Claudio Cerda Santander
Los mayores controles de tránsito a motoristas en la ciudad de Antofagasta, como en el resto del país, ha forzado a conductores extranjeros en condición migratoria irregular a evitar trayectos diurnos para evitar fiscalizaciones que terminen con el retiro de circulación de sus vehículos, según comentan trabajadores del rubro.
"Los delivery no estamos trabajando de día, y muchos restaurantes ya están comenzando a colapsar porque las comidas quedan sin despacho. Los poquitos que los hacen, son los que tienen licencia y el resto se arriesga a que le quiten la moto y a quedarse sin trabajo", comenta el venezolano Freddy Alviarez (57), representante de los repartidores de aplicaciones en Antofagasta. Un rubro que en la capital regional ejercen unos 300 motoristas, la mayoría venezolanos en condición irregular.
"Hay mucha comida que está quedando rezagada, entre los pocos que trabajan de día lo hacen en bicicleta; pero es complicado porque debido a su topografía la ciudad es muy empinada. Además, al trabajar solo de noche los ingresos cayeron hasta un 70%, y lo poquito que estamos haciendo es solo para pagar alquiler y mantenernos", agrega.
Según informó el fin de semana el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el programa de fiscalización de la cartera reportó más de 11 mil controles a motocicletas durante el primer semestre de 2022 a nivel país. Una cifra que representa un aumento de un 75,3% respecto al mismo período de 2021. De las 11 mil fiscalizaciones del primer semestre, se cursaron 4.400 infracciones y se concretó el retiro de circulación de 524 de estos vehículos. Entre las causas del retiro de circulación de motocicletas figuran carecer de permiso de circulación, seguro obligatorio y placa patente, a lo que se agregan conductores sin licencia de conducir.
Solo en la ciudad de Antofagasta, hasta la semana pasada Carabineros reportaba 139 motos retiradas de circulación y enviadas a corrales municipales. "Hoy (ayer) iremos, junto a una representante, al municipio para entregar un oficio redactado. Es una propuesta que llevamos, donde planteamos que exigiremos que cada delivery no deba contar con antecedentes penales, presentando los antecedentes personales apostillados", añade Alviarez.
"También solicitamos se nos permita el derecho al trabajo, por cuestiones humanitaria; porque hoy estamos siendo perseguidos por la justicia chilena como si fuéramos hampones. Entiendo que un 10% está delinquiendo, pero nosotros somos el 90%. Que a todos ellos les caiga el peso de la ley, pero primero el derecho al trabajo", añade Alviarez, quien reconoce que mediante la asesoría de una serie de organizaciones humanitarias y promigrantes evalúan presentar un recurso de amparo en defensa del derecho al trabajo.
Hace unas semanas los repartidores de la ciudad participaron de un autorregistro para identificarse con sus datos personales. El objetivo consistía en presentar estos antecedentes al alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (Ind), con el fin de que pudiese considerarse la posibilidad de permitirles trabajar como lo hicieron durante las cuarentenas. Más tarde desde el municipio informaron la cancelación de una reunión con los repartidores, en que estos pretendían presentar este catastro.
Desde el municipio de Antofagasta comentaron ayer que luego del comunicado sobre la suspensión de este encuentro, "el alcalde no tiene contemplado hasta ahora reunirse con el gremio de delivery".
Asesoría asovenchile
Para Patricia Rojas (41), presidenta de la Asociación Venezolana en el país (AsovenChile), resulta necesario hallar una solución a las dificultades laborales surgidas para los repartidores de la ciudad.
"Durante la pandemia hubo una especie de salvoconducto, y se les permitió ejercer estas actividades y mantuvieron la economía andando. Lo deliverys migrantes, a pesar de estar en situación migratoria irregular, fueron los que estuvieron en la primera línea entregando alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos. Ahora que estamos saliendo, no se da ningún tipo de posible solución para que estas personas sigan ejerciendo una actividad que es lícita a pesar de que se encuentran en una situación irregular".
"Entendemos que hay aspectos que resolver, en primer lugar el tema de las patentes de los vehículos con el que ellos trabajan; y segundo, que no pueden conducir estos vehículos si no tienen una licencia como lo establece la legislación chilena. Sin embargo, se les permitió en algún momento ejercer esta actividad, sin buscar que se fueran regularizando de una manera u otra, y ahora se les quiere quitar la oportunidad de seguir generando medios de vida dignos y sobre todo lícitos (…) Estamos tratando de evaluar alguna posible solución, porque tampoco queremos ponernos en la vereda de solo criticar, sino también de aportar con propuestas que estén dentro de los límites legales de la legislación chilena".
Rojas agrego que "la recomendación que dimos es que se contabilicen. Que tengan todos sus papeles, los que puedan, de identificación, antecedentes penales de Venezuela. Aunque sabemos que eso es complejo, y sobre la base de este empadronamiento ver si se puede generar una especie de salvoconducto o hacer una prueba para verificar que cuentan con capacidades para conducir las motocicletas, y en base a eso darles un especie de permiso mientras cumplan el proceso de regularización migratoria y puedan acceder a otro tipo de documentos", agrega.
"Es una propuesta que llevamos, donde planteamos que exigiremos que cada delivery no deba contar con antecedentes penales, presentando los antecedentes personales apostillados".
Freddy Alviarez, Vocero deliverys migrantes