V. Toloza Jiménez

"A las regiones les va mal, a Antofagasta le ha ido peor", estima Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN respecto al problema de la inversión pública en regiones.

Y su opinión es categórica: el Estado se ha quedado atrás en sus obligaciones y ha intentado traspasar esa responsabilidad al sector privado presente en la zona.

Lo primero que llama la atención es la enorme brecha entre la inversión privada y la pública efectuada específicamente en esta región. ¿Qué efectos, estimas, ha traído aquello?

- La brecha entre la inversión pública regional efectiva y la inversión privada en la región de Antofagasta es gigantesca, mientras que desde el 2010 el sector público invirtió un total de 3.152 millones de dólares en toda la década, sólo 2 proyectos construidos por el sector privado en el mismo periodo (desaladora de Escondida y el yacimiento de Sierra Gorda) más que duplicaron esa cifra.

Esa combinación de alta inversión privada y elevados déficit de inversión pública ha sido un pésimo resultado, no es adecuada para la sustentabilidad y estabilidad social de la región. El grueso de los habitantes de la región, han quedado como observadores de un crecimiento que está lejos de experimentar en su bienestar y calidad de vida.

Más de alguien podría pensar que se instala la impresión de que estamos en presencia de un territorio marcado por la ausencia de lo público…

-'La Región de Antofagasta en la distribución de la inversión total en el país ocupa una posición secundaria; lo cual, significa que no existen los recursos para resolver en un horizonte razonable los rezagos que se han ido acumulando en esta década: campamentos, déficit de infraestructura básica, ausencia de espacios públicos, parques, mejora de la calidad de servicios fundamentales como salud y educación, etc.

Los datos reafirman el juicio de que Antofagasta aporta mucho al país, pero recibe poco de vuelta…

- Se ha construido una percepción muy distorsionada desde el centro de la realidad antofagastina, que señala que al ser un polo de la minería, no requiere recursos, dado que están los aportes del sector privado para subsidiar su desarrollo; eso nunca ha sido así, es una ficción para justificar la desinversión pública que afecta a la región. El Estado chileno ha tenido un enfoque ideológico muy marcado con Antofagasta, ha querido desplazar su responsabilidad al sector privado.

-¿Dónde se han invertido fundamentalmente estos recursos?

- Esa es otra historia, esta década ha tenido un 30 % de mayores recursos que la década anterior. El grueso de la inversión pública se ha destinado a obras sectoriales de impacto limitado, a financiar infraestructura asociada a la mejora de la calidad de la salud y la educación. El problema ha sido que el conjunto de la población no percibe los cambios, la calidad de la salud y la educación no han mejorado en este tiempo. Hasta el 2010, la gente percibía el desarrollo de bienes públicos integradores, como fueron las carreteras, los hospitales, las playas artificiales, las grandes vías de conexión urbana. En cambio en esta década, la inversión fue dispersa, fragmentada adoleció o no tuvo una visión común e inclusiva.

-Qué pasa con caídas en los aportes al sector vivienda, por ejemplo. ¿Qué efectos han acarreado esas políticas?

- La inversión sectorial antofagastina siempre ha estado impulsada por dos grandes sectores inversores, obras públicas y vivienda. Lo lamentable, fue que desde el 2010 la inversión de vivienda en la región disminuyó a un tercio de lo que había sido históricamente, de un promedio de 120 millones de dólares a 40 millones de dólares para recuperarse recién el 2015. Ese es el rezago que actualmente experimenta la región en materia de infraestructura urbana, que se ha expresado en un déficit exponencial de la vivienda social, alza de arriendos y aumentos de campamentos, afectando a los sectores más postergados.

Número de habitantes

Rodríguez sostiene que la inversión per cápita, que es mayor en la zona, no es un buen índice para medir el desarrollo.

"Entonces Ollagüe o María Elena debieran estar mejor que Antofagasta y sabemos que no es así", apunta.

Otro asunto que llama la atención es el bajo nivel de inversión, considerando el presupuesto total de la nación. Este 2020, por ejemplo, el presupuesto llegó a US$ 74 mil millones, es decir, aproximadamente un 10% del total se va a inversión efectiva al territorio.

- De acuerdo, pero adicionalmente vuelvo a subrayar que hasta ahora la región de Antofagasta ocupa un lugar secundario en la distribución de ese 10% del presupuesto, que se distribuye a los territorios. A las regiones les va mal, a Antofagasta le ha ido peor.

-¿Estimas que esta incapacidad de lo público para responder a las demandas de todo tipo es lo que hace que la ciudadanía, e incluso la autoridad, pida recurrentemente recursos a los privados de la zona?

- Mi impresión, es que la industria debe convertirse en un socio colaborador del desarrollo de ámbitos estratégicos claves como son el empleo local, la calidad de la educación y la salud. Tampoco, comparto que este aporte debiera ser una cosa voluntaria como algunos creen, sino una retribución justa con la zona donde se localizan los recursos que se extraen, y que ha experimentado todos los impactos socio ambiental de la actividad.

Si se lograra un acuerdo en torno a una visión compartida del desarrollo regional, evitaríamos las conductas que describes, que se llaman clientelismo, dependencia, una enfermedad muy negativa para la región y para la industria.

Así expuestas las cosas, el Estado parece no tener capacidad para responder a las distintas demandas y entonces se abre la discusión de más impuestos… Al parecer, en Chile, hay sectores que pagan poco comparado con otras naciones.

- Antes de ir a más impuestos, lo primero es disminuir la mala distribución de los recursos que existen, lo fundamental es corregir esa asimetría negativa, no ganaríamos mucho si se cobraran mas impuestos pero siguiéramos ocupando el lugar marginal que ocupamos a la hora del reparto. En pocos meses habrá una elección de gobernadores regionales, que a pesar del escaso interés del gobierno central de dotar de recursos y capacidades, debiera significar una inflexión, un cambio de la ruta que hemos seguido, un nuevo actor que debiera encabezar las transformaciones que la región ha esperado por largo tiempo.

"Esa combinación de alta inversión privada y elevados déficit de inversión pública ha sido un pésimo resultado, no es adecuada para la sustentabilidad y estabilidad social de la región".