Cristián Venegas M.

El miércoles fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón a contar de 2025. Iniciativa que adelantaría en 15 años el plazo de cierre de estas instalaciones que programó en 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera.

Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Félix González (Ecologista Verde), explicó que el proyecto surge porque en Chile "hay un consenso de que hay que cerrarlas, pero el anuncio del Presidente fue de un no cierre, porque se trató de una firma con las empresas generadoras que se comprometían a cerrarlas el 2040 y pensamos que se tienen que cerrar por ley".

Esto, agregó el parlamentario por la región del Bío Bío, porque el actual plazo "es condenar a gente que ya tiene metales pesados, como por ejemplo un niño que hoy tiene 10 años, a seguir respirando veneno, metales pesados, como el mercurio, arsénico, zinc, por otros 21 años".

"Aquí no hay dos posiciones, o uno está por la salud y la vida de las personas o está por las empresas y las termoeléctricas, como pasa ahora. Obviamente tiene que haber una reconversión y opciones para todas las personas que tendrán que cambiar de trabajo, porque es importante que tu trabajo no haga daño a otras personas o a tu propia familia", complementó González sobre su postura.

Costos muy altos

Una mirada distinta plantea el diputado RN por la región de Antofagasta, José Miguel Castro, quien sostiene que el cierre en el 2025 que plantea el proyecto tendrá un impacto negativo en la empleabilidad , con 15 mil empleos indirectos en juego, y un gasto que el país no puede solventar, pues el proceso de cierre costaría entre 10 a 15 mil millones de dólares.

"Creo que es una discusión que ha quedado completamente a medias y sin ningún respaldo económico. Es complicado apurar un proyecto que no estaba con urgencia y más aún si a eso le sumamos que no fue escuchada la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt", opinó el congresista, sobre el proyecto que además considera de una naturaleza "expropiatoria".

Castro dijo además que "entendiendo que todos tenemos el espíritu de que desaparezcan las centrales termoeléctricas, uno no puede votar, en las condiciones en que estamos, en un proyecto de 15 mil millones de dólares que piensa en expropiaciones. No era el momento ni la rapidez con la que votó el presidente (González) y nos obligó, prácticamente, a votar en contra".

"Poca ambición"

Por su parte, la diputada regional Catalina Pérez, quien apoya la iniciativa, recordó que en junio de 2019 el Gobierno anunció el cierre de las termoeléctricas en dos etapas y "hemos criticado la poca ambición de fijarlo al 2040 considerando el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) en que establece la necesidad de reducir el calentamiento global en 1,5 grados, para lo cual es necesario reducir en 35% las emisiones al 2030 y a 0% en 2050".

La congresista, quien sostiene que los plazos son razonables para el cierre de las generadoras (31 de diciembre de 2025), añadió que el proyecto apuesta a la reconversión energética de esta centrales y la reconversión laboral, generando un proceso de "transición justa" para que no sean los trabajadores los que paguen los costos.

Sobre el trámite de la iniciativa, Pérez precisó que "se aprobó la idea de legislar y ahora lo que viene es el proceso de discusión en particular y ahí esperamos contar con la presencia de la ministra (Schmidt), también con organizaciones territoriales que han dado una pelea bien larga y bastante ardua, sobre todo en sectores de sacrificio, como Mejillones o Tocopilla".

40% de la electricidad que utiliza hoy el país, se genera en las 28 centrales termoeléctricas a carbón de Chile.

Seis comunas aglutinan a las 28 centrales: Mejillones, Tocopilla, Iquique, Huasco, Puchuncaví y Coronel.

13 centrales termoeléctricas repartidas entre las comunas de Mejillones y Tocopilla, tiene hoy la región.

35% deberían reducirse las emisiones de gases al 2030 para descender 1,5 grados la temperatura del mundo.

El lunes pasado el diputado RN, Issa Kort, quien integra la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, envió una carta a La Moneda dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde cuestiona dos de los nombres propuestos al Mandatario en la quina elaborada por la Federación de Trabajadores del Cobre, para asumir el lugar de Raimundo Espinosa en el directorio de Codelco, que deja la mesa tras ocho años en el cargo.

Los cuestionamientos del parlamentario a los dirigentes Alberto Muñoz (Sindicato 1) y Mario Lobos (Sindicato 2), se basan en la querella que presentó Codelco en enero, contra quienes resulten responsables de una supuesta estafa producida a través del sobreprecio en las primas de los seguros de vida y accidentes personales, contratados por los sindicatos de trabajadores de Chuquicamata para sus asociados.

Respuesta sindical

A través de una carta, los sindicatos de trabajadores 1, 2 y 3 de Chuquicamata solicitaron a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara que "evalúe" el actuar del diputado Kort, pues junto con manifestarse abiertamente partidario de los dirigentes de la división El Teniente, se entromete "en los asuntos internos de la FTC.

"Intentando afectar su autonomía, independencia y la libertad sindical, al vulnerar la presunción de inocencia de dos consejeros nacionales de dicha Federación y, tratar de influir en su decisión respecto a los nuevos miembros del directorio de Codelco, al propio Presidente", agregaron.

El escrito señala además que el diputado, además, " vulnera abiertamente la presunción de inocencia de dos consejeros nacionales, consagrada tanto a nivel legal y constitucional, miembros de la quina propuesta de la FTC, al dar por hecho el éxito de la aventura legal iniciada por Codelco en contra de una veintena de dirigentes sindicales".

Por último, en la carta apelan a lo establecido en Constitución que en su artículo 60 inciso 4 establece que "cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, público o privado".

Cinco nombres componen la lista elaborada por la FTC, entre ellos Alberto Muñoz, Daniel Díaz y Mario Lobos.