Agencias/Redacción
Rusia dio ayer la espalda a su oscuro pasado soviético al liquidar su principal organización de derechos humanos, Memorial, considerada la voz de los reprimidos de la URSS, el azote del estalinismo y un dolor de cabeza para el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
"Es una cuestión de deformación profesional, Putin, como buen agente de los servicios secretos, no cree en una sociedad civil independiente", dijo a Efe Alexandr Cherkásov, director de Memorial.
De nada sirvió que desde el último presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, al premio Nobel de la Paz, Dmitri Murátov, o la Comisión Europea llamaran a la Fiscalía rusa a retirar la demanda contra la ONG más antigua de este país.
Imagen distorsionada
A petición de la Fiscalía, que acusó a Memorial de violar la ley de agentes extranjeros, la versión moderna del "enemigo del pueblo" de la URSS, la Corte Suprema ordenó ayer el cierre fulminante de Memorial.
El fallo, que satisface la petición de la Fiscalía que acusó a la ONG de crear "una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista", disuelve tanto la organización que se ocupa de conservar la memoria histórica como la que se encarga de la defensa de los derechos humanos que integran Memorial Internacional.
El fiscal Alexéi Zhafiárov cargó contra Memorial por "distorsionar" la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria (1941-45) y rehabilitar a criminales nazis "en cuyas manos hay sangre de ciudadanos soviéticos".
"¿Por qué ahora nosotros, los descendientes de los vencedores, debemos observar los intentos de rehabilitar a los traidores a la patria y los cómplices nazis? (...) Seguramente, porque alguien paga por ello", dijo.
Según Cherkásov, "la URSS bajo Lenin y Stalin utilizaba la terminología de dictadura terrorista y sus líderes no se avergonzaban de ello".
"El fallo es claramente un encargo político. Las dificultades para las organizaciones de derechos humanos comenzaron hace quince años, nuestra vida se hizo aún más complicada después de la anexión de Crimea (2014), pero desde la reforma constitucional (2020), con la creación de un nuevo paisaje político, no hay lugar para las ONG en Rusia", aseguró.
Un país sin memoria
Memorial acusa al Kremlin y a los órganos de seguridad del Estado, en particular al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), de intentar impedir que siga investigando los crímenes cometidos durante la URSS.
"Putin y los que lo apoyan sólo quieren dibujar un pasado glorioso de superpotencia. Es como un valor supremo que no admite dudas. Según esa forma de pensar, el Estado es todo y los derechos del ciudadano, nada", explicó Cherkásov.
Memorial, organización fundada formalmente en 1991, entre otros, por el científico, disidente soviético y Premio Nobel de la Paz 1975 Andréi Sájarov, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país.
Cuenta con una base de datos con más de tres millones de víctimas de las represiones del estalinismo, de un total de 12 millones, y ha dedicado los últimos 30 años a investigar tanto represiones políticas soviéticas hasta 1991 como a denunciar violaciones a los derechos humanos cometidos en Rusia desde la caída de la URSS, así como a rehabilitar a quienes sufrieron esos atropellos.
Además, cuenta con un museo dedicado al Gulag o red de campos de trabajo soviéticos y un archivo con 41.000 verdugos que trabajaron para el NKVD, precursor del KGB, durante las purgas estalinistas.
Los activistas también acusan a Putin de intentar ocultar los crímenes de Estado perpetrados desde que él llegara al poder (1999), empezando por la Segunda Guerra chechena.
"La represión continuará", alerta el activista.
El director de Memorial Internacional, Yan Rachinski, aseguró que el fallo no significaría el cese de las actividades de la ONG, ya que existen muchas organizaciones a ella adscritas que no están registradas o no figuran como personas jurídicas. "Suspender las actividades de Memorial no entra dentro de las posibilidades de la Fiscalía", subrayó.
Putin y chechenia
Memorial ha sido muy crítico con las tendencias autoritarias más recientes en el Kremlin, especialmente desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, regresara en 2012. La organización ha criticado en especial la ley que restringe la libertad de manifestación, la que limitaba las adopciones internacionales o la que perseguía la propaganda homosexual.
También ha cuestionado el papel ruso en la guerra en Ucrania, lo que le ha valido algunos ataques vandálicos por parte de los ultranacionalistas.
Las críticas sobre la situación en Chechenia costaron la vida al director de su filial en Grozni, Elena Estemírova, que fue asesinada en 2009, y el cierre de su oficina en ese país.
