Una semana duró la "luna de miel" entre el Gobierno de Sebastián Piñera y quienes ocuparán el Palacio de La Moneda a partir del 11 de marzo, cuando asuma Gabriel Boric. La Pensión Garantizada Universal, anunciada por el Ejecutivo el 8 de diciembre, 11 días antes de la segunda vuelta presidencial, generó ayer una importante discusión entre ambos sectores, rompiendo la cuidada relación mostrada hasta el lunes, incluso a pesar del rechazo del futuro jefe de Estado a acompañar a Piñera a su última gira a Colombia.

El primer golpe lo dio un grupo de economistas de centroizquierda a través de una carta al diario El Mercurio: Andrea Repetto, José de Gregorio, Eduardo Engel y Rodrigo Valdés firmaron la misiva que dice que con el proyecto para mejorar las pensiones "el Gobierno propone que se gaste un punto adicional del PIB. (…) También supone utilizar supuestas holguras que no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas".

Una "trampa"

Tras la publicación, el primero en reaccionar fue el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, jefe político de la campaña presidencial de Boric, quien criticó el proyecto -aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara y que debe votarse en Sala el próximo martes- y aseguró que puede generar complicaciones al futuro Ejecutivo.

"La situación en la que nos pone el Gobierno es muy compleja. Queremos avanzar en mayores pensiones y en mayor cobertura, pero el proyecto que presentó el Gobierno no tiene financiamiento, lo que es fiscalmente muy irresponsable y puede dejar un forado financiero al próximo Gobierno", acusó el parlamentario.

Después de una reunión en "La Moneda chica", sede del equipo de Boric en Providencia, la diputada comunista Karol Cariola detalló la postura del equipo económico de Boric y dio cuenta de que "parte de nuestra propuesta política dentro de nuestro programa de Gobierno es tener una pensión básica universal garantizada, pero que esté financiada".

Añadió que, "muy por el contrario, lo que está terminando por ocurrir con esta propuesta es que la van a terminar financiando las personas. Los mismos chilenos y chilenas -que hoy necesitan mejorar sus pensiones- van a tener que pegar esto".

"No sé si detrás de esto, no queremos pensar mal, pero la verdad es que quedaría la impresión que se quiere hacer una trampa a los chilenos y chilenas, y en particular al nuevo Gobierno, de llevar este nuevo proyecto sin financiamiento. Esa es la razón por la cual hacemos un llamado al Gobierno a conversar", puntualizó Cariola.

La legisladora agregó que "es una muy mala práctica. Pinochet la usó cuando ingresó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza una semana antes de irse del Gobierno".

"Está financiado"

Desatada la polémica, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aclaró en Radio Cooperativa que "hay que darse cuenta que este es un proyecto muy esperado por los chilenos y necesitamos avanzar. Nosotros como Gobierno hemos tratado de dar todas las garantías y hoy el financiamiento está. Ya es el momento de que avancemos, hay muchos chilenos que están muy esperanzados".

Sobre las críticas que recibió la PGU por parte del grupo de economistas, Cerda indicó que "fueron duras y más políticas que técnicas. Yo espero que hubiera esperado una crítica más técnica. Se están cruzando temas distintos, más políticos. Me parece injusto".

Un planteamiento similar hizo el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, quien expresó que "al Gobierno le interesa aumentar las pensiones y siempre está abierto a conversar sobre su forma de financiamiento. Sin embargo, nos llama la atención que algunos de estos economistas apoyaron un aumento de pensión garantizada universal de 250 mil pesos y no nos han señalado cómo se financiaría".

Incluso el derrotado José Antonio Kast volvió a opinar sobre el tema a través de Twitter: "Durante la campaña, uno de los grandes consensos que logramos fue la necesidad de impulsar una Pensión Básica Universal. Luego de años esperando una reforma previsional que nunca llegó, nuestros adultos mayores más vulnerables no pueden seguir esperando. Las promesas se cumplen".

Entre las normas acordadas por la Convención Constitucional para llevar adelante su trabajo, sus integrantes decidieron que la mesa directiva tendría rotación. Eso implica que pese a que el órgano que elabora la nueva Carta Magna solo tendrá un año para evacuar un texto, quienes fueron elegidos para encabezarlo solo dudarían seis meses en el cargo, los que se cumplen el 4 de enero.

Elisa Loncon vive, por ello, los últimos días como presidenta de la instancia e hizo en Radio Universo una evaluación del trabajo que ha encabezado y lo que calificó como nulo respaldo por parte del Gobierno.

La académica recordó los choques que han tenido con el Ejecutivo desde la instalación del órgano constituyente: "Hemos tenido situaciones complejas, difíciles. Una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo, en términos de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del Gobierno. No solo que no me sentí apoyada; la Convención no fue apoyada por La Moneda. Al Gobierno y al Presidente les corresponde apoyarla más que entorpecer los trabajos".

"Dos veces el Gobierno cambió al encargado que tenía para coordinar las políticas de la administración con la Convención Constitucional y eso se sintió, eso nos costó mucho", recordó Loncon acerca de los pasos por ese cargo de Francisco Encina, Catalina Parot y Matías Cox, quien se mantiene en esa labor.

Las "mentiras"

La presidenta habló además de otro tipo de problemas, como que. "por ejemplo, hemos sido objeto de mentiras de conglomerados políticos, como que vamos a cambiar la bandera, que estamos en contra del derecho de los padres de decidir la educación de los hijos. Es pura falsedad. Ante eso hemos tenido un Gobierno pasivo, cuando podría apoyar y llamar a que hagamos una democracia sin mentiras. Ahí se nota, y la ciudadanía lo sabe, que no hemos tenido el apoyo del Gobierno".

Consultada por los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto a la libertad de enseñanza, Loncon insistió que "nosotros no hemos cuestionado la libertad de enseñanza. Lo que se ha instalado es el derecho a la educación pública. Entonces que un personero de Gobierno salga instalando eso como parte de las decisiones que está tomando la Convención, no debiera ser, porque eso entorpece el proceso, opaca el diálogo democrático".

Gutiérrez sin sanción

Otro convencional que hizo noticia ayer fue el comunista Hugo Gutiérrez, luego de que la Corte de Apelaciones de Arica rechazara la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público por supuestas amenazas contra funcionarios de la Armada. La resolución judicial fue tomada de manera unánime por el pleno del tribunal.