Un rechazo transversal entre los parlamentarios de la región, generó un proyecto de ley realizado durante el último año de la antigua administración presidencial, y que hoy se discute en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, el cual busca dotar al Ministerio de Bienes Nacionales de facultades exclusivas respecto a la transferencia de títulos de dominio de terrenos de playas fiscales, tanto a personas naturales como jurídicas.

El proyecto que, a juicio de diferentes parlamentarios de la región, permitiría la proliferación de distintos asentamientos y tomas (como la extoma VIP del sector El Huáscar), establece que los títulos de dominio que sean transferidos por Bienes Nacionales, durante el tiempo que se establece en dicha ley (10 años), "estén situados dentro de una faja de tierra de 80 metros de ancho, medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral, que estén situados en la regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama".

Asimismo, consigna que "las personas naturales y jurídicas chilenas que deseen acceder a la transferencia de dominio deberán ingresar una solicitud ante el Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley (...) por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales deberá dar inicio a procesos licitatorios que tengan por objeto la transferencia de dominio dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley".

Para el senador Pedro Araya, el proyecto en cuestión es bastante peligroso. "A mi juicio es un incentivo a las tomas, ya que se establece que Bienes Nacionales podrá disponer del borde costero sin ningún requisito, pueden ser personas que se han tomado irregularmente sitios, o bien puede vendérselos a empresas sin ningún criterio. Podríamos llenar el borde costero de tomas, el proyecto no le coloca ningún límite a Bienes Nacionales, respecto de la transferencia y el dominio de título, cualquier persona puede ingresar una solicitud".

Sobre el punto, el senador Esteban Velásquez, explicó que hay que corregir el proyecto, involucrando a los gobiernos regionales y comunales, en la toma de decisiones, ya que "son ellos quien tiene que participar en la administración de los suelos del territorio en el que estamos viviendo, territorios de las regiones del norte".

Asimismo, fue crítico respecto de la labor y fiscalización que realiza Bienes Nacionales al respecto, considerando el alto número de este tipo de asentamientos y los pocos desalojos que se producen. "Lo que debe hacer Bienes Nacionales, así como hizo con la toma VIP, ya sea en borde costero o a orillas del Río Loa, donde tenemos en pleno oasis, diversas ocupaciones, es ordenar el desalojo y demoler aquellas tomas, que al igual que la toma VIP, no son viviendas de primera necesidad, sino segundas viviendas".

Retiro

La senadora por Antofagasta, Paulina Núñez, y parte de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, explicó que la gran mayoría de los parlamentarios no están de acuerdo con el proyecto y que se pedirá que el gobierno lo retire. "Acá hay un proyecto de ley que efectivamente ingresó el gobierno anterior, y que nosotros no compartimos en la forma como está planteado, pero a propósito de este proyecto ley, lo que hemos hecho es ponerlo en tabla para que se inicie su discusión para que de una u otra forma, empujar al gobierno a que se pronuncie sobre el tema, que para nosotros es poder consolidar el dominio de aquellas personas que durante mucho tiempo, décadas, han pagado arriendos o han pagado concesiones o están de manera irregular, pero con una solicitud ingresada en el Ministerio de Bienes Nacionales".

Acotó que "nadie está de acuerdo con el proyecto así como está, por eso queremos que el gobierno lo retire e ingrese uno que esté focalizado a las primeras cuatro regiones del país, con una perspectiva desde el norte (...) no estamos hablando de licitar paños para hoteles, y menos para personas que puedan llegar a estos lugares y se termine incentivando una toma de terrenos porque total se les va a regularizar igual el día de mañana, no, estamos hablando de personas que ya llevan un tiempo importante, décadas, y que después de haber pagado por tanto tiempo arriendos y concesiones, se les pueda reconocer por ley, se les pueda abrir por ley la posibilidad de consolidar su dominio".

Sobre el punto, la diputada del PDG, Yovana Ahumada, explicó que "este proyecto pudo haber tenido una buena intención, pero lamentablemente no está debidamente limitado, para evitar que personas, que hacen las cosas con mala intención, como lo que pasó con la toma VIP y pasa en otras tomas que incluso están emplazadas en área protegidas. Hoy tenemos comunidades indígenas, como los Changos que utilizan estas costas y de aprobarse este proyecto como está, podría suceder que le estemos dando cabida a aprovechadores que pasen a llevar a estas comunidades", dijo.

Agregó que es bueno que estas iniciativas se discutan, ya que "durante mucho tiempo se legisló de manera unilateral, sin tomar en consideración a las personas afectadas e involucradas, resultando en que se presenten este tipo de proyectos de ley que terminan afectando el entorno".