Y sin darnos cuenta, el narco sigue ganando terreno, ingresando a nuestras instituciones, corrompiendo la sociedad desde los mismos organismos financiados con nuestros impuestos. Durante mucho tiempo lo dejamos crecer en las poblaciones, lejos del centro, o en espacios como las barras bravas. Parecía no importar mucho mientras estuviera allá en la periferia imponiendo su ley. Pero ahí donde no había Estado, el narco creció y se convirtió en el Estado, en el benefactor, en la ley, en la economía, en el modelo a seguir para niños y jóvenes.

Y hoy vemos como cada vez más frecuentemente ese seudoestado está infiltrando al estado real. El narco llega con maletines de dinero a corromperlo todo. En 2019 estalló el caso de los jueces de Rancagua, que a pesar de sus sueldos millonarios, habrían recibido sobornos de narcotraficantes. Ya se han visto casos de corrupción en efectivos de ambas policías. Según un catastro de Ciper, en la última década 66 carabineros fueron investigados por denuncias de vínculos con el narcotráfico.

Y en la política también hay casos que muestran cómo el narco está ampliando sus redes. La Municipalidad de San Ramón es el ejemplo más famoso. Ahí el exalcalde Miguel Ángel Aguilera (exPS) incluso tenía contratadas a personas que tenían condenas previas por narcotráfico (en octubre de este año dos funcionarios fueron formalizados).

Se agrega el caso del concejal RN de La Calera Karim Chahuán, condenado por haber participado de saqueos durante el estallido (aunque quedó en libertad), y quien también fue investigado por vínculos con narcotraficantes.

Y ahora la bizarra historia de W.P.B., funcionario de la Subsecretaría de Prevención del Delito, contratado como supervisor de la operación de drones de vigilancia, y militante de RN, detenido mientras conducía un vehículo con drogas y armas en su interior. Según Fiscalía, W.P.B. integraba una banda de narcotraficantes que incluso tenía la desfachatez de usar logos gubernamentales en un vehículo.

Es deber de las instituciones, realizar filtros más exhaustivos frente a este grave problema. Latinoamérica nos muestra qué ocurre cuando el narco se infiltra en el Estado.

La crisis sanitaria y su impacto en los ingresos de las familias generó una contracción en la demanda por viviendas en algunos segmentos. Sin embargo, el paulatino proceso de desconfinamiento y regreso a una nueva normalidad comenzó a mover nuevamente la economía y el mercado inmobiliario, que en la actualidad enfrenta un escenario de alza en el precio de los viviendas.

Luego de más de un año de teletrabajo, muchos chilenos sufrieron por la falta de lugar para trabajar, por lo que se interesan en viviendas con espacios amplios, esto se pudo ver materializado en el dinamismo que tuvo el mercado de las casas. La fuerte demanda de 2021 estuvo impulsada por una tasa de interés baja y transferencias monetarias para suplir la pérdida de empleo e ingresos.

Hay varios factores que influyen en el alza de precios, como la escasez de suelo, sobre todo en las comunas del gran Santiago, el alza de hasta un 30% en los costos de construcción debido a la interrupción de la cadena mundial de abastecimiento debido a la pandemia, gatillando una escasez de materiales, la falta de mano de obra y el consecuente aumento del costo de la misma, el alza de la tasa de interés, etc.

Además del alza de las tasas, se están registrando nuevas condiciones para acceder a los créditos hipotecarios, referidas a plazos de pago más cortos. Esto incide directamente en el monto del dividendo a pagar, y, por ende, en las posibilidades de las personas para acceder a esta herramienta. Una persona que era sujeto de crédito el año pasado, puede no serlo bajo estas nuevas condiciones, situación que afecta en mayor medida, a la clase media.

Por otro lado, el déficit habitacional de familias vulnerables y el actual escenario económico, hace necesario que busquemos en conjunto, tanto actores privados como desde el Gobierno, formas de poder acercar la posibilidad de lograr el sueño de la casa propia a través de subsidios que se ajusten al escenario y contexto del beneficiario.

¿Qué caminos deberían seguir? Trabajar en una nueva forma de planificar las ciudades; revisar los planes reguladores, que en muchos casos son cada vez más restrictivos, lo que aumenta la escasez de suelo para desarrollo inmobiliario. El trabajo desarrollado entre la Cámara Chilena de la Construcción y el Gobierno para la erradicación de campamentos es un buen ejemplo de los beneficios de la colaboración público - privada para dar solución habitacional definitiva a las familias.

También se requiere cambios en la legislación, que apunten a mejorar las actuales herramientas de apoyo, para que estas puedan ajustarse a escenarios como el actual. Fomentar la construcción por parte de otros actores como municipios, ONG o gobiernos regionales podría ser una alternativa, además de evaluar la mejora de los subsidios al arriendo, para así asegurar el acceso a vivienda para quienes más lo necesitan.