Una comisión ad hoc constituida por representantes de Bienes Nacionales, Serviu, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y la Municipalidad de Calama, analizó el proyecto de creación de un nuevo Barrio Industrial, que representa una necesidad imperiosa, para esta ciudad. La urgencia es en respuesta al clamor ser sector servicios.
Un importante acuerdo, entre el Gobierno Regional, la Corporación de Fomento de la Producción /Corfo), Codelco Norte y la Corporación para el Desarrollo Productivo (CDP), se llevó a cabo en las dependencias. A dicho acto, asistieron las principales autoridades de la zona, empresarios del rubro minero y el intendente (s) Christian Pizarro.
Las diecisiete personas detenidas por la falsificación de cédulas de identidad y pasaportes que utilizaron los integrantes de la selección de fútbol juvenil en Paysandú, Uruguay, fueron encargadas reos ayer por el juez del Primer Juzgado del Crimen de San Miguel Patricio Abrego Diamantti. Entre ellos el técnico Pedro García y jugadores.
El gobierno, por medio del ministro de Salud, Jaime Mañalich presentó la campaña "Exige el Amarillo", que tiene por objetivo informar y promover el uso de los remedios genéricos bioequivalentes por parte de la población.
La acción es parte de la Política Nacional de Medicamentos que impulsa el Gobierno, para dar mayor acceso a remedios de calidad al menor costo posible. El secretario expresó que si una persona despacha una receta con remedio de marca podría llegar a pagar hasta 20 veces más respecto de un bioequivalente. Por eso instruyó a las seremis de Salud y al Instituto de Salud Pública (ISP) para redoblar la fiscalización con el fin de que las farmacias cumplan con la ley de tenerlos en existencia.
Como se sabe, los altos precios de los fármacos afectan a los usuarios, pero especialmente a los enfermos crónicos y a la tercera edad, por ello es una de las demandas más sentidas por la sociedad nacional. El mercado de los remedios es muy complejo y está controlado en un 90% por las tres cadenas de farmacias del país. Parece propia de la globalización una tendencia concentradora, donde pocos actores gozan de amplios márgenes de control. Las cadenas pueden alcanzar más eficiencia, lo que se traduce en ahorro de costos, pero también se corre el riesgo de que tanto las farmacias como los laboratorios caigan en conductas abusivas, contrarias a la libre competencia.
En Chile existen 2.397 medicamentos bioequivalentes registrados en el ISP, dentro de los cuales se encuentran los fármacos de mayor uso por parte de la población. Éstos se reconocen porque en el rótulo del envase contiene una franja amarilla. La bioequivalencia es la certificación que garantiza que los medicamentos genéricos tienen la misma calidad, eficacia y seguridad que el remedio original o de marca, obteniendo el mismo efecto terapéutico.
La Fiscalía Nacional Económica presentó el año pasado una propuesta de catorce recomendaciones para avanzar a un mercado más competitivo, entre ellas, introducir más medicamentos bioequivalentes, lo que va en el sentido correcto: la idea es avanzar hacia el beneficio de la población nacional.
El título de la ley 21208 habla de conductas que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía publica utilizando métodos violentos. Señalando en el artículo 268 septies: "El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo".
Por de pronto y en un primer análisis, ante una interrupción parcial de la circulación de personas o vehículos, si quienes marchan y ocupan la calzada, no la interrumpen completamente, (por ejemplo, dejando un paso para situaciones de emergencias o ingreso de residente del sector) y tales actos no debiese ser punible, lo mismo si con ocasión de este desplazarse, se efectúa de manera pacífica y no con las categorías de violencia e intimidación que exige la ley. Tampoco debiese ser punible tales conductas
Que claramente los hechos visibilizados a partir del 18 de octubre de 2019, desbordaron con creces cualquier normativa sancionatoria especial y casuística; debido a la dinámica y multiplicidad de formas, en que el hastío y el descontento social se ha expresado hasta hoy día, cuando ya se cumplen 107 jornadas de manifestaciones. Sin embargo, nuevamente el legislador y el ejecutivo, renuncian a exigir a los operadores de la justicia penal, la aplicación los delitos de daños simples o calificados o la simple sanción con conductas contravencionales a la ley del tránsito como hasta ahora había sido posible.
Así las cosas, se genera nuevamente una normativa al calor de los acontecimientos, cuyo efecto político-criminal inmediato es la pérdida del elemento simbólico de la sanción, pues resulta ingenuo y voluntarista pensar que, por efecto puro de la ley, la protesta social cesará. Se insiste en el control del orden público, vía sanción penal, cuyo fracaso está más que probado a nivel comparado y nacional (ley encapuchados).
Asimismo, la norma no resuelve algo crucial, esto es, el impedimento del ejercicio del derecho a la protesta social, que se ejerce simplemente, caminando y marchando, cantando y bailando, y en cientos de formas más, por la vía pública, sin autorización previa y pacíficamente, derecho que reconoce y protege, incluso la cuestionada Constitución Política de la República.