Hace unos días se conoció un nuevo robo de equipos de la red de alerta temprana de tsunami instalada en la región. En esta ocasión desconocidos se llevaron equipos desde una de las estaciones de Antofagasta, afectando temporalmente las capacidades de este sistema.

No se trata de la primera vez que esto sucede, de hecho en los últimos tres años se han registrado al menos once robos similares en estaciones de Mejillones, Tocopilla, Taltal y Antofagasta.

Paneles solares y baterías son los principales blancos de los delincuentes, que parecen conocer muy bien las vulnerabilidades de las instalaciones.

Pero no es el único ejemplo del accionar de ladrones o vándalos contra infraestructura importante en la región. Los caminos y carreteras de la zona la sufren constante destrucción y el robo de distintos elementos, como letreros y demarcaciones, en magnitudes que poco se conocen.

El Ministerio de Obras Públicas (Mop) a través de la Dirección Regional de Vialidad, anualmente destina una inversión aproximada de $1.000 millones en reparar o reemplazar señalizaciones verticales y barreras en las rutas interurbanas no concesionadas de la región.

Estos recursos están distribuidos en diez contratos globales que tienen por objetivo mantener el estándar vial de las carreteras, precisamente frente a contingencias como robos, vandalismo y, por supuesto, también accidentes.

Cabe hacer presente que la destrucción, robo o vandalismo que sufren constantemente elementos como la red de alerta de tsunami, las demarcaciones viales o los semáforos -que como sabemos han sido afectados a extremos nunca vistos en las protestas- son un atentado doloso a la seguridad de todos.

Cuesta entender que personas seguramente avecindadas en la región, se empeñen en inutilizar este tipo de bienes, cuyo valor económico es apenas una fracción del valor que tienen para la comunidad.

La irracionalidad y la irresponsabilidad de estos actos debe ser condenada con firmeza, por los costos que involucra, pero fundamentalmente por la inseguridad que acarrea para todos nosotros.

Hace unos días leía una cita de Simon Sinek que me llamó a la reflexión, considerando el rol que debe cumplir la educación técnico profesional en nuestro país. La cita señalaba "No contratas por habilidades, contratas por actitud. Siempre puedes enseñar habilidades", lo que va a contracorriente del modelo meritocrático impuesto en nuestro país, donde al parecer la gran cantidad de títulos universitarios que poseas aseguran un futuro esplendor, al menos en el papel (pero eso es harina de otro costal).

En efecto, la mudanza, obligatoriamente constreñida por la necesidad, de un sistema de educación terciara volcado al requerimiento de profesionales universitarios, va paulatinamente dando paso a la necesidad de contar con personas trabajadoras, con conocimientos prácticos -habilidades- que den vida a la teoría, y que llenen el vacío dejado por el exceso de "cascos blancos".

De esta manera la enseñanza técnico profesional (TP) genera esta oportunidad de entregar habilidades para el mundo laboral, requeridas por la industria y que cuenta con una serie de bondades, a saber: adquirir estas habilidades requiere de un costo reducido -en comparación con las Universidades-; pueden ser entregadas en un espacio de tiempo corto, por lo que el estudiante puede en un período reducido de tiempo contar con una certificación en habilidades que le permiten ejercer un empleo; permite el reconocimiento de aprendizajes previos y que más o menos desarrollados, presenta una tremenda oportunidad de reconocer la experiencia adquirida en el transcurso de años de trabajo; permite mayormente la comunión entre trabajo y estudio, atendida la flexibilidad de sus módulos.

Ahora bien, la enseñanza de habilidades no es nada nuevo en el mundo globalizado, que en experiencias comparadas de países como Canadá, Alemania y España (solo por nombrar algunos) resulta una tremenda oportunidad de estudio, y de poder insertarse en el mudo del trabajo a temprana edad, permitiendo adquirir habilidades a temprana edad, lo que se traduce en la posibilidad de optar a especialización, todo ello en el mismo tiempo en que un profesional termina de prepararse para el mundo del trabajo, y que muchas veces ni siquiera sale listo para ello.

Así, el largo tiempo empleado en preparar un profesional, unido a la necesidad de contar con técnicos para nuestro país, y el hecho que genera un gran número de probabilidades de especialización, tornan a la educación TP ya no en solo una alternativa, sino en una posibilidad cierta. En este sentido, nuestro país dio un tremendo paso en este sentido al regular los Centros de Formación Técnica Estatales -uno en la región de Antofagasta, ubicado en Calama a pedido de la descentralización- que además de entregar gratuidad a sus estudiantes que cuenten con los requerimientos, tienen la misión de formar técnicos de nivel superior en concordancia con las necesidades sectoriales de la región.

Sebastian Loins Campillay

Fiscal CFT región de Antofagasta

Hace una década se promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Se trata de una normativa que ha resultado decisiva en el fortalecimiento de la democracia en Chile y en el desarrollo de una institucionalidad que dé respuesta a la mayor demanda ciudadana por ser protagonista en los procesos de definición y toma de decisión de las políticas públicas que impactan en la calidad de vida y las expectativas de las personas y comunidades.

En el país existe un creciente interés de los chilenos y chilenas por tener mayor injerencia en los asuntos públicos y la promoción de liderazgos locales, que se vinculen de manera directa y transversal con el Estado, sus autoridades y con el resto de las organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, la Ley 20.500 apuntó precisamente a abordar esas demandas. Por un lado, impulsando la asociación entre las personas, estableciendo el marco legal, sus límites y el rol del Estado en el apoyo a la asociatividad, con el propósito de facilitar la asociatividad a los ciudadanos, robusteciendo así el tejido social.

Y por otro, la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, donde el Estado reconoce a las personas el derecho a participar en sus políticas, planes, programas y acciones, para lo cual, los órganos de la Administración deben establecer los mecanismos de participación que tienen las personas y organizaciones sociales en el ámbito de su competencia.

Desde la División de Organizaciones Sociales estamos enfocados en liderar, robustecer y acompañar este proceso, desplegando una serie de programas, medidas y acciones destinadas a lograr una mayor y mejor participación de la sociedad civil. En pandemia, el rol de los dirigentes y organizaciones sociales ha sido fundamental para enfrentar este enorme desafío de combatir el Covid-19, de manera inclusiva, solidaria y colaborativa.

Los esfuerzos deben seguir en esa dirección, ya que la confianza entre los ciudadanos y las instituciones son un pilar fundamental para configurar espacios de participación que encaminen a Chile a la construcción de una sociedad más integrada, próspera y con un alto compromiso de todos los ciudadanos en el desarrollo del país que anhelamos.