Con el 100 % de las actas electorales procesadas y el 99,295% contabilizadas, Pedro Castillo es el candidato con más votos en las elecciones presidenciales peruanas con 8.807.114 sufragios, mientras que un fiscal anticorrupción solicitó prisión preventiva para la candidata Keiko Fujimori (8.740.416 votos) por presuntamente incumplir las restricciones judiciales de la investigación en su contra por posible lavado de activos.

Si bien al cierre de esta edición aún restaba el 0,705% de los votos por contabilizar, y ese porcentaje es mayor al que separa a Castillo de la candidata Keiko Fujimori (0,40 puntos porcentuales), es inviable que se pueda revertir este resultado.

Ni la tendencia de las últimas horas, ni la certeza de que gran parte de los votos que restan por contabilizar provienen de una región (Datem del Marañón, Loreto) en donde Castillo domina por 67%, habilitan una recuperación de la candidata derechista.

La ventaja en votos de Castillo es de 68.473 y de un 50,19% frente al 49,80% de Fujimori y solo resta por contabilizar 608 actas que están siendo revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) por diversas tachas, impugnaciones, errores materiales o falta de las firmas correspondientes, entre otros asuntos.

Apenas la mitad de esas actas observadas proceden de zonas donde Fujimori es la candidata más votada, casi todas de Lima (273), mientras que el resto se reparten en áreas donde Castillo es el amplio ganador.

Anulación del voto

Está previsto que hoy se termine el recuento de los votos que restan, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la única autoridad con capacidad para nombrar al ganador de la contienda, tendrá que esperar a resolver el pedido de Fujimori para anular 802 actas (aproximadamente 200.000 votos) en zonas donde Castillo es el más votado.

Fujimori y su organización política, Fuerza Popular, denunciaron la existencia de aparentes irregularidades y "fraude de mesa" en esas actas con el fin de sacarlas del recuento.

Ahora el JNE que recibió esos pedidos de impugnación de mesa deberán analizar las denuncias una por una y decidir si aceptan sacar esos votos del cómputo oficial.

Se espera que este proceso tarde entre una y dos semanas para culminar, entre impugnaciones, análisis y recursos que se pueden plantear antes de que el JNE nombre a un ganador de los comicios.

Prisión preventiva

Por su parte, Fujimori calificó de "absurda" la solicitud de un fiscal anticorrupción para que se dicte prisión preventiva en su contra por haber incumplido las restricciones judiciales de la investigación que la persigue por lavado de activos.

"Lo más absurdo de todo es la razón por la que está solicitando este cambio", de comparecencia por prisión efectiva, aseguró Fujimori en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por Miguel Torres, quien es testigo del caso y admitió que ha mantenido cercanía con la campaña electoral de Fujimori.

Precisamente el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, pidió que se revoque la comparecencia a Fujimori por haberse reunido con Torres a pesar de que se le prohibió mantener contacto con los testigos e implicados en la investigación que se le sigue.

En concreto, Pérez citó la una conferencia en la que se presentó a Torres como vocero político de la persona jurídica de Fuerza Popular.

La candidata arriesga más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales, un juicio que eludiría de resultar electa.

La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, consideró que el pedido fiscal "carece de toda base legal y fáctica", y dijo que espera que el juez Víctor Zúñiga, a cargo del caso, "declare improcedente esta petición".

"Esperemos que luego de notificado este requerimiento (...) el juez penal la declare improcedente, no solamente por ser innecesaria, sino porque carece de toda lógica", dijo la abogada.

50,19% de preferencias tiene el candidato Castillo de Perú Libre, frente al 49,80% de Fujimori de Fuerza Popular.

0,705% de los votos falta por

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a El Salvador que adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal puede implicar "significativos riesgos", por lo que instó a las autoridades a "un análisis muy cuidadoso".

El organismo se refirió así a la aprobación en El Salvador de una ley sobre el Bitcoin, que lo convierte en el primer país del mundo en aceptar esa criptomoneda como medio de pago legalizado.

"Adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso", señaló Gerry Rice, portavoz del FMI, sobre la iniciativa del Gobierno salvadoreño.

Rice recalcó que "el uso criptomonedas puede suponer significativos riesgos", por lo que sugirió que debería haber "unas medidas efectivas de regulación".

Actualmente, un equipo del Fondo negocia con las autoridades salvadoreñas la aprobación de un programa de asistencia financiera por valor de 1.300 millones de dólares por la crisis económica derivada por la pandemia.

La Ley Bitcoin, aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña y que entra en vigor en 90 días, tiene como objeto su regulación como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier titulo que las personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Pedro Castillo, quien no ha sido proclamado de manera oficial como futuro presidente, y declaró que su "victoria" es un "avance en la lucha popular" de Latinoamérica. Por su parte, el gobernante de Bolivia, Luis Arce, manifestó que su país "se une a la celebración del pueblo peruano y felicita al hermano Pedro Castillo". En paralelo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández informó que se comunicó con Castillo para transmitirle sus felicitaciones por salir "electo" y para manifestarle su deseo de unirse "en favor de América Latina".