Son, al menos, 55 las ollas comunes que se han instalado en la capital regional, las que también se han dispuesto en otras localidades como Calama y otras localidades. Es la respuesta a una situación extrema de personas y familias que lo están pasando muy mal. Resulta notable que la primera respuesta de ayuda sea de los propios vecinos y de entidades populares como la Vega de Antofagasta, que han hecho enormes esfuerzos por prestar auxilio.

Es cierto que se han sumado empresas y organizaciones civiles, pero son los propios habitantes del territorio quienes han llevado el esfuerzo y han liderado desde los espacios, esta solución que da esperanza.

A pesar de lo que pueda decirse, el tejido social no está roto y se restablece con estas acciones de enorme consecuencia.

Hay algo que debemos tener muy presente y es que las dos crisis recientes han puesto en evidencia la fragilidad de la sociedad local, manifestada en un éxito económico evidente por un lado y una pobreza creciente, por otra.

No son situaciones contradictorias en ningún caso. La Región de Antofagasta es un territorio que ha alcanzado notables cifras macroeconómicas en reducción de pobreza, igualdad e ingresos, entre otras.

Pero al mismo tiempo, ha sido un atractor de pobreza y ha tenido un olvido palpable con muchos territorios, especialmente de las ciudades, que han sido postergados e invisibilizados, dejados a su suerte, sin ayuda pública, con manifestaciones concretas en una pobre calidad de vida y una escasa o inexistente oferta de bienes de uso público.

Un análisis del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, explicitó que en la capital regional son unas seis mil personas las que se apoyan y comen gracias a estas acciones. Esa es la magnitud y el impacto de esta acción.

El llamado a colaborar es amplio. Nuestra región no merece este momento y es tiempo de tender la mano, honesta y cariñosa a quienes hoy lo necesitan. La urgencia es hoy, por una cuestión de respeto por la humanidad, quienes puedan aportar con comida o recursos, deben hacerlo.

Desde que comenzó la pandemia en el país y en la región, el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han implementado una serie de medidas ante el Covid 19 y ajustado las prioridades, específicamente de nuestro sector para cuidar la salud de funcionarios y usuarios, considerando las temáticas y áreas que abarcan nuestros seis servicios. Como cartera presentamos el Plan de Acción "Justicia Te Cuida" como un marco general de las iniciativas y medidas aplicadas por parte de las instituciones dependientes, las cuales se han ido fortaleciendo y actualizando, lo que también nos permite realizar una evaluación positiva -a la fecha- de cómo ha sido el funcionamiento y la atención hacia la ciudadanía.

Uno de los servicios más demandados ha sido el Registro Civil e Identificación. Hoy es estratégico y desde el inicio su atención ha sido presencial con un alto compromiso de sus funcionarios y aplicando medidas para cuidar la salud de sus usuarios. En este periodo, también se han generado iniciativas permitiendo dar mayores facilidades a las personas que lo requieran, como la obtención en línea de nuevos certificados gratuitos, entre otras.

Gendarmería de Chile también se ha visualizado como una institución trascendental, que ha estado a la altura de esta emergencia sanitaria. Además de atender y vigilar a las personas privadas de libertad, ha optimizado sus recursos e impulsado acciones; ejecutando los protocolos sanitarios de manera oportuna. A la fecha, 111 internos a nivel regional (de una población total de 2.089 internos e internas) han resultado positivos, con más del 80% ya recuperado.

En tanto, el Servicio Nacional de Menores ha tenido una respuesta positiva en los casos positivos registrados en el Centro de Justicia Juvenil de Antofagasta y en una residencia colaboradora. Los funcionarios también han destacado por su compromiso y responsabilidad ante esta contingencia.

El Servicio Médico Legal ha cumplido un rol importante durante esta pandemia, reforzando sus protocolos en la identificación de fallecidos, en casos donde existe una acción criminal o una causa de muerte que deba ser investigada y desarrollada en un juicio legal.

Mientras que la Corporación de Asistencia Judicial se mantiene entregando orientación jurídica de forma remota y realizando audiencias a través de videoconferencias. El contexto es distinto, no obstante, han aprovechado las herramientas digitales para llegar a más personas; difundir alguna temática, responder consultas o bien, orientarlas en sus inquietudes, dando acceso a la justicia pese a la emergencia sanitaria. En tanto, la Defensoría Penal Pública realiza un importante trabajo con las personas privadas de libertad, manteniendo sus atenciones y procurando llevar a cabo el plan de revisión de prisiones preventivas desarrollado por la institución, que permitido también descongestionar las unidades penales.

Continuaremos trabajando en equipo liderados por nuestro intendente Regional, Edgar Blanco y la autoridad sanitaria ya que, sin duda, esta emergencia nos ha puesto a prueba, para optimizar nuestras atenciones y seguir impulsado acciones para las personas, priorizando siempre, su salud y la de sus familias.

Uno de los argumentos utilizados para aprobar el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, fue que era de sentido común que si uno es propietario de esos fondos tenga derecho a retirarlos. La causa adquirió masiva adhesión y se dice que por temor a ser funados quienes hasta hace unos meses eran contrarios del retiro votaron a favor.

Los legisladores más que votar por sus ideas, lo hicieron por temor a ser funados en redes sociales, la tercera cámara no sería el Tribunal Constitucional, sino Twitter, Facebook o Instagram.

Por estos días también se formalizó de cargos a una persona a quien se le imputa el delito de violar una joven que se suicidó, como el juez de garantía decretó arresto domiciliario para el imputado mientras dure la investigación, las redes explotaron, se suscitaron cacerolazos y otras acciones de rechazo contra la resolución judicial.

Porque a las redes sociales no solo les quedó gustando legislar, sino que ahora van por más, también quieren juzgar, aunque virtualmente ya lo hacen, pero no de manera oficial. Más aún si hoy parece de sentido común que si alguien denuncia a otro, ese otro es ya culpable aunque no haya prueba alguna para comprobarlo; por cierto que los medios de comunicación tienen también su cuota de responsabilidad en aquello porque más que informar, culpar viene a ser la noticia.

Sin embargo los jueces deben actuar sin dejarse presionar y con independencia, aunque para algunos la práctica racional del derecho sea un ideal, porque los magistrados no pueden deshacerse de su filtro cultural, pero los jueces tienen las leyes, pruebas, testimonios y otros antecedentes que se rinden en el juicio para encontrar la convicción y certeza jurídica con que argumentar sus sentencias sobre la culpabilidad o absolución de una persona.

Si algún iluminado quisiera reponer la pena de muerte en Chile, este sería el momento apropiado, solo aplicar una encuesta preguntando si se está de acuerdo con aquello de que "El que mata debe morir", es muy probable que menos de un 10 ciento estaría en contra, ya que por estos días el Código de Hammurabi prevalecería.

Tal como aconteció con los parlamentarios que legislaron a favor el retiro de los fondo de las AFP, habrá que ver si en este caso en particular el día del juicio oral los jueces temerán, también, ser funados por las redes sociales, de ser así imperará, entonces, la justicia popular, el poder judicial estará demás, peor que para el día del juicio final.