Japón anunció que investiga la muerte de dos personas que fueron vacunadas contra covid-19 con uno de los lotes de Moderna fabricados en España y bloqueados tras detectarse contaminación en algunas dosis.

Las autoridades niponas consideran ambos casos como "sospechosos" de ser una reacción a la vacuna, aunque por el momento se desconoce si hay conexión directa entre los fallecimientos, la vacunación y las impurezas presentes en ciertos viales, según informó el Ministerio de Salud.

Las dos personas, de 30 y 38 años, fallecieron después de recibir la segunda dosis de la vacuna este mismo mes, y habían sido inoculados con dosis procedentes de los tres lotes de Moderna producidos en España cuyo uso se paralizó el jueves tras detectarse "sustancias anómalas" en algunos frascos.

CAUSAS en INVESTIGACIÓN

El Ministerio japonés ha informado todas las muertes en personas vacunadas "con el fin de aportar transparencia" a su sistema para monitorizar la seguridad de los fármacos contra covid-19, y declaró que estudiará "la relación y posibles causas" de las estas dos muertes en un comité de expertos.

"Por el momento, no tenemos pruebas de que haya relación entre la vacuna de Moderna y las muertes, pero es importante llevar a cabo una investigación formal para determinar si hay conexión", declaró por su parte y en un comunicado conjunto, Moderna y su distribuidora en Japón, la farmacéutica Takeda.

Las autoridades niponas decidieron bloquear por precaución tres lotes de vacunas contra covid-19 que sumaban 1,63 millones de dosis, que fueron distribuidas para su uso o que ya habían sido aplicadas, tras detectarse impurezas en 39 viales del fármaco.

En torno a medio millón de personas fueron inoculadas en Japón con dosis de los lotes afectados, todos procedentes de la misma planta de la farmacéutica española Rovi, principal proveedor del país asiático de la vacuna estadounidense de Moderna.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Perú (PNP) allanaron durante la última jornada varios inmuebles del partido Perú Libre y de su fundador y secretario general, Vladimir Cerrón, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que persigue a esta formación política marxista, con la que el presidente Pedro Castillo ganó las recientes elecciones.

A través de una resolución judicial, difundida por varios medios peruanos, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido fiscal y ordenó el allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes en siete locales vinculados a Perú Libre.

Entre estos inmuebles figura el domicilio del líder y fundador del partido, el médico Vladimir Cerrón, quien cumple actualmente una condena de 4 años de prisión suspendida (sin cárcel) por un delito de corrupción que cometió cuando era gobernador de la región centro andina de Junín, entre 2011 y 2014.

El operativo, según detalla la resolución, busca "hallar información financiera contable consistente" de Perú Libre desde 2008, dentro de la investigación del caso denominado "Los dinámicos del centro", que indaga la presunta financiación ilegal del partido a través de cobros realizados por la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde los funcionarios pedían supuestamente sobornos a los solicitantes de licencias de conducir.

Cerrón y otros miembros del partido son investigados por la presunta comisión "del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal en agravio del Estado".

El caso de abrió en 2019 y el año pasado la fiscal Bonnie Bautista decidió incluir a Cerrón en las indagaciones después de analizar un informe de la Procuraduría, que se basó en transcripción de audios así como las declaraciones de colaboradores eficaces. En esos testimonios fue señalada la presunta comisión de delitos del exgobernador.

Compleja indagatoria

Según la tesis del fiscal Richard Rojas a cargo del allanamiento, Cerrón habría liderado esta red de cobros ilegales para financiar las campañas electorales de su partido y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente y que le impidió ser candidato presidencial.

Además de Cerrón, en esta pesquisa también están involucrados otros dirigentes del partido oficialista, entre ellos el primer ministro Guido Bellido, quien supuestamente habría sido uno de los beneficiarios de ese dinero de procedencia ilícita en la última campaña electoral, donde resultó electo como congresista por la región andina de Cusco.

Hasta el momento hay 27 detenidos y según el medio peruano El Comercio, además del presunto lavado de activos, los delitos cometidos serían organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

Por su parte, Rafael Vela, fiscal superior de lavado de activos y quien está a cargo en segunda instancia del caso, dijo a El Comercio que se trata de una indagación "muy compleja, donde hay información muy importante de las actividades criminales previas que han sido informadas por parte de la fiscal Bonnie Bautista", sobre el financiamiento irregular del partido Perú Libre.

Por su parte, el abogado de Cerrón, Josué Gutiérrez, reclamó "instrumentalización del Ministerio Público y el Poder Judicial para la "criminalización de la política".

"Volvemos a la canibalización política", arremetió.

Un niño palestino de 12 años murió ayer producto de las heridas sufridas por disparos del Ejército israelí durante una protesta junto a la valla de separación de Gaza que se realizó el sábado pasado, anunció el Ministerio de Salud del enclave.

La muerte del niño, identificado como Hasan Abu Al Nil, eleva a dos las víctimas mortales durante aquella jornada de protestas, tras el fallecimiento el miércoles de Osama Id'eih, de 32 años, y que también había sido gravemente herido por disparos israelíes.

Los enfrentamientos del sábado pasado entre el Ejército y los manifestantes fueron los más violentos en la zona desde 2019, dejando un saldo de más de 40 palestinos heridos, además de un policía de fronteras israelí, que sigue internado en estado grave.

Flexibilizan acceso

Tras una nueva protesta en la valla fronteriza el miércoles, que se anticipaba potencialmente explosiva pero que solo desencadenó incidentes menores con las fuerzas de seguridad, Israel decidió flexibilizar las restricciones en el acceso a Gaza.

Así, el Gobierno israelí amplió las autorizaciones para el acceso a la franja de bienes y equipamiento para proyectos civiles internacionales, como parte del paulatino alivio de restricciones tras la escalada bélica del mes de mayo.

Aunque esta semana Israel reforzó la frontera con más tropas y realizó dos bombardeos de represalia en el enclave, uno por las protestas del sábado y otro el lunes por el lanzamiento de globos incendiarios contra su territorio, la situación se enfrió en los últimos días.

La frágil calma que rige en la franja sigue siendo volátil desde que terminó la escalada de mayo, la más grave desde 2014 y que fue interrumpida por un alto al fuego mediado principalmente por Egipto, que esta semana cerró el cruce fronterizo con Gaza durante algunos días como represalia por las protestas del sábado.

2 muertos hubo en la protesta del sábado pasado, el menor de 12 años y un palestino de 32.

40 palestinos fueron heridos durante la protesta, con los choques más violentos en la zona desde 2019.