Los secuestradores de 16 misioneros de EE.UU. y uno de Canadá en Haití pidieron un millón de dólares por la liberación de cada uno de los rehenes, lo que suma 17 millones de dólares, informaron medios estadounidenses, que citaron al ministro haitiano de Justicia, Liszt Quitel.

En declaraciones al diario The Wall Street Journal, el responsable haitiano explicó que el FBI junto a la policía de la isla están en contacto con la banda 400 Mawozo, que secuestró a los misioneros el sábado en las afueras de Puerto Príncipe.

Quitel consideró que las negociaciones para la puesta en libertad de los rehenes pueden llevar semanas.

"Estamos intentando lograr su liberación sin pagar un rescate. Esta es la primera vía de acción. Seamos honestos: Cuando les demos ese dinero, será usado para (comprar) más armas y municiones", dijo el funcionario.

Por otro lado, Quitel precisó al medio que los misioneros están retenidos en una casa fuera de Croix-des-Bouquets, una zona en las afueras de Puerto Príncipe controlada por 400 Mawazo y cerca del lugar donde fueron raptados por hombres armados el mediodía del sábado.

Los misioneros fueron secuestrados cuando viajaban en autobús después de visitar un orfanato. Entre los rehenes hay cinco niños y doce adultos de la organización Christian Aid Ministries, con sede en el estado de Ohio, Estados Unidos.

Los secuestradores se pusieron por primera vez en contacto con Christian Aid Ministries a las 16.43 hora local del sábado por su petición de rescate. Desde esa primera llamada, el ministro indicó que se han producido varias más.

Quitel agregó que el FBI, que envió a agentes sobre el terreno, y negociadores de la policía haitiana están asesorando al grupo religioso sobre cómo proceder. Pese a encontrarse en Haití, el FBI no lidera esas negociaciones ni se ha puesto en contacto directo con los secuestradores.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe la "brutal estrategia de represión" desplegada por el Gobierno cubano tras las protestas del 11 de julio de este año, que dejó al menos 130 casos de detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos.

Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, subrayó que esa estrategia tiene como objetivo "infundir miedo" y lamentó que los cubanos hayan sido "sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa".

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, subrayó que la organización, con sede en Nueva York, se basó para elaborar este informe en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares, activistas y periodistas realizadas entre julio y octubre.

Vivanco presentó ayer los resultados de la investigación en la universidad Miami Dade College, al cumplirse 100 días de las masivas protestas en Cuba.

Denuncias de abusos

Los 130 casos de violaciones de derechos humanos están relacionados con detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos a cargo de la seguridad del Estado, las fuerzas militares, la policía nacional y las "boinas negras", detalla el informe.

Subraya que las "brigadas de respuesta rápida", que son grupos de civiles organizados por el gobierno, "estuvieron implicados en varias golpizas".

Además, detalla que los "jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos".

El 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea, ante convocatorias hechas por redes sociales, en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.

Juicios grupales

HRW denunció que en la mayoría de los casos, los detenidos estuvieron incomunicados, fueron arrestados con violencia y en algunos casos maltratados y obligados a hacer "sentadillas desnudos", privados del sueño, encerrados en celdas sin luz natural o amenazados con represalias contra sus familiares.

"Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo", consigna el informe.

Agrega que muchos manifestantes pacíficos fueron condenados en procesos penales "sumarios" en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso.

"Fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como 'desorden público', basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad", precisa.

El caso ferrer

La organización, que detalla el caso de cada una de las víctimas, destaca en particular el de José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que fue detenido junto con su hijo el 11 de julio.

Agrega que el líder opositor, acusado de "desorden público", "se encuentra en prisión preventiva y se le ha negado la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde su detención".

En agosto la familia de Ferrer recibió un documento de un tribunal donde se indica que él cumpliría "una pena de 4 años y 14 días de cárcel por un incidente anterior no relacionado con su actual detención", indica el informe.