Mantener el 28% de la producción mundial de cobre, correspondiente a 9 millones de toneladas al 2050.
Contribuir al combate contra el cambio climático, logrando la carbono neutralidad al 2040.
Generar valor en los territorios donde está inserta, reduciendo la pobreza multidimensional y aumentando el bienestar social en estos al 2030.
Dos años de trabajo y la participación de más de 3 mil 500 personas requirió la elaboración de la Política Nacional Minera 2050 lanzada ayer en la división Ministro Hales de Codelco. Documento que establecerá, bajo pilares económicos, medioambientales, sociales e institucionales, un modelo de desarrollo más sustentable para la industria minera.
La política, involucra 78 metas de corto, mediano y largo plazo, con un plan de seguimiento que será liderado por el Ministerio de Minería y Cochilco. Así como un proceso de participación ciudadana, además de una actualización, también participativa, cada cinco años, según detalló el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, quien lideró ayer la ceremonia de lanzamiento.
Respecto a los siguientes pasos que deberá dar la PNM 2050, Jobet precisó que la política será sometida ahora a un proceso de participación ciudadana "en la que cualquier persona puede participar, estudiar la política y hacer comentarios, que luego se plasmarán en la versión final de la política que se promulga y entra en vigencia una vez que se incorporan esos comentarios".
"Es un espacio muy importante de participación, a pesar que el proceso ha sido muy participativo ya, con más de 3 mil 500 personas y muchos talleres, creemos que esta instancia final es muy importante para recoger las voces de todos y así asegurarnos que la política refleja las distintas visiones, de los distintos sectores y que todos la sientan propia, eso es muy importante para que podamos prolongar y sostener sus esfuerzos en el tiempo", complementó la autoridad.
Sobre cómo la PNM se implementará, en la práctica, en las empresas que componen la industria minera y si su implementación será más bien discrecional, el secretario de Estado aclaró que "esta política tiene metas de corto, mediano y largo plazo, que tienen que cumplir en algunos casos las empresas y en otros el Estado".
"Lo que vamos a hacer, agregó, es que esta política marque un conjunto de medidas que pueden ser proyectos de ley, cambios reglamentarios, ajustes normativos, cambios institucionales que permitan ir cumpliendo esas distintas metas, en distintos horizontes temporales y la política incorpora un pilar especial de institucionalidad que va a permitir hacer un seguimiento de las distintas metas y asegurar su cumplimiento".
Para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, gremio cuyas empresas socias producen el 95% del cobre nacional; el lanzamiento de la PNM 2050 "es un momento muy importante para Chile y para su sector minero. Por qué para Chile, por la minería es una de las locomotoras que tira de su desarrollo y forma parte de su ADN histórico y productivo, hay millones de chileno que viven en torno de la minería en el día a día".
"Es importante también para el sector, porque es bueno tener un derrotero a largo plazo que nos marque un camino de cómo seguir adelante en un desarrollo que tiene una característica fundamental y es que debe ser sustentable y eso quiere decir que debe contribuir más y mejor al desarrollo económico y social, y que debe cuidar mejor del medio ambiente. Tres desafíos tremendos plasmados en metas concretas y que tiene compromisos específicos no solo de la industria, sino que también de otra serie de actores del país que hacen posible que este camino se materialice", añadió Villarino.
2030 la meta es no superar el 10% de agua continental de las aguas totales utilizadas por la industria (5% a 2050).
2050 la PNM espera alcanzar la paridad de género en cargos directivos y un 35% en la industria en general.
2030 que 70% de la producción se sitúe en los primeros dos cuartiles de costos y doblar la inversión en exploración.
La Comisión de Minería del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que crea un nuevo impuesto a la minería, más conocido como "royalty". La iniciativa establece una compensación a beneficio fiscal por la explotación de cobre y litio, equivalente a una tasa mínima de 3% del valor de los recursos extraídos, la cual aumenta a medida que suben los precios.
El texto fue aprobado en la comisión por 3 votos, de los senadores de oposición, contra 2 de sus pares oficialistas.
La propuesta ha sido fuertemente rechazada por representantes de la industria minera. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, dijo esperar que en la discusión parlamentaria prevalezca "el interés nacional". A su juicio, las tasas aprobadas durante el paso del proyecto por la Cámara "son exageradamente altas" y harían inviable la minería privada.
La presidenta de la Comisión de Minería, senadora Yasna Provoste (DC), aseguró que durante la discusión particular habrá espacio para perfeccionar el proyecto.
"Tenemos que abandonar el lenguaje de las campañas del terror", dijo la también candidata presidencial de Unidad Constituyente respecto a las críticas a la iniciativa. Agregó que el objetivo es aumentar la carga tributaria de la minería "sin que lleve a pérdidas de competitividad en el mediano o largo plazo".
En tanto, el senador Guido Girardi (PPD) afirmó que lograr una "tributación justa" es clave para "legitimar" la minería. "La gente se sentía orgullosa de su minería en tiempos de la nacionalización del cobre, pero luego quedó en evidencia que las utilidades quedaban en pocas manos y hoy este sector no se valora y surge como un poder abusivo", planteó el parlamentario.
Desde el oficialismo, en tanto, insistieron en que el proyecto ingresado por Esteban Velásquez (FRVS) es inconstitucional, dado que la creación de impuestos es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Sin embargo, los senadores de Chile Vamos coincidieron en que es posible aumentar la contribución de las empresas del sector. "Todos estamos de acuerdo con que la minería puede aportar un poco más, solo me gustaría que esto se hiciera dentro del marco de la legalidad", comentó el senador Rafael Prohens (RN).