Pablo Orellana G.

El conductor de un camión de concentrado de cobre murió tras volcar su camión en la ruta B24, que une Chuquicamata y Calama, la mañana de ayer a eso de las 6.46, en circunstancias que están siendo indagadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros; transformándose en la primera víctima fatal de este fin de semana largo en la provincia de El Loa.

La víctima fatal fue identificada como Fermín Solís Condori (64), quien falleció tras volcar el camión que conducía, en la ruta de bajada que une al mineral con al capital loína, y cuyas causas están siendo investigadas tras el lamentable hecho que enlutó a la familia del transporte de carga mayor.

Gremio

A través de un comunicado la Asociación de Gremial de Empresarios del Transporte de El Loa (Agretrans) expresó que "con gran pesar se informa el lamentable fallecimiento del conductor Fermín Solís Condori, conductor de la empresa de Transportes Cifuentes Cejas y Compañía Limitada; por motivo de un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 24, en el kilómetro 72".

"Al momento de ser informados de dicho accidente nuestra asociación, ha suspendido momentáneamente nuestros servicios de transportes de carga, convocando a una reflexión de seguridad a todos nuestros conductores de manera de promover el autocuidado. Nuestro sentido pésame a la familia, amigos y colegas del transporte y a todos quienes compartieron con él en la ruta", agregó el gremio.

Versión

De acuerdo a la versión de algunos transportistas, el conductor del camión volcado en la ruta que une Chuqui-Calama, habría estado descansando en una bencinera al ingreso del mineral, para luego tomar rumbo al destino de su carga, por lo cual se presume habría tenido algún tipo de descompensación que habría generado el accidente.

Se informó además que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito deberá establecer la causa exacta del accidente que terminó con el camión a un costado de la ruta.

Carabineros reforzó el llamado a la precaución, "porque este tipo de hechos enlutan no sólo a la familia del transporte mayor, sino que además son parte de las cifras que engrosan la accidentabilidad durante fines de semana largo".

La Fiscalía de Calama se encuentra en la etapa de rendición de prueba en un juicio oral por delito de abuso sexual contra dos NNA, causa, investigada por el fiscal adjunto Marcelo Bravo Valenzuela, en la que el imputado, de nacionalidad boliviana, S.P.M., se encuentra formalizado e investigado por dicho delito.

Los hechos denunciados fueron perpetrados entre los años 2012 y 2017, sin embargo, el cruce de información y otros antecedentes provenientes de diligencias investigativas dirigidas por el fiscal Bravo con colaboración de la PDI.

La Fiscalía Local, a través del fiscal Bravo, presentó acusación por estos hechos indicando que el imputado, aprovechando su calidad parentesco con las dos víctimas NNA realizó diversas acciones de significancia sexual sobre el cuerpo de estos en su domicilio, mientras los menores estaban bajo su cuidado y sin ninguna otra persona en el lugar.

Testigo clave

Cabe destacar, que la declaración de la testigo, psicóloga de la Fundación Mi Casa, es clave en la presente causa debido a que ella participó en el proceso de reparación de una de las víctimas y aportó durante el juicio importantes antecedentes sobre los dichos y características psicológicas del menor. Esta diligencia fue posible gracias a la gestión desarrollada por el fiscal Marcelo Bravo con colaboración del equipo UCIEX de la Fiscalía de Chile, pudiendo interrogar a la testigo desde el Consulado de Chile en Dublín, Irlanda. Esto debido a que la profesional se encontraba realizando algunos estudios en dicha ciudad europea.

Al respecto, el fiscal adjunto Marcelo Bravo expresó que "el Tribunal acogió nuestra solicitud teniendo presente que, aun cuando no haya norma expresa acerca de este tipo de diligencia, es la forma en la que declaran habitualmente muchos testigos desde otros tribunales u otros servicios públicos del país, por ello se pudo realizar la entrevista del testigo desde este consulado, en el cual un funcionario de dicha repartición actuó como Ministro de Fe. Por mi parte realicé la solicitud correspondiente y fue la UCIEX quien hizo todas las acciones necesarias para lograr esta declaración".

Los altos niveles de inseguridad que enfrenta el país, por el aumento de delitos y la violencia asociada a determinados crímenes, se han posicionado como una de las principales preocupaciones para la ciudadanía. Una contingencia que surge además como un reto crucial para el Gobierno, cuyo manejo cuestiona con dureza la senadora por Antofagasta (RN), Paulina Núñez.

"Al Gobierno se le fue de las manos el control del orden público. El aumento de delitos, la aparición de organizaciones criminales, el narcotráfico, delitos importados y la compleja y peligrosa situación en la Macrozona Sur es el reflejo de ello", comentó.

"Los veo perdidos, cuando escucho al subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) decir que le pedirá explicaciones a las Fuerzas Armadas (FFAA) luego de conocerse una denuncia de que uniformados no habrían respondido a un llamado ante un ataque registrado en Curanilahue, concluyo dos cuestiones que son básicas: primero, se olvida que las FFAA no se mandan solas y que ese fue uno de los argumentos para decretar un Estado de Excepción limitado en esa zona, que estuviera un civil a cargo; y segundo, que las FFAA pueden no sentirse respaldadas. Les está costando actuar y con razón. Recién supimos que el Gobierno podría quedar excluido de la causa por el asesinato del suboficial de Carabineros, Francisco Benavides, luego de que no presentaran a tiempo la acusación en su calidad de querellante. Es que ni en algo tan básico, pero muy significante hay preocupación", agregó.

Inmigración ilegal

Sobre la inmigración ilegal Núñez también expresó reparos: "Hay una falta de certeza sobre qué decisión tomará el gobierno en materia de migración irregular. Hace poco el director de migración informó de expulsiones, cuando sabemos que en esta materia no han hecho nada. En la práctica este Gobierno en cuanto a expulsiones no ha hecho nada. El director de Migraciones (Luis Eduardo Thayer) habla de 316 expulsiones, pero la gran mayoría fueron tramitadas en el gobierno anterior y solo 88 corresponden a abril, que es cuando él ya había asumido en el cargo. De esas 88, 86 son judiciales -es decir ordenadas por un tribunal, no por el Ejecutivo- y los dos restantes fueron gestionadas por los propios ciudadanos. Es decir, expulsiones tramitadas por este gobierno: son cero".