Almendra Valenzuela Valenzuela e Isaac López, fueron los soberanos del Verano Ollagüino 2020, la actividad contó con la participación de 4 clubes: San Antonio de Padua que obtuvo el primer lugar, segundo lugar la agrupación Ollagüe, tercer lugar Jakta Masi y la agrupación los Volcanes de Ollagüe, el cuarto lugar.

La actividad se prolongó por 6 días en donde se desarrollaron variadas jornadas deportivas y la mayoría de ellas se desarrollaron bajo lluvias, fuertes tormentas eléctricas y vientos que no afectaron el desarrollo de las pruebas.

La ceremonia de coronación se efectuó en dependencias del estadio techado, que contó con la presencia del alcalde (s) Joaquín Alfaro, el concejal Marcos Gaete y representantes de la comunidad y la grata sorpresa, fue la presencia del alcalde titular Carlos Reygadas, quien llegó, pese a estar en reposo médico y sometido a un prolongado tratamiento de salud.

La autoridad pese a estar pocos minutos quiso acompañar a los participantes en esta actividad, donde él ha sido el principal promotor por muchos años, destacándola como una actividad que entretiene a la juventud ollagüina durante la época estival y entrega una sana alegría a sus habitantes.

La jornada final bailable estuvo a cargo de las agrupaciones Contrabando de Amor, procedente de Calama, Tropical Sound de Iquique y Pachak procedente de Bolivia.

Pablo Orellana G.

Un brusca disminución en la recepción de multas de tránsito registró el Juzgado de Policía Local de Calama, luego del inicio de la crisis social y precisamente en el período que comprende los meses de octubre a diciembre del año pasado.

"Tras las manifestaciones ocurridas después del 18 de octubre de 2019, el trabajo en el juzgado se volvió bastante difícil, sobre todo en lo que se refiere a la recepción de multas de tránsito, porque estas tienen una secuencia de entrega, y esa correlación no se pudo hacer con normalidad producto de las dificultades que hubo en ese período", explicó el juez Manuel Pimentel sobre esta situación en particular.

"En principio abríamos las dependencias todos los días, pero en algún momento debimos cerrar y cuando la tensión y los problemas se manifestaron con mayor frecuencia, y la recepción de multas y partes de tránsito bajaron ostensiblemente durante ese período", agregó Pimentel al respecto.

Baja en los partes

Con la atención puesta en el orden y seguridad, Carabineros redujo el rol fiscalizador durante octubre a diciembre pasado, "lo que impactó en una baja de hasta un 70 por ciento de multas y partes recibidos. Y nos llamó la atención que aunque se trate de una baja muy brusca aún así hayan cursado algunos que sí llegaron al juzgado", agregó Manuel Pimentel sobre los efectos que tuvo la contingencia social tras el estallido de octubre del año pasado.

Según Pimentel y previo al malestar social, "teníamos el ingreso promedio de 500 a 600 multas diarias, y tras el descontento social estas bajaron a 60, lo cual dice la brusca disminución que tuvieron los partes de tránsito que ingresaron al Juzgado de Policía Local", detalló.

Y agregó que "las audiencias programadas también bajaron, y si antes teníamos un promedio de 60 personas que debían venir, éstas bajaron a unas 20, lo cual también tuvo un impacto en lo administrativo", explicó.

Lo bueno

Uno de los aspectos que favorecieron el trabajo del Juzgado de Policía Local durante los tres últimos meses del año pasado, "fue la poca afluencia de personas a las oficinas. Esto generó un impacto positivo puesto que se pudo actualizar el trabajo pendiente que se mantenía en el juzgado, y también permitió efectuar atenciones de forma más expedita", agregó Manuel Pimentel.

El abogado también comentó que "pese a contar con poco personal, hemos logrado dar respuestas a los requerimientos que necesitan los usuarios del juzgado. En ese ámbito pudimos dar cobertura pese al complicado ambiente que se generó en octubre y hasta diciembre pasado".

Dijo que ahora están en un período de vacaciones, las que incluyen a los funcionarios, pero que aún así están doblegando esfuerzos para mantener una buena atención al público, y a prepararse para lo que viene,

"Aún cuando sea incierto el panorama a los próximos meses. Eso el tiempo lo dirá. De momento esperamos seguir entregando una buena atención, y porque se han reactivado algunas normalidades del aspecto diario del trabajo con la salvedad de que en verano también disminuye el trabajo producto de las salidas de personas de la ciudad, pero comenzaremos a prepararnos para marzo próximo", dijo.

"Impactó en una baja de hasta un 70 por ciento de multas y partes recibidos. Y nos llamó la atención que aunque se trate de una baja muy brusca aún así hayan cursado algunos que sí llegaron al juzgado"

Manuel Pimentel, Juez de Policía Local

600 partes recibía el Juzgado de Policía Local previo al estallido social, cifra que disminuyó ostensiblemente.

El Sindicato de Trabajadores N°3 de Chuquicamata, liderados por el abogado Carlos Orellana, presentó una solicitud de cautela de garantías contra el Tribunal de Garantía de Calama, por la incautación de equipos computacionales, teléfonos celulares y archivos contables del gremio de Codelco, por considerar que la medida fue "totalmente desproporcionada".

La acción, detalló el profesional, busca aclarar las razones por las que la juez otorgó una autorización de incautación de manera tan amplia e intrusiva a la Fiscalía: "Es una orden totalmente desproporcionada a la calidad de las personas que conforman los sindicatos, porque ellos no son imputados por la querella, ellos son nombrados y no se señala en qué calidad, si son testigos, imputados o investigados", explicó.

En esta misma línea, Orellana agregó que "no se da la fundamentación a la resolución que autoriza esta incautación desde el Tribunal de Garantía, porque aquí se vulneran la inviolabilidad del hogar y lugar de trabajo; la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, porque no solo piden celulares del sindicato, sino que los equipos personales, y un delito de estafa no contempla situaciones tan gravosas".

Asimismo, dijo que se les pidieron los registros de los computadores hasta 30 años y no por el periodo que se está investigando que es 2005 al 2017, "esto no tiene lógica y prácticamente dejaron el sindicato sin funcionamiento, esta es una investigación desformalizada que no puede alterar o afectar otros derechos de las personas que, supuestamente, están involucradas". Al mismo tiempo, el abogado recalcó que en esta investigación no se trata de esclarecer un crimen.

Posible nulidad

Orellana, quien destacó que no tienen reclamos respecto a la forma en que se llevó a cabo la incautación por parte de la PDI, detalló que la acción fue presentada el sábado pasado y que el próximo jueves 6 de febrero se realizará una audiencia, en la que, eventualmente, podrían solicitar la nulidad de la diligencia, si es que la juez de garantía establece que hubo vulneración en el proceso.

30/01 El jueves de la semana pasada tuvo lugar la incautación en los sindicatos 1, 2 y 3, y la intermediaria GyS.