Mediante una declaración pública, la delegada presidencial regional, Karen Behrens, se refirió a los hechos de violencia que se registraron durante la jornada de ayer en el marco de las manifestaciones de estudiantes en el centro de Antofagasta.

Entre los hechos, está la agresión a un emprendedor por parte de un joven y la detención de una menor de edad, quien fue entregada a sus padres. Respecto a ello, la delegada indicó que "hemos estado permanentemente coordinados con la Defensoría Penal Pública".

Agregó que "al igual que ayer, nuestra instrucción a Carabineros fue que su intervención para controlar el orden público se apegara estrictamente al respeto de los derechos fundamentales, considerando además que la inmensa mayoría de quienes protestan, son menores de edad e incluso niñas y niños".

También dijo que si bien este es un movimiento inorgánico, "entre sus demandas está el mejoramiento de las condiciones de sus escuelas, que según las mismas fiscalizaciones que ha realizado la seremi de Salud, no cuentan con condiciones adecuadas , para que se impartan clases de forma digna".

Confirmó que llamarán a una mesa de trabajo con todos los actores relacionados para encontrar soluciones. "Este llamado a diálogo no implica renunciar a nuestra obligación constitucional de preservar el orden público , pero eso no es contradictorio con buscar soluciones para las y los estudiantes que en su mayoría se manifiestan pacíficamente".

Balance

Según explicó Carabineros durante las manifestaciones se registraron una serie de incidentes y cortes de calle por parte de los estudiantes. Hasta el cierre de esta edición se informó de tres personas detenidas y dos heridos.

"Se han registrado dos detenidos por riña. Posteriormente hubo un tercer detenido por al artículo 445, en la cual se sorprendió a uno de estos jóvenes portando una arma que disparaba balines, además de un arma blanca. También hubo una denuncia de parte de una persona que fue víctima de una agresión con una piedra en su cabeza. Por último, se acogió una denuncia por vulneración de derechos al menor que fue informado al tribunal de familia", precisó el prefecto de Carabineros, coronel Hernán Montoya.

"Nuestra instrucción a Carabineros fue que su intervención se apegara al respeto de los derechos fundamentales".

Karen Behrens, Delegada presidencial regional

Jonathan Villella C.

"Esto era una estafa, ellos lo sabían. No puede ser que con los problemas económicos que venían arrastrando, no supieran que no podrían solventar el colegio; seguían anunciando matrículas disponibles, lo sabían y no hicieron nada; pagué la anualidad completa, de mis dos hijos, ahora quién de devuelve ese dinero y más importante aún, ¿qué pasará con mis hijos?", señala Gabriela Morante, apoderada del Colegio Chileno-Norteamericano.

De esta forma, la empresaria, que este año matriculó a sus dos hijos en el Colegio Chileno Norteamericano, reaccionó después de saber que los casi $7 millones de que pagó de anualidad (como una forma de asegurar la colegiatura), finalmente no solo no servirán para garantizar la educación de sus hijos, sino que además no le serán devueltos.

Según relató, fue recién el miércoles que supo, junto a otros padres, que el colegio cerraba sus puertas tras los diversos problemas financieros que arrastraba desde hace algún tiempo. Problemas a los que siempre se les bajó el perfil por parte del colegio, asegura la apoderada, prometiendo hasta los últimos momentos que el año curricular seguía en pie.

"Esto es terrible, estamos mal. Todos los papás que estamos aquí, confiamos en este proyecto. Pagué la anualidad completa de los dos niños, (primero medio) y medio menor. El colegio no me ha dicho nada. Ayer recién me enteré que a los niños no había que llevarlos más a la escuela porque los profesores habían renunciado (…) cuando fui a hablar con el rector, Fernando Reyes, me dijeron que no estaba y cuando le pregunté a la secretaría que podía hacer para que me devolvieran el dinero, ella me dijo que no me lo iban a devolver. No supe cómo reaccionar", dijo.

Contexto

El colegio presenta problemas económicos desde el 2018, producto entre otras razones, por la baja en la matrícula de ese año. El estallido social y posterior pandemia, agravaron la situación, lo que derivó incluso, en el despido de 38 docentes entre el 2020 y 2021.

