Redacción
El abogado Ignacio Barrientos Pardo, ha debido asumir el cargo de Defensor Regional en el actual contexto de la crisis del coronavirus y, por lo mismo, liderar la ofensiva en la región de la Defensoría para conseguir que la mayor cantidad de personas privadas de libertad, y que tengan condiciones de salud complejas o estén presas por delitos de baja peligrosidad, puedan ser sacados de las cárceles y en su lugar, sean puestos, por ejemplo, bajo arresto domiciliario.
Es que justamente las condiciones de hacinamiento de las cárceles las convierten en un posible foco de expansión de la enfermedad. Además, según Barrientos y la Defensoría, hay un abuso de la prisión preventiva en Chile.
"La prisión preventiva, decimos nosotros, es una medida cautelar excepcional. Si uno se detiene a analizar las estadísticas en la materia se sorprende. La misma Corporación Administrativa del Poder Judicial chileno señaló tiempo atrás que de cada 10 solicitudes de prisión preventiva que se formulan por los fiscales, se decretan 9. Es un número inquietante. Los estados deberían, en este escenario sanitario tan preocupante, tender a reducir la población penitenciaria", afirma.
¿Qué está haciendo puntualmente la Defensoría Penal para dar celeridad a este tema?
-Desde el comienzo de la emergencia hemos impulsado la revisión de las prisiones preventivas de personas pertenecientes a grupos de riesgo. Nuestro defensor nacional y todo su equipo pusieron énfasis en esta tarea. A la fecha hemos presentado alrededor de 30 solicitudes de revisión de prisión respecto de personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas, mujeres con hijos lactantes y adolescentes. Ya tenemos los primeros resultados y son buenos. Aproximadamente 9 adolescentes han recuperado su libertad. 6 personas de categorías de riesgo también fueron liberados. Tenemos alrededor de 9 audiencias a realizarse la próxima semana donde se discutirá la revisión. Además, a nivel regional hemos implementado un plan de revisión de gestión de causas de imputados privados de libertad que, en su primera etapa, persigue la revisión de causas en razón de una serie de criterios que nos permitan discutir la modificación de la prisión preventiva.
¿Cuál es el balance que hace la Defensoría de las condiciones sanitarias de los penales de la región?
-Tal como lo han señalado una serie de organismos nacionales e internacionales en un escenario de emergencia sanitaria como el actual las personas privadas de libertad son un grupo especialmente vulnerable, dada las condiciones propias de las restricciones que viven y porque además tienen poca capacidad por sí mismas para adoptar medidas eficaces de precaución. Sin perjuicio de la existencia de cárceles concesionadas, en que las condiciones de higiene pudieran estimarse mejores, Chile aún tiene cárceles en deplorables condiciones, un ejemplo claro de ello es la cárcel de Calama. No se puede perder de vista que las condiciones de habitabilidad de las cárceles resultan las más propicias para la propagación de un virus como el COVID-19. Y ello puede ocurrir, no obstante los loables esfuerzos que ha hecho Gendarmería a nivel regional.
¿Cuántas personas presas estiman que deberían ser beneficiados con la sustitución de medida cautelar en la región?
-Esta es una pregunta difícil de responder, nosotros esperamos que sea una buena cantidad. De un listado de 30 casos de personas de grupos de riesgo que recibimos, nosotros presentamos 17 solicitudes de revisión. El resto correspondía a defensas particulares y personas condenadas recientemente respecto de las cuales no podemos pedir la sustitución. No obstante, en dos o tres casos en que presentamos solicitudes nos percatamos después que tenían abogados particulares, quienes ejercieron sus derechos en adelante, pero lo que queremos recalcar es que estamos muy preocupados por la situación de todas las personas privadas de libertad, sin distinción de ninguna naturaleza. Ahora bien, con el plan que estamos implementando y ejecutando a nivel regional, que no solo incluye a personas de grupos de riesgos, estimamos que la revisión puede alcanzar a 60 personas más.
"Sin perjuicio de la existencia de cárceles concesionadas, en que las condiciones de higiene pudieran estimarse mejores, Chile aún tiene cárceles en deplorables condiciones, un ejemplo claro de ello es la cárcel de Calama".
