Redacción

Un camión incendiado -tras obligar y amenazar a su conductor-, además de una bodega y un taller mecánico atacados en Collipulli; un templo evangélico totalmente quemado en Contulmo; una escuela rural y un jardín infantil destruidos en un incendio intencional ocasionado en Lautaro; además de tres bodegas, maquinaria e insumos completamente destruidos en el fundo del diputado Jorge Rathgeb en Traiguén, son el saldo de una serie de ataques ocurridos en la Macrozona Sur durante la noche del jueves y madrugada de este viernes.

La violenta noche tuvo lugar tras la muerte del comunero mapuche Yordan Liempi la tarde del miércoles, en un incidente con efectivos de la Armada en Cañete que investiga la Fiscalía y que además mantiene grave a un segundo ciudadano,. Tras ello, organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco y Weichan Auka Mapu anunciaran que incurrirían en acciones radicales como forma de protesta por los hechos y la vigente declaración de estado de excepción constitucional en la zona.

Contra este último colectivo el Gobierno ingresó una querella, a través de la delegación presidencial de La Araucanía, por porte ilegal de armas, organización y funcionamiento de milicias privadas y otros delitos, tras difundirse un video en que encapuchados que dicen ser miembros de la agrupación realizan amenazas con disparos al aire, y que ameritó que el Ministerio Público abriera una investigación de oficio.

La Fiscalía, en paralelo, investiga como causa de Derechos Humanos y como causa de violencia rural los hechos ocurridos el miércoles, y donde la ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó "preocupación" por el hecho y la militarización de la zona.

Urquízar y figueroa

Desde varios ámbitos surgió el repudio a la espiral de violencia que se intensificó el viernes luego de la solicitud hecha por el Gobierno al Congreso en la víspera, cuando requirió la venia parlamentaria para extender al estado de emergencia en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío.

El parlamentario afectado, mediante un comunicado, calificó lo ocurrido como "terrorismo" señalando que existió violencia hacia trabajadores del predio. "Esto sigue demostrando que el estado de emergencia debe mantenerse y el Gobierno exigir que el trabajo investigativo pueda arrojar resultados, no solo por lo que me ha tocado vivir con mi familia, sino por todos quienes han sido víctimas de estos hechos".

En tanto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, lamentó la pérdida de infraestructura educacional en Lautaro. "Atentar contra una escuela es un acto miserable; terminar con esa violencia requiere no solo la condena absoluta de todos sino fundamentalmente la voluntad de ponerle término", señaló.

El delegado presidencial para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se sumó a las reacciones. "Yo me pregunto: frente a orgánicas radicalizadas y terroristas que tienen a más de 40 individuos con fusiles de guerra. La pregunta es ¿en verdad creemos que tenemos que dialogar?", inquirió en radio ADN.

Urquízar defendió la efectividad del estado de emergencia que "pone todos los elementos a disposición de las víctimas, mapuche o no mapuche, en las distintas zonas y en base a distintas estrategias", dijo tras ser parte de una reunión de coordinación que encabezó -remotamente- el Presidente Sebastián Piñera junto a los gobernadores regionales Rodrigo Díaz (Biobío) y Luciano Rivas (La Araucanía), los delegados presidenciales de ambas regiones, ministros, subsecretarios y autoridades policiales.

La magistrada del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Mariela Hernández, acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur y decretó prisión preventiva -a cumplir en dependencias de la propia policía, por considerarlo un peligro para la sociedad, para el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), Leonel Contreras Canales, formalizado este viernes por su posible responsabilidad en el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco. Además, la jueza ordenó un plazo de seis meses para la investigación del caso.

El hecho ocurrió el domingo 13 de junio pasado, en medio de un procedimiento en un sector periférico de la capital, entre las comunas de La Pintana y La Granja, y concitó atención nacional por las circunstancias conocidas en primera instancia y que luego tuvieron un vuelco.

Ello, porque en primera instancia la PDI informó que la funcionaria falleció en medio de una emboscada de delincuentes, lo que implicó que dos jóvenes imputados de 19 y 17 años, permanecieran en prisión preventiva por dos meses, pero después de eso un peritaje balístico arrojó que un compañero pudo haberle disparado a la detective.

En la audiencia, el fiscal Christian Toledo aseguró que "sin existir amenaza real o peligro inminente para alguno de los funcionarios policiales o sin que existiera causa o motivo suficiente, el detective imputado Leonel Contreras, de manera directa e intencional, procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal impactando a su compañera".

La defensa del imputado aseguró que no fue Contreras quien efectuó el disparo y contrarió la versión del Ministerio Público, que también deberá pesquisar eventual obstrucción a la justicia en el caso.

El padre de la fallecida subinspectora, Miguel Vivanco había señalado a CNN -previo a la formalización- que "por fin podemos tener alguna certeza con respecto a la persona que mató a mi hija".