El Presidente Gabriel Boric junto al secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, adelantaron durante el fin de semana que hoy, tras el comité político de los lunes con los partidos oficialistas, que suele finalizar alrededor del mediodía, anunciarán qué ocurrirá con el estado de excepción en la Macrozona Sur, que actualmente está restringido solo a rutas y caminos, medida duramente criticada por la oposición y las autoridades locales, especialmente luego del crimen del trabajador forestal Segundo Catril.

Esta jornada "se va a comunicar la definición respecto a lo que signifiquen las prórrogas" del estado de excepción por otros 15 días, adelantó ayer el ministro durante una visita guiada por La Moneda, en el marco del Día del Patrimonio.

Jackson profundizó que "el deber del Gobierno es garantizar la seguridad de todas las personas, pero, al mismo tiempo, velar porque aquellos procesos que vienen con un largo trasfondo", como el conflicto mapuche, "que durante mucho tiempo no se han tratado de ver en su magnitud", porque, a su juicio "los cambios para que sean sostenibles, la paz para que sea duradera, requiere que los procesos sean mirados en su complejidad y no solamente con una sola herramienta", como el estado de excepción constitucional.

La seguridad, recalcó el ministro, "ha sido la motivación del Gobierno para poder ocupar todas las herramientas que están en el marco constitucional y legal, para intentar que este conflicto, por supuesto en los últimos años ha escalado muchísimo más, podamos abordarlo y asegurar no solo el libre tránsito, sino la seguridad de las personas en el territorio, que hoy sabemos que están con mucha angustia, sensación de inseguridad y nosotros al menos queremos ocupar todas las herramientas para revertir esa situación".

Acusan "abandono"

En la víspera de esta decisión, agricultores de La Araucanía acusaron ayer en El Mercurio un aumento de amenazas de usurpaciones de terrenos por parte de comunidades mapuches, que durante la última semana comenzaron durante esta a visitar masivamente los campos de la región para instalar banderas y carteles, comunicando así que se trata de territorios "en recuperación", tras el anuncio del Ejecutivo sobre aumentar los recursos para la compra de tierras para traspasar, sumado a que en la Convención Constitucional se aprobó su restitución, incluso permitiendo la expropiación.

A esto se agrega que el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, dijo este fin de semana que "hay gente que hace tiempo se está preparando, porque al ver que no hay una disminución de esta avalancha de asaltos, emboscadas y asesinatos, la gente se va a armar y eso es preocupante, que un civil tenga armas para defenderse".

Su par de Victoria, Javier Jaramillo, señaló ayer a Emol que "no he escuchado a nadie haciendo un llamado público a armarse y organizarse en contra de estos ataques", pero "existe un abandono por parte del Estado por décadas, y este Gobierno lamentablemente no ha sido la excepción".

"Hemos tenido más que nada discusiones que vemos por la televisión, pero miradas distintas de cómo se puede enfrentar este problema no hemos tenido. Hoy hace mucho más sentido, ante la falta de miradas y de control, que exista estado de excepción", aseveró.

"Los vecinos, mapuches y no mapuches, buscan que exista mayor control, que las policías sean efectivas, que los fiscales tengan una postura mucho más con ánimos de resolver, porque aquí ocurren atentados en casi los mismos puntos y resulta que no se encuentra a nadie", agregó Jaramillo.

El exministro Alfredo Moreno señaló ayer en Canal 13 que "el nivel de violencia, medido en número de atentados, está en el nivel más alto que hemos tenido nunca. (...) El control de la violencia ha sido completamente insuficiente, (...) nunca debiéramos haber levantado el estado de emergencia que existía desde el Gobierno anterior".