómo se realizan estos planes de accesibilidad de cada uno de esos edificios", puntualizó Martínez.
Transporte público mayor
Una de las principales barreras a los que se enfrentan las personas con discapacidad, tiene relación con el transporte público mayor pues, a la fecha no existe un microbus que tenga implementado una rampa de acceso. Juan Carlos Villarroel, presidente y representante legal de la Línea 7 de microbuses comenta que en 2019 se postularon a dos buses con acceso universal, pero que todavía están en construcción y no hay una fecha estipulada para que lleguen y comiencen a funcionar. Explicó que habilitar este tipo de transportes requiere de una millonaria inversión, pues cada uno de ellos tiene un valor de $70 millones, y que de existir alguna subvención desde el ministerio de Transportes el valor se reduce a la mitad.
2010 entró en vigencia la ley N°22 mil 422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, entre ellos tema de la accesibilidad.
2019 comenzó a regir el decreto N°50 del Minvu en el que se obliga a los edificios públicos y privados a contar con acceso universal para las personas con discapacidad.
$70 millones es el precio de una micro que tenga las condiciones para el traslado de personas discapacitadas, el gobierno puede subvencionar hasta un 50% de la máquina.