La ONU dijo anoche que, tras una larga investigación independiente, concluyó que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas, al aplicar políticas que han implicado su detención arbitraria masiva y otros graves abusos.
En un histórica toma de posición frente a China, que fue difundida minutos antes de la medianoche de Ginebra, cuando culminaba el mandato de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, su organismo confirmó que la legislación antiterrorista provocó la "privación de la libertad a gran escala" de esas minorías, al menos entre 2017 y 2019.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros de internamiento -denominados por el Gobierno "centros de educación vocacional"- se han reducido en tamaño y número, pero las detenciones siguen ocurriendo mediante procesos penales que dan lugar al encarcelamiento, sobre todo de uigures.
Para ello, el Gobierno chino sigue utilizando el mismo argumento: la lucha contra el terrorismo y el extremismo, con el que desde hace décadas la política oficial identifica a las minorías musulmanas asentadas en Xinjiang, una de las cinco regiones autónomas de China, de gran extensión territorial y que es su acceso a Asia central.
Bachelet sostiene que considera creíbles las denuncias de que en los centros de internamiento se practicaban torturas, que en algunos casos incluían tratamientos médicos forzados, aunque admite que no puede sacar conclusiones definitivas sobre la amplitud de estos abusos.
Las restricciones
La actitud del Gobierno central hacia los uigures se ha fundamentado en su percepción de que son una amenaza, lo que ha llevado a que se les restrinjan sus libertades y derechos. Entre ellos el derecho a la libertad de religión, de expresión, de movimiento y a la privacidad.
Incluso "hay graves indicios de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación forzada de programas de planificación familiar y de control de nacimientos".
Las políticas de Pekín contra esta y otras minorías -como los kazajos- también incluye la separación de familias y la interrupción de los contactos con otras personas.
Testimonios directos
Pese a las dificultades y a que China no autorizó a los expertos de derechos humanos de la ONU visitar la región para recabar información directamente, la oficina de Bachelet pudo entrevistar a personas que estuvieron detenidas en los centros de internamiento y que explican que su calvario empezó con una detención inicial en una comisaría.
Allí muchos contaron haber sido interrogados antes de ser enviados a los centros de internamiento, sin haber tenido acceso a una defensa legal o modo de oponerse a su traslado.
"Ninguno de los entrevistados dijo que pudo salir de las instalaciones o visitar su hogar", con tiempos de confinamiento que variaban de dos hasta 18 meses. En ningún caso se les informó cuánto tiempo permanecerían en esos lugares, que eran vigilados por personal armado.
Todos fueron advertidos que una vez fuera debían hablar bien del centro y abstenerse de dar información sobre su naturaleza real.
Esto fue posible gracias a que la legislación antiterrorista china es vaga y sus conceptos muy amplios, lo que permite a los funcionarios interpretarla a su discreción, según el informe.
Población afectada
En esta investigación, la ONU no ofrece cifras concretas del número de personas que llegaron a estar en estos campos, pero se ha afirmado que podrían ser un millón los "internados".
No obstante el análisis de distintas fuentes de información -incluyendo de tipo oficial- le permite calcular que entre el 10% y el 20% de la población adulta perteneciente a una minoría étnica residente en varias comarcas y pueblos de Xinjiang pudo estar detenida entre 2017 y 2018.
Las razones para correr tal suerte eran tan amplias como absurdas: tener demasiados hijos, haber nacido en ciertos años, haber estado en la cárcel, usar velo o tener barba, haber pedido un pasaporte y no haber salido del país, haber viajado al extranjero o haberse descargado la aplicación de Whatsapp.
Xinjiang ha sido durante décadas una región china de clara mayoría musulmana aunque el equilibro demográfico se ha modificado en los últimos tiempos con incentivos dados a chinos de la etnia han (mayoritaria) para que se trasladen a vivir allí.
Según un informe de 2021 de Human Rights Watch, el 21% de arrestos registrados en toda China ocurrían en Xinjiang, a pesar de tener menos del 2% de la población nacional.
Como corolario, la oficina de Bachelet pide que se libere a todos los detenidos arbitrariamente en Xinjiang, que se esclarezca el paradero de aquellos que son buscados por sus familias, que se revise la legislación contra el terrorismo en su integridad y que se investiguen los casos de destrucción de mezquitas y cementerios musulmanes.
Tras más de un año trabajando en el informe, la oficina de Bachelet retrasó su publicación hasta anoche tras la invitación que China hizo a la alta comisionada para que visitara el país en mayo pasado, que se concretó en forma restringida.
Pekín acusa a 'fuerzas antichinas' de elaborar informe
La misión de China ante la ONU criticó el informe y consideró que está "basado en desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas antichinas". Agregó que "distorsiona las leyes y políticas de China, calumnia sin motivo e interfiere en asuntos internos". El informe "ignora los logros en derechos humanos conseguidos por gente de todas las etnias en Xinjiang, y el devastador daño causado por el terrorismo y el extremismo", añade la nota oficial de la misión, que habla de "dobles estándares" y del "uso" de los derechos humanos "como un arma para interferir en los asuntos internos" de miembros de la ONU.
