Costo de vida v/s beneficios sociales
"En regiones como la nuestra, por ejemplo, una gran consecuencia de esta realidad es la disminución del poder adquisitivo". Giovanni Rivera Tapia, Ingeniero comercial
"Santiago no es Chile" nos repetimos a menudo. Toma fuerza esta frase que suena un poco beligerante pero que encierra una gran crítica a los gobiernos que durante años han desoído nuestro sentir respecto a nuestra posición en el mapa. A menudo nos preguntamos qué pasa con la defensa de los derechos y necesidades de las diversas áreas del territorio nacional -en especial de las zonas extremas-, versus la gran capital.
Entonces pareciera ser que lo que entiende la autoridad central por "costo de vida" no refleja la diversidad o personalidad de nuestros territorios; más bien desestima los elementos endógenos de cada región; como geografía, relaciones de intercambios y desarrollo de mercados locales. Ante el actual escenario, resulta fundamental que la implementación de políticas públicas deje de ser estandarizada y considere componentes económicos regionales, como las diferencias reales del costo de vida en las distintas zonas de nuestro país.
La evidencia demuestra que la región de Antofagasta es un 18% más cara que la región Metropolitana, si consideramos el precio de la vivienda como indicador referencial o proxy de costo de vida, utilizar este proxy no es descabellado, teniendo en consideración que gran parte del presupuesto familiar de los chilenos se destina a la vivienda, ya sea por el pago de hipotecas o en concepto de arriendo.
El principal efecto de no corregir las diferencias económicas de las distintas zonas en las políticas públicas es que podríamos estar subestimando o sobreestimando el impacto de dicha medida. En regiones como la nuestra, por ejemplo, una gran consecuencia de esta realidad es la disminución del poder adquisitivo de nuestros habitantes.
Un ejemplo aún más desalentador es la entrega del subsidio habitacional, beneficio que se otorga tanto en la compra de una vivienda como para el arriendo. Dicho beneficio resulta más perjudicado al no contar con componentes diferenciales; en años anteriores un tercio de los beneficiarios devolvieron este tipo de asistencia al no encontrar oferta en la región.
Otro ejemplo de lo anterior es el ingreso familiar de emergencia (IFE). Si pensamos en una familia de dos personas que recibe un IFE de 200 mil pesos, aplicando los indicadores de costo de vida de la región de Antofagasta, por ejemplo; el beneficio en términos reales sería sólo 160 mil pesos, la diferencia sería de 40 mil pesos menos en comparación con una familia que reciba el mismo beneficio, pero localizada en la RM.
Es de esperar que la autoridad central deje de implementar políticas públicas homogéneas y haga los esfuerzos necesarios para implementar políticas nacionales con un enfoque territorial; de esta manera no solo estaríamos aportando en corregir la desigualdad de los diversos territorios de Chile, sino también, entregaríamos el mismo poder adquisitivo a los habitantes de nuestra región.