Hace 52 años que los Poderes Ejecutivos de Chile y de Paraguay acordaron concederse mutuamente un Depósito Franco y una Zona Franca de Paraguay en Antofagasta, así como un Depósito y Zona Franca de Chile en Paraguay. Ese país era gobernado por un régimen militar y 5 años después también en Chile los militares tomaron el gobierno, lo que podría explicar la demora en que los respectivos Poderes Legislativos convirtieran en leyes esos acuerdos. Pero ambos países viven en democracia al menos los últimos 30 años y aunque ese acuerdo tomó rango legal, todavía no hay Depósito ni Zona Franca de Chile en Paraguay, mientras que ese país tampoco puede operar aún su Zona Franca en Antofagasta. Por lo menos, en agosto del 2005 quedó operativo el Depósito Franco Paraguayo en Puerto Antofagasta, tras una intensa campaña de la Cámara de Comercio y otros sectores empresariales antofagastinos. Sin embargo, el mediterráneo país no ha usado aún esta facilidad para su comercio exterior, pese a tenerla totalmente a su disposición.

Una de las razones esgrimidas antes era la falta o mala calidad de los caminos, lo que fue superado con la construcción y pavimentación hasta el Paso de Jama, tanto en Chile como en Argentina. Tanto así que buena parte de los camiones que pasan por Jama vienen y van a Paraguay, pero no por sus facilidades aduaneras en Antofagasta, sino con vehículos usados y electrodomésticos comprados en la Zona Franca de Iquique. El gobierno paraguayo ha nombrado diversos administradores de su Depósito Franco en Puerto Antofagasta, pero por allí no ha pasado carga de exportación ni de importación. Y en 2016 los respectivos Ministros de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores de Chile y Paraguay visitaron las 10 hectáreas asignadas en el sector de La Negra, a la salida sur de Antofagasta -de las que se hizo entrega, en la práctica- para que funcione la Zona Franca del Paraguay, dentro de la zona de apoyo logístico que allí construirá la Empresa Portuaria Antofagasta.

Pero, desde entonces, no se conoce ninguna acción concreta de empresarios o del gobierno de Paraguay para urbanizar e intentar utilizar esa importante facilidad para su comercio exterior. Por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas de Chile viene preparando desde hace un par de años el Reglamento para hacer operativa la Ley de la Zona Franca del Paraguay, que está totalmente vigente, pero que no puede funcionar sin ese reglamento.

Por otra parte, no se conocen los avances en la localización y posibilidades de operar del Depósito Franco y de la Zona Franca de Chile en Paraguay. Ni tampoco se conocen empresarios interesados en instalar una "cabecera de playa" chilena en el corazón del centro-oeste sudamericano, que permitiría la venta de productos chilenos en esa vasta área con proyección no sólo a Paraguay, sino a varios Estados de Brasil e incluso a mercados de Bolivia y del noreste argentino, lo que generaría carga de retorno para disminuir los costos del transporte terrestre.

Menos comprensible aún es que ni empresarios paraguayos ni chilenos procuren utilizar el Depósito y Zona Franca del Paraguay en Antofagasta, que podría ser un centro de distribución de carne y productos lácteos paraguayos para el resto de Chile y para los mercados del océano Pacífico, en lugar de que esos productos tengan que viajar hasta Mendoza para ingresar por el Paso de Los Libertadores a Santiago y de allí distribuirlos a los mercados chilenos, viajando más de dos mil kilómetros adicionales para llegar al norte de Chile o buscar su salida al Pacífico.

No cabe duda que las incivilidades y acciones delictuales han tenido un aumento en nuestra comuna durante este último tiempo, y si bien el combate a la delincuencia no es competencia ni atribución del Municipio, no hemos querido estar ajenos.

Es por ello, que realizamos una serie de medidas para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, entre ellas la reposición de alumbrado público, el cual fue afectado por constantes robos, y que gracias a nuestra gestión ya iniciamos las primeras labores en el parque Granaderos. También, abarcaremos parte de la avenida Balmaceda, Circunvalación y entrada de Calama, la cual nunca ha estado iluminada y presenta un peligro para los conductores. Este plan, tiene duración cercana a los tres meses donde etapa terminada etapa iluminada, lo que representará mayor tranquilidad y recuperación de espacios públicos que son tan relevantes para todos.

A esta acción, se le suma la adquisición e implementación de cámaras de seguridad, alarmas con chicharra y sensores de movimientos para diversas sedes sociales que también se han visto vulneradas.

Asimismo, y por parte de nuestra Dirección de Seguridad Pública, se ha gestionado el financiamiento de cinco cámaras con inteligencia artificial, sumado a que ganamos el Fondo Nacional de Seguridad Pública, consiguiendo un dron de última generación para un patrullaje aéreo en zonas de mayor conflicto y en coordinación de Carabineros.

De igual forma, hemos recuperado más de 100 espacios públicos habitados por personas en situación calle, previa coordinación con nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario para entregarles apoyo a dichas personas, lamentablemente y en la gran mayoría de casos, no aceptan estas ayudas volviendo a ocupar otros lugares.

Sin embargo, seguiremos en trabajando con la misma fuerza, sin dejar de lado las capacitaciones a las juntas de vecinos y por supuesto las puertas abiertas para el diálogo, ya que en esto estamos todos juntos y vamos por más, porque seguiré incansablemente, siempre en terreno, ocupado de las necesidades de mi gente.

Daniel Agusto Pérez

Alcalde de Calama

El índice nacional de medición de la situación delictual del país y de la percepción de inseguridad de la población mostró una caída, llegando a 27,4%, la cifra más baja de toda la serie histórica (desde 2000), informó la Fundación Paz Ciudadana.

El resultado fue 13 puntos porcentuales menos que el 40,6% observado en 2019. El informe mide el porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento de robo, sin embargo, anotó que la percepción de temor de la ciudadanía sigue en alza.

Normalmente la victimización y el delito son condiciones que tienen factores multidimensionales que las provocan, pero lo más probable es que en este caso la pandemia y las cuarentenas que han limitado el desplazamiento de las personas han influido también en la cifra de menores delitos. Igualmente, la revictimización, entendida como el haber sido víctima de más de un ilícito en el año, fue de un 17,7%, cifra menor que el 26% observado en 2019.

Además, el reporte muestra que, a pesar de la baja en los hogares con víctimas, el nivel de temor alto se mantiene entre los años 2019 y 2020, especialmente porque un 55,1% cree que el actual nivel de delitos de su comuna aumentará en los próximos doce meses. Las personas tienen temor a ser víctimas de un robo o ataque y pese a los esfuerzos que realizan los organismos que tienen que ver con la prevención y el control, no ven logros significativos.

Es cierto que el tema de fondo en la delincuencia es que muchas familias no han tenido oportunidades educacionales y laborales para desarrollarse, pero no hay que desconocer que aun teniendo esas oportunidades, los caminos del delito ofrecen el atractivo del dinero fácil con mínimo esfuerzo. Y mientras se hacen los cambios que permitan un sistema educacional más integrador, hay que dar respuesta a los problemas que enfrenta hoy la gente.

Por ello, las instituciones y autoridades requieren de nuevos modelos de gestión que fortalezcan las acciones preventivas y de persecución criminal inteligente, que reemplacen una estructura esencialmente reactiva.