Acciones que tuvieron consecuencias legales por parte de algunos profesores, quienes demandaron al establecimiento por despidos injustificados. Dichas demandas, la poca matrícula y sobre todo, la mala administración de los recursos por parte de los sostenedores (quienes incluso cambiaron el colegio de dirección sin avisar a la Superintendencia de Educación, según acusan apoderados y profesores), serían las razones fundamentales de la actual situación por la que atraviesa el colegio.

Una opinión similar manifestó Joel Valenzuela, apoderado, quien además explicó que fue gracias a las educadoras del nivel de su hija menor, que se enteró de que se acababan las clases, producto de una eventual quiebra del colegio.

"Estamos sumamente mal. Yo tengo dos hijas, una en kinder y otras en el colegio grande. Hace algunos días las educadoras citaron a una reunión extraordinaria, donde después de unas breves palabras se pusieron a llorar y empezaron a decir que no les habían cancelado los sueldos, que no les habían pagado nada desde hace algunos meses, que todos lo útiles de trabajo, materiales que se ocuparon habían salido del bolsillo de ellas y que al parecer el colegio estaba en quiebra", dijo.

Demanda

Jimena Bolados, apoderada del establecimiento, explicó que junto a otros padres barajan la idea de realizar una demanda. "Nosotros vamos a hacer una demanda colectiva. Yo también seré parte, porque esto no se puede quedar así. Nos estamos organizando con los papás para hacer esto. Hay papás, familias, que pagaron todo el año y eso no puede quedar así", preció.

El director del establecimiento Fernando Reyes, explicó que, si bien aun no existe un pronunciamiento oficial por parte de los sostenedores en cuanto al cierre inminente del establecimiento, no hay ningún argumento, considerando las circunstancias actuales, para que los apoderados no cambien a sus hijos de colegio.

"No existe ninguna información oficial por parte del directorio, que indique que el colegio no continúa con su funcionamiento. Lo que ocurre es que por el problema económico que atravesamos, asociado al no pago de remuneraciones, los profesores han dejado de asistir a sus labores y por lo tanto no es posible entregar el servicio a todos los estudiantes. Aun así, hay profesores que seguimos yendo al colegio, las clases se siguen impartiendo, hay muchos profesores comprometidos con este proyecto y con seguir manteniendo este servicio lo más posible", precisó.

Consultado respecto a qué deben hacer los padres y sus hijos en este aspecto, si esperar a que las cosas mejoren en el colegio o cambiarlos el rector explicó que "esto es algo que nos complica a todos, como cuerpo docente. Es un gran dolor lo que vivimos, compartimos la sensación de los apoderados. Sentimos su dolor y no poder cumplir con los servicios pactados. Como docentes, nos interesa continuar con el servicio, la parte académica está muy comprometida con esto, pero nos duele no contar con las herramientas, el apoyo económico para continuar. En este momento no tengo ninguna forma de poder asegurarles a ellos que el colegio sigue".

Sumario y sanciones

Consultados al respecto, la Superintendencia de Educación manifestó que recibió cuatro denuncias por parte de padres y apoderados del Colegio Binacional Chileno-Norteamericano de Antofagasta, por no pago de remuneraciones a docentes y asistentes de la educación, y por la no realización de clases por presuntos problemas económicos.

"Por lo que se solicitaron antecedentes al sostenedor para investigar los hechos ocurridos, por poner en riesgo la continuidad del proceso educativo. No obstante, ante la falta de respuesta por parte del establecimiento, se derivaron los antecedentes a la unidad de fiscalización", exponen.

El organismo agregó que "todos los establecimientos reconocidos por el Estado-, tienen la obligación de garantizar la continuidad del proceso educativo de sus estudiantes, por tanto, el cierre de los establecimientos se encuentra regulado y debe solicitarse en tiempo y forma ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación mediante un procedimiento regulado por la normativa educacional. En caso de que un establecimiento incumpla con lo estipulado en la ley, se inicia un proceso administrativo sancionatorio que puede derivar, ante casos graves, con la inhabilidad del sostenedor o pérdida del Reconocimiento Oficial del Estado", precisaron.