Agua y territorios: Las otras discusiones de la Convención que preocupan a la gran minería
DISCUSIÓN. Presidente de la Sonami, Diego Hernández, dice que el Código de Aguas ya fue modificado y que la anulación de las concesiones mineras en territorios de pueblos originarios apuntan a la "distribución y apropiación" de la renta minera.
A la norma que busca la nacionalización de la minería, aprobada recientemente en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional; se suman otras iniciativas que preocupan a la industria minera, como la derogación del actual Código de Aguas, y el artículo que anularía los permisos y concesiones mineras en territorios de los pueblos originarios que no cuenten con procesos de consulta indígena.
En el caso de los recursos hídricos, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, gremio que ha liderado el rechazo a una eventual nacionalización; sostiene que "hay otra norma que fue aprobada que en el fondo elimina el actual Código de Aguas y, lo mismo que con el tema de la nacionalización, no tiene ningún sentido y sobre todo que la reforma del Código de Aguas estuvo 10 años en discusión en el Congreso y justo ahora se acaba de aprobar uno nuevo que recoge todas las inquietudes que estaban en discusión".
"Se tira por la borda todo ese trabajo y es difícil entender todas estas iniciativas refundacionales, como que Chile tendría que volver a foja cero y empezar todo de nuevo. Entonces es preocupante, porque esto va costando tiempo de la Convención, acortando los plazos y no hay muchos avances", agregó el ex presidente ejecutivo de Codelco.
Territorios
Respecto del artículo aprobado en enero pasado, también en la Comisión de Medio Ambiente la Convención, y que decreta la nulidad de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales y mega proyectos de generación eléctrica que recaigan sobre bienes naturales en territorio indígena; Hernández se mostró también contrario y no dudo en asegurar que la iniciativa tiene un trasfondo muy distinto.
"Los pueblos originarios también tienen una iniciativa que en el fondo pretende que todos los derechos mineros, que están en territorios indígenas, queden suspendidos y hay un plazo de dos años para que las comunidades -que serían dueñas de esos territorios- lleguen o no a un acuerdo con las empresas mineras. Entonces, se suspendería la producción por dos años como mínimo y permanentemente en algunos casos", advirtió.
Renta minera
"Finalmente, buena parte de esta presión ambiental es una herramienta para poder acceder a la renta minera y repartirse la renta minera de una manera distinta. Entonces esto te demuestra que la crítica no es tanto por el tema ambiental y de las comunidades, si no una manera de apropiarse de parte de la renta minera".
"Dicen 'lo vamos a hacer bien', pero nadie propone algo distinto, algo concreto, y es una demostración que los objetivos principales no son ambientales ni de comunidades, son de distribución y apropiación de la renta minera", aseguró el presidente de la Sonami, agrupación que reúne a 76 empresas de la mediana y gran minería nacional y más de dos mil pequeños empresarios de 38 asociaciones regionales.
13% del total de los ingresos fiscales de los últimos 20 años provienen de la minería estatal y privada.
1.322 empresas proveedoras, repartidas en siete regiones
650 mil mineras, trabajan para la gran industria minera.