Cristián Venegas M.

Luego de la fiscalización a las obras del rodoviario que concretó ayer la seremi de Bienes Nacionales, Tamara Aguilera, tercera desde que se aprobó la segunda prorroga del proyecto que construye la Inmobiliaria e Inversiones P y R; la autoridad constató que la construcción no presenta avances relevantes, por lo que decidió terminar el contrato, cobrar la boleta de garantía e iniciar un nuevo proceso de licitación del terminal de buses que ya suma tres años de retraso.

"Hemos estado permanentemente fiscalizando estas obras, entendiendo lo importante que es para los calameños el hecho que los buses ya no circulen por el sector céntrico y urbano de la ciudad y podemos constatar en terreno que no existen avances significativos. Además, no se está cumpliendo con el proyecto que se había presentado originalmente y, en segundo término, que la obra es liviana y no de la calidad que se comprometió en algún momento", apuntó Aguilera.

Asimismo, la seremi precisó que tampoco se ha construido un segundo nivel, que estaba comprometido en el último proyecto que presentó la empresa, el que tampoco ha sido validado.

En este contexto, dijo que "las oportunidades fueron dadas, y es por lo mismo que no solo aplicaremos las multas correspondientes, que en este caso es hacer efectiva por segunda vez la boleta de garantía de 4.500 UF (128 millones de pesos), además daremos por terminado el contrato que tiene con Bienes Nacionales e iniciaremos un nuevo proceso de licitación".

Respecto de cuánto podría extenderse la nueva licitación, la secretaria regional dijo que entre dos a tres meses y que "lo vamos a apurar porque entendemos que esta es una prioridad para Calama y que merecemos un terminal que se viene prometiendo desde el año 2013", celeridad que no descartó se pueda topar con la judicialización por parte de la empresa: "Es una posibilidad, pero el incumplimiento de contrato es muy notorio".

Están trabajando

Consultado el arquitecto y director de Desarrollo de la Inmobiliaria e Inversiones P y R, Felipe Banda, sobre la decisión de la seremi de Bienes Nacionales de terminar el contrato, aseguró, junto con expresar su sorpresa, que "se está trabajando para terminar el proyecto en el plazo que nos queda, el proyecto sigue en pie y por supuesto que me sorprende. Estamos trabajando para eso (terminar la obra), hemos tenido múltiples dificultades, pero estamos trabajando con ese objetivo y me sorprende, porque estamos ejecutando la obra de acuerdo a lo planificado".

Una burla

La diputada, Paulina Núñez, quien también fue parte de la fiscalización, dijo que la empresa "se ha burlado de los calameños, presentó un proyecto y hoy es público y notorio que no lo está cumpliendo y no solamente con los plazos, sino que con el diseño que se presentó y que nos hizo soñar con un terminal de primera categoría (...) el término del contrato es una decisión que está tomada y que le hemos hecho ver al ministro y no tengo duda que nos apoyará en la medida".

05/06 vence la segunda prórroga entregada por Bienes Nacionales a la Inmobiliaria e Inversiones P y R.

$128 millones (4.500 UF) es el valor de la segunda boleta de garantía que haría efectiva Bienes Nacionales.

$2.300 millones fueron invertidos por la Inmobiliaria e Inversiones P y R, en la primera etapa del rodoviario.

Ayer se llevó a cabo la audiencia de cautela de garantías solicitada al Juzgado de Garantía por el abogado del Sindicato de Trabajadores N°3 de Chuquicamata, Carlos Orellana, quien consideró "desproporcionada" la incautación que llevó a cabo la Fiscalía en la sede del gremio, desde donde la PDI retiró equipos computacionales, teléfonos celulares y archivos contables.

Diligencias que son parte de la investigación que busca establecer supuestos sobreprecios en los pagos de pólizas de seguros de vida y accidentes personales, cobrados a los trabajadores de Chuquicamata y Radomiro Tomic entre 2005 y 2017, lo que fue denunciado por Codelco, que presentó una querella por estafa contra quienes resulten responsables.

Acceso a la Carpeta

"No hay gente formalizada ni imputada, pero hay una investigación y habían algunas medidas tan intrusivas, invasivas, que era necesario que hubiera un control del Juzgado de Garantía que le permitiera a nuestra parte conocer cuáles son las razones, los fundamentos, para algo tan gravoso", explicó el abogado sobre el motivo de la audiencia solicitada.

Procedimiento que terminó con éxito para los dirigentes, luego que el tribunal accediera a que la Fiscalía les entregue los antecedentes en un plazo de siete días, "aunque podemos revisar la causa desde hoy y tener acceso a toda la información y poder ejercer los derechos de nuestros representados", destacó el profesional.

"Para nosotros era muy importante, porque en cierto modo estábamos en la indefensión al no saber qué situaciones podían venir y suceder en un futuro muy cercano. Entonces, hoy podremos ejercer los derechos si se pide alguna diligencia y, si así lo estimamos, oponernos a ellas", agregó.

Pedir nulidad

Respecto de si tienen espacio para revertir la incautación a la que fue sometido el Sindicato N°3 y sus dirigentes, medida que se extendió además a los gremios 1 y 2 de Chuquicamata y el sindicato de Radomiro Tomic; el abogado dijo que "podríamos apelar, eso está en estudio, pero lo veo difícil en este momento, es muy pronto y tenemos plazo todavía".

"Incluso, detalló Carlos Orellana, pudimos ir por más y reclamar la nulidad a la Corte de Apelaciones y anular toda la actuación que se hizo, bajo el fundamento que se habrían vulnerado los derechos fundamentales de nuestros representados, pero es una situación que estamos analizando".