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Proyecto de royalty minero es aprobado por la Cámara de Diputados y lo despacha al Senado

CONGRESO. Ratificado que la iniciativa pasa a su segundo trámite legislativo, la reacción de los gremios no tardó. Fue así que el presidente de la Sonami, Diego Hernández instó al Senado a considerar que "aquí se juega el destino de una industria".
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Cristián Venegas M.

El proyecto de ley que establece un royalty minero a modo de compensación en favor del Estado por la explotación del cobre, el litio y de otros minerales; fue aprobado ayer en general por la Sala de la Cámara de Diputados, por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, y enviado a su segundo trámite legislativo en el Senado.

La moción parlamentaria, presentada en 2018 por el diputado de la región, Esteban Velásquez (FRVS), establece una compensación equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos, recursos que deberán destinarse en un 25% a un Fondo de Convergencia Regional.

Este Fondo estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento.

Respecto del 75% restante se destinará a financiar iniciativas en las regiones mineras, en materia de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera; para desarrollo de infraestructura crítica y digital; o para inversión o investigación en universidades estatales.

Por valor del cobre

El texto aprobado contempla además una tabla creciente del margen de la compensación que se deberá entregar frente a escenarios donde el precio del cobre exceda los dos dólares por libra y hasta superar los cuatro dólares.

Asimismo, se determina que el monto que exceda del 3% ya mencionado será destinado a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por covid-19 y sus sucesivas prórrogas. Una vez terminada dicha declaratoria, los ingresos pasarán a las arcas fiscales.

"consecuencias graves"

La aprobación generó la inmediata reacción de gremios del sector, fue así que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández dijo que se trata de "una noticia muy negativa (...) ha primado el clima electoral que enfrenta el país y se ha olvidado el interés nacional y la visión estratégica de desarrollo país. Aquí no ha habido un debate técnico, serio e informado".

El ex presidente ejecutivo de Codelco, quien había advertido que el royalty en la práctica significaría "no tener más minería en Chile", agregó que el impuesto "desincentivará de inmediato la inversión y pondrá en serio peligro la competitividad de nuestra industria (....) va a tener consecuencias muy graves para la minería y la economía nacional, porque son niveles de tributos imposible de resistir".

Sobre la tramitación que ahora seguirá su curso en el Senado, el ejecutivo los llamó a actuar considerando el interés nacional y el que "aquí se juega el destino de una industria que, a vía de ejemplo, en los últimos quince años ha realizado un aporte relevante a la economía y desarrollo nacional, generando el 13% del PIB que registró Chile, el que se eleva a más del 20% considerando los efectos inducidos, además, junto con el 20% de la inversión total, el 60% de las exportaciones y el 14% de la totalidad de los ingresos fiscales".

"Carece de proporción"

La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), gremio que reúne a 240 empresas del sector, considera que el impuesto es desproporcionado pues "no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas".

En este sentido, agregaron desde la Asociación que "de aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos".

Tras la aprobación Velásquez dijo que "a esto que hablamos de respetar los recursos naturales hoy le hemos puesto valor agregado, porque a través de un proyecto de ley en la Cámara decimos que no es suficiente que las empresas paguen sólo parte de las utilidades después de todos los deducibles que hacen (...) Hoy comenzamos a establecer un derecho y un principio que tiene que ver con que las compensaciones lleguen a los territorios. Es un primer gran paso para comenzar a recupera, recobrar y revalorizar los recursos naturales de norte a sur".

"Proyecto ha salido enriquecido"

La diputada Marcela Hernando dijo que desde que se ingresó el proyecto en 2018 "ha sido una larga pelea y finalmente luego de todos estos años lo hemos llevado a la Sala y ha salido enriquecido durante su tramitación, ha tenido varias indicaciones, una de ellas, de mi autoría, tiene que ver con favorecer la reindustrialización del país. Esta indicación lo que hace es conceder algunas rebajas con el fin de estimular a las empresas a que exporten cobre con valor agregado, de tal manera que aquel que exporte cobre en concentrado, pague el máximo de los impuestos".

Aseguran que Chuquicamata externaliza unidades de negocio que son estratégicas

CODELCO. Fuentes al interior de la empresa explican que no habrá despidos y que se trata de funciones puntuales en las que se necesitaba de cierta especialización.
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Esta semana los presidentes de los sindicatos de trabajadores de Chuquicamata recibieron una carta en que la administración divisional explicaba que, en virtud de sus facultades para organizar, administrar y dirigir, incorporó un nuevo sistema de seguridad mixto, es decir, un servicio de guardias privados que se centrarán en los controles de acceso a la operación.

En respuesta, la presidenta del Sindicato de Trabajadores N°2, Liliana Ugarte, dijo lamentar la decisión de externalizar unidades de negocio de la división que, a su juicio, son estratégicas. Entre estas los Talleres, gran parte del Mantenimiento, Laboratorio Químico Central, donde se analizan productos que se exportan, y la Seguridad del Terminal Vial y Protección Industrial (PI).

"Esta labor de protección de nuestras instalaciones y fronteras industriales se tornará completamente vulnerable al ser desarrollada de manera mixta como señala la administración, por personal ajeno a este negocio, con intereses distintos a los nuestros, que reportan a un empresario privado y no al Estado", argumentó la dirigente, quien agregó que la intención última de la empresa es "tercerizarlo todo".

Posición que el directorio del gremio también hizo ver al gerente general de la división a través de una carta.

Siguen en chuqui

Desde la división declinaron referirse a esta materia, sin embargo fuentes al interior de la empresa explicaron que "el proceso de distribución de labores de los vigilantes (Policía Industrial) precisamente pasará a desarrollar labores más estratégicas de control y prevención al interior de la división, dejando a guardias en las puertas de acceso. Es decir, siguen formando parte de la división, pero ahora en un rol más estratégico como por ejemplo para proteger a las personas y prevenir ilícitos".

"Los vigilantes tienen una formación, preparación y entrenamiento no especial y sin duda pueden ser mucho mejor aprovechados en otras labores", explicaron. En este sentido, cabe destacar que en la minería de la región, Chuquicamata es la única empresa que cuenta con vigilantes, puesto que en las faenas mineras la seguridad industrial está a cargo de empresas de guardias.

Ejemplo de ello también son las puertas del edificio Corporativo de Codelco en Calama que desde su apertura contó con guardias de empresas privadas especializadas.