Aprendizajes de un juicio ejemplificador
La condena recibida para el exfuncionario público obliga a una revisión acerca del modo en cómo las fuerzas políticas copan puestos claves del aparato estatal. El Estado en debe encontrar un mejor método para que quienes, legítimamente, detenten una militancia puedan incorporarse a la función pública en puestos de segunda y tercera línea.
Cuesta encontrar en la historia reciente de la Región un caso judicial que haya dañado tan profundamente la actividad pública. La detención de un funcionario que se desempeñaba en la Subsecretaría de Prevención del Delito con un cargamento de casi 30 kilos de drogas no solo provocó un sismo en la administración regional anterior, sino además, agregó un sinfín de cuestionamientos por parte de la ciudadanía a quienes laboran en el sistema público de la región.
Hay que subrayar que el caso, no constituye en ninguna forma, un ejemplo de lo que acontece al interior de la administración del Estado. Solo en Antofagasta hay más de 5.000 personas y familias vinculadas a labores públicas que cumplen sus funciones con estricto apego a la normativa, y en especial, a la probidad con que el Estado de Chile suele administrar los recursos de todos.
El caso del condenado a 13 años de cárcel, sin embargo, debería ser el punto de partida de una profunda reflexión para quienes se encuentran en posiciones de decisión dentro del aparato estatal. Vale decir que el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por profesionalizar sus plantas a través del fortalecimiento de la función de la agencia de Alta Dirección Pública (ADP), no obstante, casos como el de Antofagasta revela una gran zona gris, que aún existe, en el modo de reclutamiento de personas vinculadas a partidos políticos y que ingresan a la administración pública, sin antecedentes, ni conocimientos competentes para cumplir funciones que, si bien no son de primera línea, resultan claves a la hora de resguardar la confianza en la acción estatal.
El Estado en debe encontrar un mejor método para que quienes, legítimamente, detenten una militancia puedan incorporarse a la función pública en puestos de segunda o tercera línea, priorizando la idoneidad para el cargo, más que la cercanía inconsulta a cualquier fuerza política. Más que apuntar a la construcción de un Estado aséptico, los distintos actores políticos deberían subrayar, a la hora de proponer, que los adherentes de sus agrupaciones cumplan con las credenciales que les ameriten el ingreso a determinados cargos. La lealtad a una figura o a un partido no puede ser el único criterio para acceder a cargos claves. El caso del reciente condenado muestra que un desempeño retorcido puede dañar profundamente la confianza que los ciudadanos mantienen en sus instituciones.