Una de las incógnitas que tiene todo proceso electoral tiene relación con el porcentaje de participación que se verificará. En Chile hace años que la tendencia viene a la baja y se vio acrecentada con la implementación del voto voluntario, pero esta situación podría sufrir un positivo vuelco el próximo domingo cuando se vote por el Apruebo o el Rechazo del nuevo texto constitucional.

Hace algunas semanas a nivel nacional las autoridades del Servel estimaban que se superaría el 50%, pero en la región el pronóstico del mismo servicio es aún más halagüeño y se estima que podría llegar al 80%.

Claramente sería un gran salto en participación ciudadana en una zona que ha mostrado apatía con los procesos electorales.

La importancia del plebiscito de salida y la obligatoriedad de sufragar serían las principales razones de una estimación al alza y de alcanzar niveles insospechados de votantes. Algo que a priori parece complicado pero que de cumplirse representaría un positivo cambio y un ejemplo cívico de los habitantes de esta la Región de Antofagasta.

Si lo ponemos en números, la estimación es que el domingo llegarían a las urnas 384.855 electores (80% del padrón) que serían 151.202 más que los 233.653 del plebiscito de entrada (octubre de 2020). Es decir, habría un crecimiento de un 64% entre ambos procesos, lo que sería del punto de vista participativo un logro impensado.

Si aterrizamos las cifras y el comportamiento del electorado se hace muy complicado sostener la proyección del Servel regional, porque ni siquiera en las estimaciones más auspiciosas en el país se llega a un 60% y ese porcentaje es catalogado de extremadamente bueno.

No obstante, más allá de las probabilidades es muy seguro que habrá un crecimiento -el porcentaje lo analizaremos tras el plebiscito-, porque la ciudadanía ha demostrado que está particularmente interesada en votar y entienden de la importancia de aprobar o rechazar la propuesta.

Lo anterior se demuestra con el éxito de venta del texto constitucional y con la alta sintonía de la franja televisiva. Y si bien, es arriesgado aventurarse a entregar un porcentaje, lo que si se puede anticipar es que el proceso tendrá una histórica participación.

Una temática clave incorporada dentro del texto que será sometido a plebiscito ciudadano está representada por los Sistemas de Justicia. Al efectuar un examen de las normas que involucran esta esfera, y sin pretender tomar una posición a favor o en contra de los contenidos propuestos, los alcances del "Derecho Fundamental" al reconocimiento de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y naciones indígenas, es un asunto que debe ser definido si se quiere lograr alguna certidumbre sobre la posibilidad de una "justicia indígena", capaz de coexistir con el denominado "Sistema Nacional de Justicia".

En este sentido, al examinar diversos modelos del derecho comparado, parece ser que el desafío de establecer sistemas jurisdiccionales propios de los "pueblos y naciones indígenas" (concepto usado reiteradamente por la propuesta de una nueva carta política), capaces de convivir con una jurisdicción nacional, para el caso chileno es una pretensión, a lo menos, compleja.

En efecto, al examinar el tratamiento constitucional de los pueblos originarios en otros ordenamientos jurídicos de América Latina (y sin necesidad de tener que alejarnos a modelos más avanzados a nivel global, como son los casos de Nueva Zelandia y Canadá, entre otros), la situación en países como Colombia, Bolivia y Ecuador determina que las jurisdicciones o "justicias indígenas" son posibles. No obstante, en estos casos, junto con la aplicación simultánea de instrumentos jurídicos internacionales (como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de 1989), hay un factor común cuyo reconocimiento, origen y evolución ha sido esencial en la implementación relativamente exitosa de estas jurisdicciones especiales: la existencia de territorios indígenas.

Sobre este punto, hay que tener en cuenta como, para los modelos mencionados, junto con la consagración de estos territorios en particular (como se observa en el artículo 286 de la Constitución colombiana de 1991 y el artículo 30 de la Constitución boliviana de 2009), se observa un marco histórico con la presencia de comunidades con territorios más o menos definidos, con características sociales y culturales similares, en donde las cartas fundamentales (y los consecuentes estatutos y decisiones jurisprudenciales) han permitido la delimitación y la legitimación definitiva de estos territorios. La claridad en los límites de estos "territorios indígenas" ha facilitado la aplicación en esos espacios de las diversas jurisdicciones, facilitando de paso la coexistencia con la justicia nacional.

Al final, la duda que se plantea es simple: ¿en Chile es posible establecer territorios indígenas claramente delimitados que permitan la aplicación de "jurisdicciones indígenas"? Este es un desafío no imposible, pero, en la praxis, muy complejo.