¿Hay algo de nuevo en las revelaciones que se contienen en los Pandora Papers?
En ellos se muestra de qué forma, a través de varias empresas, Piñera y su familia vendieron el proyecto de Minera Dominga.
En el contrato celebrado en Islas Vírgenes el precio de la Minera asciende aproximadamente a 138 millones de dólares; pero una de sus cláusulas dispuso que parte del precio - a pagar en diciembre del año 2011- estaría subordinado a que la zona donde la minera se encuentra no fuera declarada zona protegida. Hasta ahí todo parece razonable. Salvo por un detalle: la declaración de zona protegida de la que pendía el pago de nueve millones de dólares a las empresas de Piñera estaba bajo las facultades del gobierno que este último presidía. En otras palabras, dependía de la decisión del gobierno conducido por Sebastián Piñera que sus propias empresas recibieran ese saldo de precio (si no había declaración de zona protegida) o que no lo recibieran (si esa declaración se formulaba).
El conflicto de interés es flagrante: una misma persona -el presidente- custodiaba intereses contrapuestos. Si declaraba el área protegida, no recibiría el precio restante; si en cambio omitía hacerlo su patrimonio se incrementaba.
Ocurrió esto último.
Por supuesto podrá decirse que el asunto ya fue conocido por la justicia sin que se declarase ilicitud alguna (aunque no resulta del todo claro que la cláusula que se acaba de describir haya sido conocida entonces); y podrá incluso agregarse que ese tipo de cláusulas son habituales en los negocios (puesto que el precio de un proyecto inviable por decisión de la autoridad no es lo mismo que el de uno que carece de restricciones); pero aún así el problema persiste. Porque el problema no es si acaso la cláusula que subordina el precio a que una decisión no se adopte es o no habitual, sino que el problema deriva del hecho que el presidente bajo cuya autoridad estaba la decisión era la misma parte beneficiada con ella.
El presidente ha dicho que él jamás ha abrigado la intención de poner el interés propio por sobre el interés nacional y no cabe sino creerle; pero, de nuevo, ese no es aquí el problema. El problema no es si acaso Piñera deliberó en favor de sus propios intereses y en contra de los intereses públicos. El problema es que él, o aquellos en quienes él depositó su confianza y por los cuales él es también responsable, no vieron problema alguno en un conflicto de interés evidente, un conflicto que salta a la vista ante la más mínima inspección. El conflicto de intereses en que el presidente incurrió consiste en permitir que los intereses propios entren en colisión con aquellos que, en cuanto autoridad, debía tutelar.
Sí, es cierto. En realidad, no hay nada nuevo en estas revelaciones.
Pero ese es justamente el problema. Porque el problema es que la colisión de intereses entre el patrimonio presidencial y las tareas que el electorado le ha confiado ya parece habitual. Es cosa de recordar -nada más- cuán difícil fue en su momento el caso de Lan para advertirlo o el de una olvidada pesquera.
Y entonces ya no se sabe si son sus asesores, la desaprensión del presidente o la amplitud de su riqueza el problema. Lo único claro es que sea porque quienes lo rodean actúan mal (aunque no hay que olvidar que todo dependiente hace lo que supone su mandante aceptaría), sea porque el patrimonio de Piñera es demasiado grande (de suerte que no parece haber rincón donde no incida), sea porque el presidente es desaprensivo (y no comprende la importancia de las formas), lo cierto es que parece haber finalmente una cierta inconsistencia objetiva entre el patrimonio de Sebastián Piñera o su desaprensión o ambas cosas a la vez, por un lado, y la presidencia de la república, por el otro.
Hay cosas que uno anhelaría que fueran novedad.
Y es que cuando son viejas y algo repetidas parecen un síntoma o un tic o una pulsión indomable. Y entonces sí el problema es peor.
"En el caso Dominga se configuró un objetivo conflicto de intereses ¿ninguna nueva revelación? Ninguna; pero ese es justamente el problema.