Entre los variados significados que podemos encontrar, la RAE nos enseña que celebrar significa ensalzar públicamente a un ser sagrado o un hecho solemne sea religioso o profano que lleva a personas organizadas a dedicar uno o más días a su recuerdo y a la realización de actos formales con las debidas solemnidades que la ocasión y lo celebrado ameritan.

En casi todas las acepciones consultadas están presentes los conceptos de formalidad, solemnidad, alabanza, alegría, agrado, y elogio, entre otros, dando a entender el carácter marcadamente festivo del concepto y el estado de ánimo que lo impulsa. Celebrar una victoria, un año más de vida, un acto religioso o un nacimiento, parecen actos que recogen fielmente el concepto en sus distintas acepciones.

Por ello llama la atención en estos últimos tiempos, el llamado a celebrar ciertos hitos con fuertes acentos segregadores y que no tienen por objetivo festejar o ensalzar a una persona, un hecho o un fenómeno social, sino levantar voces de protesta y de reivindicaciones sociales, económicas y culturales (todo lo cual es perfectamente legítimo y amparado por un Estado de Derecho moderno como el chileno) pero que lamentablemente van siempre acompañadas de otros actos innobles donde la violencia, el vandalismo y pillaje campean y son ensalzados y terminan enlodando y trastocando cualquier intento de conmemoración, alejándolo de sus originales intenciones. Finalmente es lo que termina acaparando las cámaras, luces y flashes, siendo ampliamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación. Lo que queda en el inconsciente colectivo, en la mente y recuerdo de los que son testigos o víctimas directas.

Sabemos que por esencia, la violencia es el no lenguaje, la ausencia total de interacción comunicativa, la renuncia total a cualquier forma o intento de dialogo, por lo tanto no podría estar en el centro de un debate donde lo que se persiguen son nuevas formas de organización, estructura y gestión del Estado, nuevos pactos sociales que incluyan y no excluyan, nuevos enfoques de desarrollo para un país que tiene todas las potencialidades para conversar de cerca con el Desarrollo. Algún lector podrá decirnos que el acto violento también comunica algo: molestia, rabia, resentimiento. Sin duda pero esa es precisamente la comunicación que hoy no se necesita, porque a la hora de la construcción su aporte es nulo.

Frente a los lamentables hechos de principios de semana, sugiero que hablemos de conmemoraciones, las que hacen referencia a efemérides o recuerdos de hechos con marcada notoriedad. Estos pasados 2 años nos han dejado varias fechas que recordar y conmemorar en recogimiento.

El gobierno chileno anunció que abrirá un proceso de licitación para entregar nuevas concesiones a la exploración y explotación del litio. La intención es aumentar la producción en 400 mil toneladas y que el país mantenga el liderazgo en el mercado de esta industria no metálica.

La decisión se fundamenta en que los expertos prevén que la demanda de litio para baterías sufrirá un crecimiento exponencial al 2030 y que es necesario estar preparados para responder a este mayor requerimiento.

Hasta allí todo atendible, pero surgieron voces en contra y ya iniciaron gestiones con el objetivo de detener la entrega de nuevas concesiones.

Diputados, encabezados por Daniella Cicardini, recurrieron de oficio a Contraloría y explican que no es posible que a pocos meses de finalizar el actual gobierno se abra un proceso de esa magnitud y de gran impacto para el país. A juicio de Cicardini, y otros parlamentarios, lanzar la licitación en este período no es conveniente para un gobierno que va de salida y, más aún, ahora que su fondo será debatido en la Convención Constitucional.

Otra oposición surgió del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) que no descarta iniciar acciones legales para frenar esta convocatoria. A través de su abogado, argumentan que se está realizando un llamado para explotación de un recurso que está en suelo indígena y no han sido considerados.

Mencionó que antes se requiere de una consulta indígena, como lo especifican los tratados y convenios firmados por Chile y que tiene directa relación con el procedimiento adoptado por las autoridades de gobierno. Por ello, no descartan una acción legal en tribunales chilenos e internacionales.

En el intertanto, el proceso de convocatoria para concesiones tiene los plazos definidos. Partió el 13 de octubre y concluye el 22 de enero y no son pocos los interesados en involucrarse en un negocio que se estima tendrá un explosivo crecimiento y que el éxito está prácticamente asegurado.

Tal vez, el gobierno debiera abrirse al diálogo y complementar lo que ya está en pie con quienes se han presentado como detractores a una iniciativa que nadie descarta que es de suma importancia para la economía nacional, pero que se debe hacer bien.

Ante el debate sobre las exenciones tributarias y la posibilidad que se elimine el crédito especial a la construcción de viviendas, es importante tener claridad de los impactos que esto provocaría en las familias vulnerables, emergentes y de clase media que hoy se ven favorecidos por esta ayuda del Estado para cumplir el sueño de la casa propia, sobre todo en Antofagasta donde el déficit habitacional supera las 25 mil viviendas.

El crédito especial a la construcción de viviendas es un beneficio para el comprador que como gremio estimamos beneficia a cerca de 9 de cada 10 familias que adquieren una casa o departamento, esto es, aproximadamente 116.000 familias, de las cuales unas 48.000 tienen como único apoyo del Estado este mecanismo, porque no califican para un subsidio.

Son familias de grupos socioeconómicos emergentes, y sobre todo de clase media, que de una u otra forma les será más difícil adquirir una vivienda. Por eso sostenemos que la eliminación del crédito especial, aumentará el costo de construcción en aproximadamente 12%, empujando por consecuencia al alza el precio de las viviendas. De hecho, en el sitio del Servicios de Impuestos Internos se señala que: "el beneficiario del 65% de crédito especial a la construcción es el comprador no contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), puesto que debe pagar un menor precio al concretarse un contrato de construcción o compraventa, relacionado con el inmueble que ha sido destinado para fines habitacionales".

Desde nuestro gremio proponemos que, si se elimina el crédito especial, se implemente al mismo tiempo en su reemplazo un mecanismo compensatorio o algún tipo de subsidio directo a las personas, lo que incluso ha sido sugerido por la OCDE y economistas nacionales al momento de estudiar las exenciones tributarias vigentes en Chile.

Como antecedente, un informe de la Dirección de Presupuesto arrojó que el 64% de los programas públicos evaluados este 2021 han tenido un mal o bajo desempeño. Ante eso y como primer paso, planteamos que se deben eliminar los que no cumplen su objetivo y aumentar la eficiencia de los demás para así obtener recursos que vayan directamente a fortalecer el sistema de pensiones. Respecto a los cambios al régimen tributario para viviendas DFL-2, hay que cuidar que no sean retroactivos porque, de ser así, se vulneraría un principio básico de cualquier política tributaria.

Finalmente, enfatizamos que un cambio de esta magnitud no puede hacerse sin considerar este hecho ni las consecuencias que tendría en el creciente déficit habitacional que afecta a nuestra región y al país. Como ciudadana de Antofagasta, los invito a informarse y analizar las diversas situaciones que nos presentan las urgencias de la agenda previsional nacional, porque ante nuestro déficit cada vez más creciente de vivienda, debemos ser parte de esta discusión que afecta particularmente a nuestra ciudad y las familias que pretenden adquirir una vivienda.