Gobierno no firmará el Acuerdo de Escazú "atendida la ambigüedad de sus términos"
RR.EE. Dijo, entre otros motivos, que expone al país a demandas internacionales. Surgen críticas a La Moneda.
El Gobierno ratificó que no firmará el Acuerdo de Escazú, pacto de América Latina que busca garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y la justicia en el área ambiental.
La postura fue fundada en un documento de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, y que el canciller Andrés Allamand se aprestaba a exponer ayer en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Así, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, no contará entre sus firmantes con uno de los países impulsores cuando se gestó. El pacto ya cuenta con nueve de las 11 ratificaciones.
Argumentos y críticas
El documento sostiene que para Chile es "inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica".
Argumenta que el pacto incluye principios que pasarían a tener una jerarquía superior, modificando y condicionando los que ya reconoce el ordenamiento jurídico chileno; que, al proteger el derecho a vivir en "un medio ambiente sano", generaría controversias con el "derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", ya contenido en la Constitución chilena, por la discusión en torno al término "sano"; y cuestiona el reconocimiento y la tutela a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, pues -para el Gobierno- ello traería implicancias constitucionales y desigualdad ante la ley frente a otras agrupaciones de derechos humanos.
Otro reparo es que el tratado "expone al país a demandas ante tribunales internacionales por problemas de interpretación" de las nuevas regulaciones. En particular, Chile podría ser demandado ante la Corte Internacional de Justicia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La ratificación de La Moneda provocó críticas. Heraldo Muñoz, excanciller y líder del PPD, expuso en Twitter: "Chile no firma el Acuerdo de Escazú que lideró el primer Gobierno de (Sebastián) Piñera y que explícitamente apoyó en el actual (mandato). Al argumento sin fundamento de que suscribirlo arriesgaría una demanda de Bolivia, se sumaron otras consideraciones que no son más que excusas. Piñera debió haberse disculpado en el discurso ante la ONU".
Sebastián Benfeld, champion de Escazú por la Cepal y líder de la campaña "Escazú Ahora Chile", lamentó "profundamente" la decisión y dijo que el presidente Piñera "acaba de desmoronar la imagen que quería proyectar al exterior como líder medioambiental y la credibilidad del país cae estrepitosamente".